La “portabilidad” envenenada

El artículo 471 de la ley de urgente consideración (LUC) establece la “portabilidad numérica” que posibilita que un usuario cambie de compañía llevándose el número consigo. Complementada con otras normas adoptadas por este gobierno sobre telecomunicaciones, forma parte de la estrategia de privatización de las empresas públicas diseñada por Washington en la década de los 80 del siglo pasado, cuya implementación en Uruguay fue intentada por el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

La “portabilidad numérica” es el cuento del tío 5.0. Es presentada aisladamente del “paquete privatizador” porque no la presentan como un negocio sino como un derecho.

Su estructura publicitaria la repiten todos los jerarcas y periodistas blancos. Así, por ejemplo, el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, la elogia porque “la persona pasa a ser el dueño” de su número de teléfono. “Eso otorga más libertad [...] es un derecho que va relacionado a la identidad de las personas [...] el número de teléfono es parte de la identidad digital”.¹

Esta expresión de “la identidad digital” como ensanchamiento de la libertad individual busca tapar el sol con un dedo, pues, desde su asunción, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha multiplicado sus acciones para menoscabar a Antel.

Durante los gobiernos del Frente Amplio (2005 a 2019), Antel experimentó un crecimiento geográfico, cuantitativo y tecnológico sin precedentes.

El director de Antel en representación de la oposición, Daniel Larrosa, presentó un pormenorizado informe al Frente Amplio que alerta sobre posibles pérdidas que van de 1.900 a 4.500 millones de dólares.²

Larrosa señala que “este modelo es lo que llamamos privatización de segunda, donde estrictamente no se privatiza pero resulta al final mucho peor porque lo que se hace es entregar cuota parte de mercado y la empresa estatal queda como suministradora de negocios privados de manera tal que nadie paga nada”. “Antes la privatización tenía un precio, acá es cero pesos por sectores completos del mercado. Estamos hablando de sacarle 40% del mercado a Antel sólo con una ley y sin contraprestación de los privados; no hay plata ni licitación”, sostiene.

Dependencia extrema

Uruguay, como los demás países de América Latina, ha estado permanentemente sometido a las decisiones geopolíticas de Estados Unidos: en la segunda mitad del siglo XX, formó parte de los países sometidos a golpes de Estado y dictaduras, a cuya salida fue compelido a aplicar la política neoliberal diseñada por Washington en exclusivo beneficio de las empresas de capital estadounidense.

En su estrategia de predominio mundial, Estados Unidos sitúa en el centro a las grandes empresas de capital privado de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): “El país que mejor sepa conducir la revolución de la información será el más poderoso [...] [Y] en el futuro previsible, ese país será Estados Unidos”.³ A su vez, el mandato fundacional de la National Information Infrastructure (NII) establece: “El sector privado dirigirá el desarrollo de la NII [...] las empresas [son] las responsables de la creación y funcionamiento de la NII”.⁴

Con tal propósito, en 1989 el economista John Williamson, en el llamado Consenso de Washington, sintetizó diez fórmulas diseñadas por las instituciones bajo la órbita de Washington DC, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La fórmula número 8 es la privatización de las empresas estatales.

La intervención de Estados Unidos por “la vía pacífica”

Esta intervención estratégica de Estados Unidos se plasmó en la ley privatizadora propiciada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (N° 16.211, del 1 de octubre de 1991) que fue derogada, en lo sustantivo, por el referéndum de iniciativa popular del 13 de diciembre de 1992.

El Sí derogatorio recibió 1.293.016 contra 489.302 del No.

Esta acción masiva puede ser calificada como un “golpe de sociedad”, único en un mundo ganado por la naturalización de la política de Estados Unidos: el ministro Ignacio de Posadas, adalid de las privatizaciones, estimó que “Uruguay demuestra que hay gente que rema contra la corriente, ya que la privatización de empresas públicas es un fenómeno mundial”.⁵

Estados Unidos, sin embargo, no cesó en su presión interventora ante Uruguay. En noviembre de 2000, el embajador de Estados Unidos, Christopher Ashby, expresaba que el resultado del referéndum de 1992 “no ha beneficiado a las empresas” y “ha contribuido a elevar la tasa de desempleo a 14%” (El País, 2 de noviembre). Simultáneamente, Gary Becker, premio Nobel de Economía, opinó que “para una empresa como Antel sería muy beneficioso poder abrir la oportunidad de que empresas competitivas de corte internacional vengan a participar a Uruguay, porque la competencia lleva a la mejor competencia (Búsqueda, 23 de noviembre).

En febrero de 2003, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, William Lash, señaló la necesidad de que Uruguay abriera el mercado de las telecomunicaciones (La República, 26 de febrero de 2003).

En junio de 2003, el embajador estadounidense Martin J Silverstein expresó la “preocupación” de su gobierno por la situación de la empresa Movicom/Bell South, a la que aún no se le había adjudicado la banda de telefonía móvil. “Si Uruguay quiere crecer va a tener que hacerlo en otras áreas además de la agricultura. Una de esas áreas es la tecnología, donde Uruguay tiene gran capacidad de desarrollo”, aseguró. Era la tercera vez ese año que representantes del gobierno estadounidense se pronunciaban públicamente por el futuro de la empresa de capitales estadounidenses en Uruguay (La República, 4 de junio de 2003).

Por su lado, el subsecretario de Tecnología del Departamento de Comercio, Philip Bond, planteó la preocupación del gobierno de su país y de la empresa Bell South por la demora en la emisión de un decreto que adjudicaría a la compañía telefónica la banda de 800 megahertzios del espectro radioeléctrico. Ante la prensa, Bond afirmó: “Hemos vuelto a plantear el tema de Bell South. Si las empresas de tecnología en Estados Unidos y en el mundo ven que hay un problema con una empresa líder como Bell South, eso les va a manchar lo que puede ser la imagen que tienen del país”.

Manu militari

Para lograr sus propósitos, Estados Unidos no sólo apela a “la vía pacífica”: en 2003, tras invadir y destruir Irak (por las inexistentes armas de destrucción masiva) procedió a su “reconstrucción” –igualmente manu militari– lo que se constituyó en un macizo instrumento estatal para beneficiar a algunas de sus empresas vinculadas a personeros de los círculos gobernantes. Un informe del consultor senior Bob Fonow,⁶ sobre la reconstrucción de las telecomunicaciones en Irak, destaca la injerencia del Departamento de Defensa en materias que desconoce, beneficiando a empresas vinculadas con sus personeros, pese a la mejor calidad y precios más bajos que ofrecen empresas chinas.

La obcecación presidencial por cumplir la estrategia privatizadora de Washington no sólo perjudica a una empresa pública ejemplar, sino que pone en peligro la soberanía e independencia de Uruguay. El hecho de que esta situación no esté configurada en el ordenamiento institucional uruguayo señala un vacío constitucional que plantea un desafío al conjunto de los orientales.

De ahí que el referéndum de marzo vuelva a elevar la voluntad del soberano a la condición de momento estelar de la democracia uruguaya.

Claudio Iturra es profesor de Historia.