Falta tiempo para enumerar todos los cambios negativos que se vienen implementando desde que comenzó el actual gobierno. Literalmente, son tantos los retrocesos en derechos económicos, sociales y culturales, que cuesta estar actualizado aun dedicando muchas horas a ello.

De entre tantas decisiones infelices que se vienen procesando con la aprobación de la Rendición de Cuentas de este año, me voy a referir aquí a tan sólo un artículo. Este artículo cambia la dependencia institucional del Equipo Especializado en Graves Violaciones de los Derechos Humanos, sacándolo de la órbita de la Dirección de Asuntos Internos para pasarlo a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Para entender la naturaleza e inconveniencia de este cambio es necesario dar un poco de contexto. Este equipo especializado se creó en 2013 por resolución del Ministerio del Interior y fue promovido por organizaciones de lucha por memoria, verdad y justicia sobre el pasado reciente, y también contó con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Su creación estuvo motivada, entre otros hechos, por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay de 2011, que entre otras cosas condenó al Estado a dar impulso a la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado.

Puede ser ocioso aclararlo, pero que esta unidad haya dependido en principio de Asuntos Internos puede justificarse simplemente en que su función es investigar a las propias filas de la Policía, y esta ubicación en el organigrama le proporcionaba mayor independencia del resto del ministerio.

Ahora este equipo pasa a depender de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la que está integrada por las direcciones generales de Información e Inteligencia Policial (DIIP) y de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (conocida popularmente como “narcóticos”), entre otras dependencias. Nos gusta pensar que esas divisiones policiales ya nada tienen que ver con aquellas lideradas por el inspector Víctor Castiglioni y con Campos Hermida, aquellas que tuvieron el rol más importante de la represión de la Policía Nacional durante el terrorismo de Estado y la actuación ilegítima del Estado desde 1968. Pero, lamentablemente, existen indicios de que no es así.

Por ejemplo, en octubre de 2011 un grupo de personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes y militantes sociales, se organizó para hacer denuncias ciudadanas de crímenes de lesa humanidad y concurrir a comisarías a plantear esos hechos. Hablamos de más de 150 denuncias. Todas esas personas denunciantes, todas, sin excepción, fueron investigadas e interrogadas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía antes de que sus denuncias fueran derivadas a los juzgados.

Tengo algunas actas en mi poder de esas investigaciones, en las que consta que, citados en dependencias policiales, se les preguntaba, además de todos los datos personales, los motivos de la denuncia, la vinculación a organizaciones e incluso en algún caso se llegó a mostrar a estos estudiantes algunos antecedentes policiales de riñas o episodios de cuando eran menores de edad.

Podemos suponer que existe el riesgo de que efectivos sigan, hoy, cometiendo errores por falta de capacitación profesional específica o falta de conocimiento histórico e incluso por falta de sensibilidad. Pero lo anterior no oculta que siempre existe una cultura institucional, creada en la práctica histórica de cualquier institución, que es muy fuerte y difícil de modificar.

Leyendo sobre estos temas se encuentran un sinfín de evidencias históricas y documentales del rol de la DIIP promoviendo grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte que operaron en Uruguay; realizando atentados, asesinando y desapareciendo personas entre 1968 y 1973. No se puede soslayar el rol del director de la DIIP (en esa época, Dirección Nacional de Información e Inteligencia) entre 1971 y 1982, Víctor Castiglioni, en el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros. También hay muchísima información histórica y judicial que prueba que hubo torturas, violencia sexual y todo tipo de abusos contra cientos de detenidos y detenidas que pasaron por sus dependencias de Maldonado y Paraguay. Las denuncias de estas actuaciones se concentran en cerca de 20 causas judiciales sobre delitos de lesa humanidad.

No nos parece oportuna esta modificación, no nos parece un ajuste administrativo más sino un debilitamiento de las garantías mínimas recomendadas para la investigación y la protección de las personas que aún buscan justicia.

Entre esa veintena de causas también se encuentra la presentada por el actual ministro del Interior en 2020 por el atentado que costó la vida a su señora madre, Cecilia Fontana de Heber, en agosto de 1978. Esa causa fue investigada durante la dictadura por la propia brigada de narcóticos a cargo de Campos Hermida, que devolvió nulos resultados. En 1985 el Parlamento creó, recién retomada la democracia, una Comisión Especial Parlamentaria para investigar ese crimen.

En las actas puede leerse cómo los mismos inspectores, Víctor Castiglioni y Campos Hermida, junto al entonces ministro del Interior, Carlos Manini Ríos, concurrieron en junio de 1985 a informar a la comisión parlamentaria antes mencionada. De las afirmaciones allí dadas no se verifican avances en la investigación. Pero, peor aún, se insiste con negar que los hechos hayan formado parte de un operativo interno entre distintos sectores del gobierno de la dictadura, y cito textualmente de las actas declaraciones del ministro Manini Ríos: “Puedo afirmar a los señores miembros de la Comisión que en el año 1978 no existía ningún grupo de derecha actuando en acciones terroristas en el Uruguay. Bien les puedo decir que la Policía y el propio Juez de instrucción de la época le atribuyeron el hecho a una voluntad individual o, a lo sumo, de dos personas como autores”.

Si ante un hecho terrible, que involucró a importantes figuras de la política de nuestro país, entre los que se encontraba la mismísima familia de quien hoy es presidente de la República, hasta el presente se mantiene la impunidad, imaginen los riesgos y temores que enfrenta una víctima anónima, una familia cualquiera, sin vínculos con el poder político, cuando se anima a denunciar.

Sin embargo, otros lamentables sucesos del presente siguen fundamentando la inconveniencia del cambio propuesto en este artículo, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados en la Rendición de Cuentas. Todos recordamos la reincorporación de la placa de homenaje a Víctor Castiglioni en 2020, la que había sido retirada justamente por reconocer su terrible papel en la dictadura y toda la polémica que tuvo que enfrentar el fallecido ministro Jorge Larrañaga para volver a forzar su retiro. Esto parece mostrar una vez más que algunos nostálgicos del autoritarismo permanecen actuando. Esta placa rezaba: “Al señor. Insp. Gral. (R) Víctor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”.

Por eso es que podemos entender la desconfianza de víctimas y denunciantes de crímenes de lesa humanidad sobre el rol que pueda tener esta unidad con esta tan terrible historia, no sólo durante la dictadura y los años previos, sino también bien entrada la etapa democrática.

De lo que se trata, entendemos, es de fundamentar la importancia de que el Estado dé garantías a víctimas y denunciantes de todos los delitos, especialmente a víctimas de crímenes cometidos por el Estado y sus agentes.

No nos parece oportuna esta modificación, no nos parece un ajuste administrativo más sino un debilitamiento de las garantías mínimas recomendadas para la investigación y la protección de las personas que aún buscan justicia, casi 40 años después de haber finalizado la dictadura.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.