En estas últimas semanas y particularmente en las etapas más álgidas de la pandemia por covid-19, los términos “muertes evitables” y “exceso de mortalidad” han tenido amplia presencia mediática. Para comenzar, es bueno recordar que ambos son términos técnicos que refieren a indicadores de salud pública de gran utilidad en la evaluación de políticas sanitarias y de sus resultados, particularmente en situaciones de excepcionalidad como la pandemia de covid-19. Las muertes evitables se definen como “aquellos fallecimientos causados por un evento o enfermedad que podrían no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada, o con medidas de salud pública”.1 El exceso de mortalidad es “el número notificado de muertes menos el número esperado de muertes durante este período”, como lo define el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su Informe preliminar de vigilancia de mortalidad por todas las causas. Enero-junio 2015-2020.2 Es decir, cuántas personas más murieron en comparación con un período previo similar. Continúa el informe: “La vigilancia de la mortalidad por todas las causas y la comparación de las muertes observadas con los valores esperados es una estrategia que tiene cada vez más aplicaciones en todo el mundo. El exceso de mortalidad se ha usado en el seguimiento de la repercusión de las epidemias de gripe, las olas de calor, otros eventos con impacto sobre la salud de la población y, en la actualidad, con la pandemia de covid-19. La vigilancia del exceso de mortalidad por todas las causas es una manera fiable y exhaustiva de medir el impacto general de la mortalidad por covid- 19, permite a las autoridades nacionales evaluar mejor la carga de la covid-19 sin depender de manera exclusiva de las pruebas moleculares”.
Lamentablemente, estos valiosos conceptos técnicos han sido vaciados de contenido y descalificados, víctimas de la disputa política del manejo de la pandemia. Descalificados y vaciados de contenido desde las máximas autoridades de gobierno, y particularmente por parte de quienes no tienen excusa de desconocer su significado. Están aún frescas en la memoria las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, cuando consultado sobre las muertes evitables, respondió: “Yo hablaría de casos evitables. Hasta ahí llego a dar la discusión”. Ante la insistencia de los periodistas continuó: “No me tiren la lengua, porque para hablar tengo, pero no es mi rol ni mi función. Yo soy el presidente de todos los uruguayos, aun de aquellos uruguayos que se dedican a caranchear, como dicen en campaña” (la diaria, 11 de junio de 2021). El presidente es abogado y no médico, pero eso no lo exime de desconocer una máxima de la medicina y de la propia vida que dice que “es mejor prevenir que curar”. Obviamente, la primera manera de evitar las muertes es evitar los enfermos. Pero cuando las personas enferman, hay otras medidas que tomar para evitar que mueran. Por respeto a los lectores dejo de lado los comentarios que merece el mencionado “carancheo”.
En varias oportunidades se acusó a los colectivos médicos, a los expertos y a la oposición de politizar la pandemia por dar una opinión diferente a la del gobierno, pero el gobierno, en una curiosa voltereta argumental, politiza la ciencia y hasta la reinventa. En este sentido, vale citar como ejemplo al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien acuñó el término “muertes evitadas” (?) como un logro de la política sanitaria oficial.
Pero el centro de esta reflexión está en el otro indicador sanitario: el exceso de mortalidad. Como lo describe el propio ministerio de Salud Pública, es una manera fiable y exhaustiva de medir el impacto general de la mortalidad por determinadas causas en la población general. De esta manera es posible cuantificar no sólo el peso extra de una determinada afección en la mortalidad global, sino también los eventuales aumentos o descensos en la mortalidad por otras causas. Por ejemplo, en el curso de la pandemia puede observarse una disminución de las muertes violentes como consecuencia de la reducción de la movilidad, o por el contrario, puede ocurrir un aumento de muertes cardiovasculares u oncológicas, o por enfermedades quirúrgicas no urgentes, debido a la concentración de los esfuerzos y los recursos del sistema sanitario en la lucha contra la pandemia. La condición sine qua non para que el indicador exceso de mortalidad cumpla su rol es que la información esté disponible en tiempo real, mes a mes o incluso semana a semana, durante el período de excepción. De esta manera, se puede conocer la evolución de estos indicadores, así como el resultado de las medidas que se tomen.
Lamentablemente, los valiosos conceptos técnicos de “muertes evitables” y “exceso de mortalidad” han sido vaciados de contenido y descalificados, víctimas de la disputa política del manejo de la pandemia.
Ante la ausencia de información oficial sobre esta métrica sanitaria proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, los senadores del Frente Amplio Daniel Olesker y Sandra Lazo, miembros de la Comisión de Salud de la cámara alta, elevaron un pedido de información al MSP el 20 de mayo de 2021 que fue contestado el 13 de julio de 2021 y que dice textualmente: “Toda la información referente a defunciones en posesión de esta cartera ministerial es publicada y puede ser consultada en la siguiente página web https://uins.msp.gub.uy/, donde los interesados cuentan con diversas tablas y un procesador online en función de múltiples variables”. También indica “que la información solicitada sobre mortalidad 2020 estará disponible, como todos los años, a partir de julio 2021. La información definitiva correspondiente al año 2021 aún no está disponible, en la medida que el Ministerio de Salud Pública la sistematiza a año cerrado, recibiendo información hasta marzo del año siguiente. A partir de allí comienza un proceso de depuración, que culmina a mediados de año”. Resulta incomprensible que un indicador sanitario de esta relevancia, cuya utilidad en el manejo de una pandemia está dada por la disponibilidad de los datos en tiempo real, como fue dicho, se procese a año cerrado y esté disponible tres meses después por razones burocráticas, cual si fuera un balance comercial.
Pero lamentablemente esta historia no termina allí. El pasado domingo 25 de julio, el diario El País publicó una nota titulada “El COVID-19 fue la principal causa de muerte en el semestre: representó el 22,4% de los fallecimientos”. ¿Y adivine el lector cuál es el contenido de esta nota? Una detallada información sobre mortalidad global entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021. Sí, leyó bien, 2021. Precisamente la información solicitada formalmente por los parlamentarios citados. Datos con los cuales el periodista elaboró una detallada nota con información global y desagregada de causas de muerte: covid-19, enfermedades del sistema circulatorio, tumores, enfermedades del sistema respiratorio y no clasificado, ilustrada con una gráfica de barras que compara los datos mes a mes entre 2015 y 2021. La minuciosa revisión del sitio web del MSP (que fue la fuente de la información según el autor de la nota) no registra ninguna información más allá del año 2020.
Las preguntas que surgen son obvias, y quien debe responderlas, también. Por respeto a las instituciones del Estado y por la salud de nuestro sistema de convivencia, las respuestas no deben hacerse esperar.
Raúl Lombardi es médico.
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Rutstein, DD, Berenberg, W, Chalmers, TC, Child, CG 3rd, Fishman, AP, Perrin, EB (1976). “Measuring the quality of medical care. A clinical method”. The New England Journal of Medicine. 294(11): 582–8. ↩
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www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/vigilancia-mortalidad-todas-causas ↩