Mentir sin miedo

Hace poco más de una semana, en su habitual columna de opinión en El Correo de los Viernes, el expresidente Julio María Sanguinetti arremetía contra la campaña para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y afirmaba que, dado el altísimo número de firmas presentado a la Corte Electoral, lo más conveniente iba a ser asumir que habrá referéndum y, por lo tanto, prepararse para “actuar en consecuencia”. Y sin más trámite admitía que la LUC “es una suerte de programa de gobierno” que ha venido “dando resultados” que “sería nefasto revertir”. Por supuesto, a la hora de repasar esos resultados el primero es el de la “seguridad ciudadana”. En ese terreno, decía el secretario general del Ejecutivo colorado, “no hemos caído en ninguna situación autoritaria como se anunciaba” y, en cambio, la población está más satisfecha porque hay “más patrullajes, más prevención y una persecución al narcotráfico que se había adueñado del país”. Sobre la persecución al narcotráfico, que el doctor Sanguinetti dice que ahora hay y antes, podríamos suponer, no había, no vale la pena insistir. Baste mencionar que hay autocultivadores registrados que están presos porque sus plantas de marihuana dieron más flores de lo esperado, y en cambio se han detectado en Europa cargamentos de droga que pasaron por el puerto de Montevideo sin que ningún radar se encendiera. Nadie que use las palabras con honestidad puede hablar de “narcotráfico” para el caso de un cultivo personal que supera los límites autorizados, aunque es la palabra precisa para calificar el traslado de cargamentos de droga de un país a otro. Hay persecución, entonces, pero no es al narcotráfico que se persigue.

Esa falacia, sin embargo, palidece frente a la afirmación de que “no hemos caído en ninguna situación autoritaria”. Hace ya casi un año que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo daba a conocer su informe sobre un caso de actuación ilegítima del Estado y violaciones de derechos humanos durante un procedimiento policial realizado el 11, 12 y 13 de abril de 2020 en el barrio La Bombonera, en Malvín Norte. A ese pronunciamiento de la institución siguieron otros similares a lo largo de todo este período, siempre por situaciones de abuso en el ejercicio de la autoridad. Circularon videos, hubo efectivos policiales que debieron responder ante la Justicia, hubo procesamientos y el tema ha estado en la prensa. Y menos de una semana después de que el doctor Sanguinetti publicara su columna, el semanario Búsqueda daba a conocer una denuncia efectuada por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay ante la Suprema Corte de Justicia.

En el documento, los abogados defensores manifiestan su preocupación por lo que describen como “un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales”. Se mencionan allanamientos sin orden judicial que se disfrazan de inspecciones voluntarias, violencia física y humillación pública de las personas en el contexto de los procedimientos, uso desmedido de la fuerza en presencia de niños, daños materiales en los hogares, amedrentamiento y manipulación en dependencias policiales y hasta prácticas de tortura lisa y llana, como el tristemente célebre submarino seco (el ahogamiento por uso de una bolsa en la cabeza durante el interrogatorio). La nota de Victoria Fernández en el semanario repasa casos específicos de violencia que incluyen heridas irreversibles y comportamientos traumatizantes como, por ejemplo, los traslados dentro del baúl de los patrulleros. Los defensores advierten de que cuentan con pocos recursos materiales para hacer su trabajo, dicen que es “generalizado el hecho de que los imputados no son examinados” por los médicos de guardia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y aseguran que la coacción que se ejerce sobre los detenidos hace que ellos mismos acaben por inculparse con tal de terminar con ese infierno cuanto antes. Y claro, establecen una relación directa entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la LUC.

En el mismo sentido, observan que “en el último año se ha detectado un aumento en el uso abusivo de los controles de identidad a las personas de bajos recursos que muchas veces se encuentran en la calle revisando, por ejemplo, volquetas en busca de comida”. Si a esa práctica abusiva del control de identidad se suma el nuevo delito de “agravio a la autoridad policial” el cóctel autoritario está pronto.

Pero volvamos a la columna del doctor Sanguinetti. Después de afirmar sin ruborizarse que no hemos padecido desbordes autoritarios y que estamos persiguiendo al narcotráfico, el expresidente lanza una serie de preguntas que bien merecerían respuesta. “¿Está mal que se castigue, con prudencia como ha ocurrido, la resistencia al arresto?”. Sí, doctor: está mal, y no ha habido ninguna “prudencia” en el uso de esa herramienta ya de por sí turbia. “¿No es sano y lógico presumir que [...] el policía actúa conforme a la ley y no seguir, como pasaba, que el agente que disparó era tan sospechoso como el delincuente?”. No, doctor, no es ni sano ni lógico. Recordemos los disparos a la cabeza de un joven que huía en moto luego de haber carneado una oveja. O las balas de goma en las piernas de una vecina en un barrio montevideano. “¿No es legítima defensa que el modesto comerciante de barrio [...] se defienda del asalto a su negocio para robarle el fruto de su trabajo?”. Una vez más, no, doctor. El fruto del trabajo de una persona no vale la vida de otra, aunque la primera sea honesta y la segunda no. Son preguntas huecas dirigidas a una ciudadanía atemorizada y deseosa de pensar que no tiene nada que temer porque no anda en cosas raras. Son interpelaciones a lo peor de nosotros: al miedo, al egoísmo y a la indiferencia.

Podríamos pensar que el alegato del doctor Sanguinetti es demagógico y tendencioso pero que, en última instancia, no miente. Que, sencillamente, defiende con argucias retóricas una posición autoritaria y retrógrada que todos sabemos que sostiene desde hace años. Que es honesto en su desarrollo de los argumentos, aunque podamos discrepar con él. Pero entonces llegamos al final de la columna: “Ninguna de las tragedias anunciadas han ocurrido [sic]. Por el contrario, los ciudadanos pudieron usar su portabilidad numérica en el celular. Y los consumidores sabemos que el precio del combustible se compara con el internacional”. No sé qué pensarán los consumidores de esa maravilla de que el precio del combustible se compare con el internacional a costa de tener que soportar aumentos constantes en las tarifas, pero sí sé una cosa: la portabilidad numérica está suspendida hasta nuevo aviso porque la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación decidió “prorrogar la fecha de apertura de la propuesta económica Sobre S4”. Y eso quiere decir que todavía no se sabe quién va a estar a cargo de la base de datos que permitirá, efectivamente, que los usuarios de telefonía celular migren de una empresa a otra sin perder su número. Y no, no hay portabilidad sin base de datos. No, doctor, una vez más: los ciudadanos no pudieron usar la famosa portabilidad numérica y no se sabe cuándo ni cómo se va a empezar a trabajar en eso. Si su afirmación, entonces, no es un error, sólo cabe pensar que es una mentira.