Lineamientos para la negociación colectiva: ¿poco, poquito o nada?

A fines de junio vence la mayor parte de las resoluciones adoptadas en el marco de los Consejos de Salarios (CS), las que abarcan a aproximadamente 75% de los asalariados de la actividad privada.

La mayor parte de estas resoluciones se adoptó en el marco de la Octava Ronda de CS, hace aproximadamente un año, y en línea con la propuesta gubernamental de ese momento. Para quienes no están tan empapados en el mundo de la negociación, en cada una de las “rondas” se discuten y acuerdan –al menos la mayoría de las veces– los convenios colectivos que regirán para cada uno de los sectores de actividad. Dichas resoluciones marcan desde la duración del convenio hasta la periodicidad y el monto de los ajustes, o los indicadores para ajustar salarios. También contienen aspectos vinculados al uso de la licencia y otros derechos sindicales; la regulación de beneficios; licencias especiales; condiciones de trabajo e incluso cuestiones que hacen a la organización del trabajo y la formación profesional.

Las unidades en las que se negocia no son sectores de actividad económica tan grandes como se podría pensar a priori, salvo algunas excepciones, ya que en el sector privado existen aproximadamente 240 unidades de negociación. Las resoluciones adoptadas en estos espacios deben ser cumplidas por todas las empresas y trabajadores del sector, estén o no afiliadas a sus respectivas cámaras empresariales o sindicatos. De esta manera, lo que se define en estos ámbitos en materia de ajustes salariales tiene un peso fuerte en la evolución del salario real o poder de compra del salario.

Las rondas de negociación colectiva comenzaron a contarse (y así está organizado en la propia página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS) a partir de la convocatoria de julio de 2005, que es considerada la Primera Ronda de Negociación Colectiva. Aunque la negociación estaba institucionalizada por ley en nuestro país desde principios de la década de 1940, tras dos períodos en los que fue interrumpida, la convocatoria de 2005 abarcó por primera vez en la historia a todos los trabajadores dependientes del sector privado, que es a quienes me refiero en esta nota. A partir de 2005 se convocó por primera vez a las trabajadoras domésticas y a los asalariados rurales,¹ dos sectores históricamente relegados de este derecho.

En general la negociación –al menos en lo que atañe a los plazos de los convenios, la determinación de los ajustes salariales y su periodicidad– se ciñe bastante a lo que proponen los lineamientos gubernamentales. Esto se explica por la sencilla razón de que estos ofician de señal sobre la posición que adoptará el Ejecutivo en la negociación, lo que condiciona que el debate gire en torno a esos términos. De esta manera, así como los acuerdos que se alcanzan en el marco de la negociación condicionan la evolución del salario real, por la vía de los lineamientos, la política salarial llevada adelante por el gobierno determina en buena medida lo que pasa con la evolución del salario.

La propuesta de la octava ronda

Hace casi un año, a mediados de 2020, venció la mayor parte de los convenios acordados en 2018. La emergencia sanitaria que atravesaba el país en ese momento condujo a la convocatoria de una ronda muy particular, en la que prácticamente no hubo apertura de unidades de negociación y las resoluciones se tomaron a nivel de “grupos madre”. Además, estas básicamente estipularon la continuidad de los beneficios y cláusulas que ya tenían acordados los subgrupos de negociación, excepto en lo referido a los ajustes salariales. Esto constituiría una ronda “puente”, de tan sólo un año de duración.

La propuesta gubernamental era que los convenios comenzaran con un ajuste de 0%, incluyeran un ajuste general de 3% a mitad del convenio² (o a los nueve meses de iniciado, dependiendo de la evolución del empleo en el sector) y fijaran un correctivo final que a la diferencia entre la inflación del año y el 3% otorgado –forma en que operaban los correctivos hasta el momento– le restara, además, la caída de la economía verificada en 2020.

En el momento en que se presentaron los lineamientos no estaba claro cuánto caería la economía durante 2020 y el gobierno estimaba 3,5% de retracción. Aunque el casi 6% de caída que terminó teniendo la economía no es estrictamente comparable con el 3,5% estimado,³ nadie cuestiona que la caída de la economía se ubica “con luz” por encima de 3,5%.⁴ Más allá de que la caída de la economía made in la vieja metodología nunca fue publicada oficialmente, el anuncio del ministro de Trabajo de que no se tendría en cuenta un correctivo negativo dejó en claro que este porcentaje fue de al menos 4%.

Es que para el período julio de 2020-junio de 2021 se estima una inflación del entorno de 7%, a la que, si descontamos el ajuste de 3% otorgado, se le debe quitar una caída de la economía de al menos 4% para pensar en un correctivo negativo. Teniendo en cuenta estos datos, este 4% constituiría la pérdida media de poder de compra de los asalariados con resoluciones adoptadas durante la ronda puente y de vigencia julio de 2020-junio de 2021.

Las dudas frente a una nueva propuesta

En estos días vence la mayor parte de las resoluciones adoptadas en la ronda puente. De hecho, las resoluciones de unos pocos subgrupos ya vencieron en el correr del año y todavía no hay indicios de los lineamientos para la próxima ronda. Aunque si miramos los números que dan cuenta de la situación sanitaria, hoy estamos peor que hace un año, para todos los actores parece claro que es preciso abrir la negociación efectivamente, a nivel de mesas (unidad mínima de negociación), y, en la medida de lo posible, hacerlo de manera presencial.

No está claro cuál es la postura que adoptará el gobierno en esta oportunidad. En la ronda pasada su posición fue contraria a los intereses de los trabajadores, quienes además de haberse visto fuertemente sacudidos por la caída en el empleo, en las horas trabajadas y por la extensión en el tiempo del seguro de desempleo, tuvieron que afrontar una caída importante en sus ingresos salariales.

En julio pasado, si bien los convenios comenzaron con un ajuste de 0%, la mayoría de los trabajadores igualmente percibieron un incremento, producto de las negociaciones de la ronda anterior. En la mayoría de los casos se trató de los correctivos finales de la séptima ronda y en otros –los convenios de mayor duración– de ajustes acordados en el marco de esa misma ronda. Sin embargo, comenzar una nueva ronda con un ajuste de 0%, tras un correctivo de también 0%, sería un duro golpe para los asalariados y agudizaría la caída del salario real registrada hasta el momento.

Existe el compromiso del gobierno de que el salario real comience a recuperar la pérdida sufrida en la ronda puente (del entorno de 4%) a partir de enero de 2022. Para esto es preciso que el salario real deje de caer a partir del comienzo de la nueva ronda, e independientemente del indicador que se utilice, para que esto suceda, el salario debe acompañar la evolución de los precios al consumo.

Los empresarios siguen poniendo arriba de la mesa las dificultades que tienen algunas empresas para sobrevivir en este contexto y, una vez más, alegan el golpe que los aumentos salariales podrían suponer para el empleo. Si bien el gobierno sostiene que la recuperación del empleo es inminente, en el marco de la negociación también sigue esgrimiendo las dificultades existentes en este plano como argumento en contraposición a los ajustes salariales.

¿Por qué se deberían ajustar los salarios en este contexto?

Hay argumentos económicos y sociales para defender los ajustes salariales en este contexto. Ajustes que al menos deben acompañar la suba de los precios al consumo, de modo que el salario real deje de caer. Creo que incluso si esto representa un mayor costo para el Estado, este debe invertir en detener la caída del salario real, a la vez que debe promover la rápida recuperación de lo perdido.

En primer término, como es sabido, los ingresos por el trabajo asalariado son un componente central de los ingresos totales de los hogares, por lo que los incrementos en los primeros tienen un peso relevante en la recomposición de los segundos, los que se redujeron 7,7% en términos reales en 2020 respecto de su nivel medio de 2019. A esta caída no solamente contribuyó la caída del salario real medio (1,7%) sino también la de otras fuentes de ingresos y, además, del empleo, las horas trabajadas, subsidios que no cubren 100% de los ingresos, entre otros. Revertir la caída del ingreso real de los hogares es central para apuntalar la demanda interna y por esta vía acelerar la salida de la crisis. De esta manera, los ajustes salariales no solamente tienen efecto sobre la calidad de vida de los trabajadores individuales, sino que generan efectos agregados y positivos sobre la economía a partir del consumo interno. Además, el incremento medio de salarios se traslada a jubilaciones y pasividades, aumentando las posibilidades de consumo de los hogares uruguayos.

En segundo lugar, el incremento de los ingresos salariales se amplifica hacia otros sectores de la economía más allá de los asalariados que los perciben, como son las pequeñas empresas que viven del mercado interno, los almacenes de barrio y otros sectores de la economía que venden únicamente en el mercado interno y por ende se ven más afectados por las oscilaciones de este.

Finalmente, me parece importante poner énfasis en los niveles salariales. En el correr de la ronda puente, el poder de compra del salario caerá aproximadamente 4% y en 2020 el salario medio real ya cayó 1,7% respecto de su nivel de 2019. Si bien en los últimos años el salario real creció de manera importante y persistente, todavía para muchos trabajadores esto significaba percibir salarios muy bajos. En el promedio de 2020, uno de cada cinco asalariados (20%) percibía en promedio un salario líquido inferior a los 20.000 pesos al mes. Algunos de estos trabajadores seguramente perdieron su empleo; otros se encuentran cobrando el subsidio por desempleo que cubre solamente una parte de sus ingresos corrientes; y otros siguen trabajando, pero percibiendo un ingreso real más bajo que el del año anterior. Posiblemente esto explica en cierta medida el importante incremento en la pobreza que se verificó el año pasado. Por tanto, defender el salario real implica también evitar un mayor deterioro de los principales indicadores sociales y el retroceso de varios casilleros en materia de pobreza en los próximos años.

Pero, ¿esto es posible?

En el contexto económico y social que atravesamos, es válido preguntarse si los ajustes salariales son posibles o si en definitiva representarán un nuevo golpe para las empresas, particularmente las pertenecientes a los sectores más afectados por la crisis. Y que finalmente se termine con un efecto contrario al deseado en la medida en que por la vía del cierre de más empresas se terminen perdiendo puestos de trabajo.

Sin duda, pueden existir siempre situaciones como estas, y más en el marco de la crisis que estamos atravesando, pero desde mi punto de vista ahí es donde debe estar el Estado: apoyando más fuertemente a las empresas que efectivamente lo necesitan, de modo que la variable de ajuste para que puedan sobrevivir a la crisis no sea la rebaja del salario real. Porque en definitiva no creo que esta crisis nos esté poniendo ante una contradicción entre empleo y salario, sino que, por el contrario, ambos deben ser apuntalados de manera importante por el Estado para lograr una salida más rápida y menos injusta, en la que, por la vía del consumo interno, se apueste también al sostén de las empresas y el empleo.

Reflexiones finales

Por último, me parece importante señalar que en conjunto los asalariados formales han sido uno de los sectores que menos duramente se han visto afectados por la crisis. Si bien es cierto que muchos trabajadores han perdido su empleo y el salario real se contrajo en el último año, cayendo el poder de compra de una cantidad de trabajadores que ya percibían muy poco, para otros colectivos de ocupados las consecuencias fueron más negativas.

Los trabajadores informales, unos 400.000 previo a la crisis, fueron quienes más se vieron afectados por la pérdida de puestos de trabajo, sin contar con protección alguna ante el desempleo o la caída del volumen de ingresos. Algo similar sucedió en el caso de los trabajadores sin relación de dependencia, que no contaban con el paraguas del seguro de desempleo aun trabajando en la formalidad. Los distintos sectores vinculados a la cultura son un claro ejemplo de la falta de políticas públicas, tanto en lo que hace a lo sectorial como al necesario apoyo a sus integrantes.

Sin duda, para todos estos sectores la carencia de políticas y medidas relevantes ha sido mucho más notoria. No obstante, esto no debe inhibirnos de reclamar ajustes de salarios y recuperación de lo perdido, a la vez que reafirmamos la necesidad de implementar un ingreso básico de emergencia para contribuir a la salida de una crisis y evitar mayores secuelas sociales.

Alejandra Picco es economista, coordinadora del Equipo de Investigación Económica del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. La autora agradece los comentarios de Bruno Giometti.