La situación del Inisa a un año de gestión

A inicios de agosto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, a los efectos de efectuar la Rendición de Cuentas de 2020. Este organismo tiene como cometido esencial desarrollar medidas socioeducativas para las y los adolescentes en conflicto con la ley cuando el Poder Judicial les ha dispuesto medidas privativas y no privativas de libertad, permitiendo su reinserción social.

En 2020 el presupuesto del Inisa se vio recortado en más de 20% (en el caso del presupuesto para infraestructura, en 80%). A su vez, el contexto de pandemia, la ley de urgente consideración (LUC) y el cambio de autoridades arrastró situaciones complejas para las y los adolescentes privados de libertad.

Las horas de encierro se intensificaron en centros con poco personal en comparación con 2019, sumado a la falta de clases de secundaria, de talleres y actividades. En centros de Colonia Berro las horas de encierro llegan a 20 horas por día. También disminuyeron las horas de medidas socioeducativas desarrolladas en los centros de privación de libertad comparando con 2019; conforme los datos del Observatorio del Inisa, hay centros donde las actividades socioeducativas representan de 0,4 a una hora diaria.

A su vez, existen varios convenios suscriptos con otros organismos en el período pasado para el otorgamiento de pasantías y becas laborales para las y los jóvenes que no están funcionando y los organismos no completan los cupos que deberían asignarles a los jóvenes de Inisa para la primera experiencia laboral.

Por su parte, la LUC ha derogado la suspensión condicional del proceso y ha dispuesto el proceso abreviado, por lo cual los adolescentes pasan por un proceso muy rápido y son internados en el Inisa, sin poder realizarse por parte de la institución un estudio de las condiciones socioeducativas y económicas de las y los jóvenes y sus familias, con lo cual ingresan a la privación de libertad sin poder realizar un trabajo en profundidad para lograr una reinserción social efectiva.

A su vez, existen casos de jóvenes sentenciados con más de cinco años de privación de libertad, dado el aumento de las penas máximas que realizó la LUC, lo cual es nefasto para el desarrollo de las adolescencias, que deben pasar toda su juventud privados de libertad. Está comprobado por diversas investigaciones nacionales que la internación en instituciones trae más violencia, menos reinserción social y mayor reincidencia. O sea, no es efectiva para abordar y trabajar con las adolescencias en conflicto con la ley.

Además, a raíz del recorte presupuestal operado en 2020, la institución no puede cubrir los gastos de alimentación, como tampoco productos de limpieza y vestimenta. Por ello el organismo tiene un déficit anual de 60 millones de pesos. A su vez, la Organización Mundial contra la Tortura ha observado en varios informes de 2020 la mala calidad de la alimentación respecto de años anteriores, la falta de frutas y la existencia de “ranchos”, guisos ensopados.

También existe un déficit en recursos humanos. Según un estudio exhaustivo realizado por nuestro equipo, se necesitarían 40 educadores más, 20 talleristas y 20 asistentes sociales, a los efectos de disminuir el encierro y sumar mayor volumen de actividades socioeducativas.

Sin embargo, el directorio no aprobó nuestro requerimiento de más personal y presupuesto para dignificar la privación de libertad de los y las adolescentes.

Por su parte, el organismo tampoco está dando cumplimiento a su cometido nacional, y es por intermedio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se encuentra atendiendo las medidas no privativas en el interior del país, mediante equipos interdisciplinarios que comparte con el Inisa. Por ello nuestro equipo presentó una propuesta para instalar cinco equipos que atiendan este tipo de medidas en el interior, en los departamentos de Soriano, Lavalleja, Maldonado, Cerro Largo y Paysandú, para lo cual se necesitan 30 millones de pesos.

Las medidas no privativas de libertad vienen en aumento; el Poder Judicial y la Fiscalía están apostando a estas medidas. En 2020, de 998 adolescentes atendidos, 483 fueron con medidas no privativas de libertad. Ellas son el acompañamiento de las y los adolescentes en la educación formal y su inserción en programas institucionales y en comunidad. Estas medidas son más efectivas que las privativas, ya que determinan mayor reinserción social, menor reincidencia, menor grado de violencia y los adolescentes comprenden su responsabilidad, continúan por trayectorias más sanas, realizan trabajos comunitarios o de restitución a la víctima. Son también políticas públicas más económicas que las privativas de libertad.

Este aumento de las medidas no privativas se da en un contexto de normas altamente punitivas como la LUC, pero responden a un trabajo interinstitucional (Poder Judicial y Fiscalía) para su desarrollo realizado en el período pasado junto a las organizaciones sociales que tienen convenio con el Inisa, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU y Unicef, donde se generó un modelo que exige un equipo interdisciplinario y un procedimiento. Esta fue una de las propuestas que dejamos en el Parlamento a los efectos de que pueda ser discutida por los y las parlamentarias.

Otras de las propuestas es contar con un fondo para el egreso, para la compra de herramientas, materiales o cursos para favorecer la reinserción social. Antes el Inisa contaba con un fondo en el presupuesto del INAU para estos cometidos, que ya no está disponible debido a la división de los organismos.

Por último, se solicitó que el tratamiento de los adolescentes con problemáticas agudas de salud mental sea atendido bajo la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ya que actualmente, cuando es necesaria una internación médica, el Inisa debe recurrir a contratar una clínica privada. La salud mental es una dimensión que debe ser abordada en profundidad y con funcionarios especializados. Muchos de los y las adolescentes atendidas en el Inisa tienen problemas de salud mental o consumo problemático, debido a sus trayectorias vitales castigadas, y es necesario implementar la ley de salud mental aprobada en el período pasado.

Andrea Venosa es directora del Inisa.