El abastecimiento de agua a Montevideo y la zona metropolitana se hace totalmente desde el río Santa Lucía, sobre el que en 1867 se instaló la primera usina de bombeo y potabilización con cañerías hasta la capital. Las instalaciones, sucesivamente ampliadas y mejoradas, están en manos del Estado desde 1952.

A lo largo de los años ha habido varios planes y estudios con el fin de reforzar y diversificar las fuentes del agua para consumo humano; algunos incluyeron estudios sobre cuencas secundarias como la del Solís Chico para abastecer zonas específicas. Varias veces desde 1970 y al menos hasta el 2000 se han estudiado alternativas con extracción de agua desde el Río de la Plata, las que se descartaron en algunos casos por los problemas de salinidad que limitaban la disponibilidad de agua apta para potabilizar desde esa fuente.

Entre 2020 y 2021 aparece una iniciativa privada para una planta potabilizadora de agua en Arazatí, sitio ya estudiado anteriormente. Se suponía que la propuesta originalmente costaría “unos doscientos millones de dólares” y tendría un costo de “doscientos ochenta y ocho millones setecientos mil dólares”, un número que asombra por lo preciso para un proyecto que aún no tiene definición técnica ni análisis ambiental. El último valor implica un incremento de más de 40% sobre el monto anunciado originalmente cuando aún no se ha movido ni una sola palada de tierra.

El proyecto denominado Neptuno ha sido centro de discusiones desde su presentación a OSE, discusiones que se han centrado en la forma de operar el sistema propuesto y quién lo operaría, atendiendo aspectos legales que llegan incluso a cuestionar la constitucionalidad del proyecto. Subyace en esas discusiones que implícitamente se acepta el proyecto y casi no se discuten los aspectos técnicos de la disponibilidad y calidad del agua ni se toman en cuenta otros factores ambientales.

Neptuno, como ya es norma en proyectos similares, se anuncia como la mayor inversión en la historia de Uruguay, en este caso en el sector del agua potable. También las cifras del potencial empleo generado se adornan con cientos y hasta miles de empleos directos, indirectos e inducidos que endulzan y esperanzan en especial a las poblaciones locales.

Otras afirmaciones a favor del proyecto, como que ayuda a aquellos que no tienen para comprar un bidón de agua, son más difíciles de entender porque Neptuno no garantiza mejora alguna de la calidad del agua que llega a los consumidores.

El directorio de OSE ya aprobó por mayoría la “factibilidad técnica” de Neptuno, momento en el que se expresó que la iniciativa habría sido estudiada y aprobada por cuatro gerencias técnicas del organismo, pero no se conocen esos estudios ni han sido incluidos en la resolución.

Conviene resaltar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno presentado por el denominado Consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas proponentes, identifica casi 90 puntos de impacto ambiental, 25 de ellos con un impacto ambiental negativo significativo.

En el caso de Neptuno y en todos los casos, la evaluación ambiental debería ser siempre previa a una licitación, asegurando y dando certezas sobre las condiciones de la obra y por ende de la propia licitación.

A la fecha el proyecto no ha ingresado oficialmente a la órbita del Ministerio de Ambiente pero ello no ha sido óbice para que en julio de este año el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se exprese en el sentido de que defenderá con “uñas y dientes” al proyecto Neptuno.

Sobre el proceso futuro de la iniciativa, Peña ha expresado: “Luego ese proyecto irá a licitación y luego comenzará la evaluación de impacto ambiental. Todavía hay cuestiones que se están cerrando desde lo técnico, financiero y de modelo de negocios. Vamos a hablar cuando tengamos el proyecto concreto”.

Así, en una construcción lógica difícil de entender, el proyecto definido por las empresas será licitado por OSE y sólo después de esa licitación se procederá al estudio de impacto ambiental, estudio que pagará y realizará OSE. Cabe preguntarse qué sucedería si en el proceso de estudio de impacto se detectaran impactos inaceptables, impedimentos o la necesidad de modificaciones que alteren los costos cuando ya ha sido licitado y adjudicado.

Ese ha sido sin embargo el derrotero seguido por otros proyectos como el del tren de UPM e incluso la terminal de UPM en Montevideo, los que se licitaron sin contar siquiera con la autorización ambiental previa. Esa situación francamente inconveniente y técnicamente inadecuada presiona indirectamente sobre las estructuras de estudio ambiental limitando su independencia técnica, así como la capacidad de hacer análisis y propuestas, a lo que se suma, en el caso de Neptuno, el posicionamiento público previo del ministro de Ambiente sobre el tema.

Ya vimos cómo, por ejemplo en el caso del proyecto del tren de UPM, un serio estudio socioeconómico no hubiera habilitado el trazado utilizado para las vías atendiendo el riesgo que supone esa traza muy urbanizada para los ciudadanos que convivirán diariamente con trenes cargados de productos químicos peligrosos y posibilitando un tren más rápido y seguro que el que finalmente se construirá a muy alto costo para los uruguayos.

Tal como en el dicho de la carreta y los bueyes colocados de manera incorrecta, en el caso de Neptuno y en todos los casos, la evaluación ambiental debería ser siempre previa a una licitación, asegurando y dando certezas sobre las condiciones de la obra y por ende de la propia licitación. Actuar de otra manera no es lógico, ni serio, ni propio de un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y el cuidado ambiental de su territorio.

Raúl Viñas es magíster en Meteorología, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).