Las desventajas de la LUC para la juventud rural

La administración encabezada por Luis Lacalle Pou le ha declarado la guerra al Instituto Nacional de Colonización (INC). Con la Ley de Presupuesto le retiraron 90% de la partida para la compra de tierras y con la ley de urgente consideración (LUC) le quitaron 55.000 hectáreas. ¿A quién beneficia esto? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Hacia qué modelo de país nos dirige esa señal?

Hace un par de años nos presentamos con un grupo de amigos jóvenes al proyecto Tierra de Jóvenes, del INC. Este asignó fracciones de tierra del instituto a aspirantes de entre 18 y 29 años. Con este llamado se buscaba paliar el sesgo que existe en la selección de los colonos que ocupan las fracciones, dado que a menudo los seleccionados son aspirantes que suelen tener más recursos o experiencia que los jóvenes para acceder a los llamados.

Por un lado, estaba el grupo de aspirantes central para el que se creó el proyecto: los jóvenes del interior con trayectoria, conocimientos y experiencia para el trabajo agropecuario, pero con grandes obstáculos para quedarse a vivir y producir en el campo, a no ser que accedan al INC. La permanencia de los jóvenes en el medio rural, como es sabido, es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país, ya que ir a estudiar a la ciudad es mucho más atractivo y prometedor que la sacrificada vida de campo, y quienes realmente quieren permanecer se encuentran con una vida de más privaciones, más sacrificios y una inmensa dificultad para establecerse, acceder a la tierra y formarse.

Por otro lado, estábamos nosotros, aspirantes descarados, la mayoría citadinos, con incipiente formación en ciencias agrarias. Además de compartir muchísimos intereses con los jóvenes rurales, nos cuestionábamos cómo la ciudad plantea formas de vivir cada vez más insostenibles, que menoscaban el desarrollo pleno de nuestras vidas. Para nosotros la oportunidad de vivir en el campo consistía en la esperanza de una vida en la que el trabajo se vuelve menos alienante y en la que existe mayor satisfacción con el producto (la riqueza generada) que uno forja con sus propias manos en el medio natural, proceso a menudo más difuso de comprender en el trabajo en la ciudad.

Naturalmente, el INC priorizó asignar las fracciones a jóvenes del interior que gracias a esa política de Estado hoy trabajan la tierra, viven de ella, son capacitados y pueden permanecer y desarrollarse en la campaña. Luego el llamado se repitió. Varios grupos de jóvenes usufructúan los resultados de una política y gracias a eso no están vendiendo su mano de obra o yendo a trabajar a la ciudad. Sean los beneficiarios un grupo de jóvenes rurales o un cúmulo de citadinos con exceso de teoría como nosotros, aquellos llamados del INC ya son cosa del pasado y los proyectos de acceso a fracciones de colonización para jóvenes ya no son una prioridad ni para el INC ni para el Instituto Nacional de la Juventud, ni para ninguna institución involucrada.

Uruguay y el futuro

Con la pandemia se ha iniciado un proceso de revalorización de la vida de campo en contraste con la vida urbana que seguramente habrá de intensificarse con el tiempo, pero que ya generó una leve tendencia a que la gente vuelva a habitar zonas suburbanas y rurales. Uno de los principales arquitectos a nivel mundial, Rem Koolhaas, planteó hace un tiempo que “el campo es el futuro”. Verlo como el pasado es un error.

Si nos limitamos a observar las arengas políticas dirigidas a jóvenes rurales por parte de referentes locales y nacionales, podemos ver que no terminan siendo más que eso: meras celebraciones vacías a la tradición criolla que no tienen correlato en políticas públicas concretas para favorecer el acceso de la juventud a derechos y garantías para el goce –y arduo trabajo– de la vida en el campo. Lejos está aquel ideal de “cada gauchito con su ranchito” del que hablaba Wilson, cuyo pensamiento no permanece más que como un vetusto artilugio de conmoción y nostalgia a conveniencia, un golpe de efecto oportunista y sin respaldo.

La LUC nos plantea en los artículos 357 y 358 eliminar la obligatoriedad del colono de residir en el predio y de trabajarlo, lo que resulta en que personas que no son verdaderos productores familiares hagan uso de las tierras del Estado para provecho propio. A su vez, se liberan 55.000 hectáreas que antes pertenecían a la órbita del INC para entregarlas al mercado de tierras a precios con los que los productores familiares no pueden competir, contribuyendo al proceso de concentración de la tierra.

No se pretende aquí negar los procesos de concentración de la tierra y revalorización de esta que ocurrieron en los últimos años sin este gobierno, y que han dificultado a los productores acceder y ser competitivos en su uso. Pero sí se discuten los instrumentos deliberados aplicados por este gobierno para entregar al mercado aquellas tierras que pertenecen al Estado y cuya renta por intermedio del INC resulta más accesible para todos los uruguayos.

Estamos sometiendo a referéndum que, si ante un fenómeno en el que las mayorías pierden acceso al recurso tierra, el Estado las excluye o las incluye en la creación de riqueza permitiéndoles acceder a esta. Debemos impugnar los mecanismos que alejan a las juventudes rurales de una vida plena en su medio natural mientras se las condecora y se les promete una complicidad espuria.

El INC tiene dos grandes enemigos: por un lado, los escritorios rurales que no cobran la comisión en la venta de sus campos; por otro, los capitales que necesitan grandes extensiones de tierras para maximizar utilidades. Esos dos actores están muy bien representados por el Partido Nacional.

La estructura del negocio se ha modificado. Hoy la propiedad de las tierras es de sociedades extranjeras que concentran enormes extensiones productivas. Nunca antes en la historia hubo mayor concentración y extranjerización de la tierra. Los más perjudicados son los pequeños y medianos productores y los potenciales pequeños y medianos productores: la producción familiar. Así, la LUC reduce las oportunidades y posibilidades de acceder a tierras productivas y condiciona a los jóvenes que quieren vivir del campo a menor calidad de vida o a desarraigarse migrando a los centros urbanos.

La desafectación de estas 55.000 hectáreas es una señal de desprecio al INC y establece una señal de modelo de país que orienta el rumbo hacia la concentración y la extranjerización de la tierra, hacia la expulsión definitiva de los jóvenes del medio rural, y pone en peligro de extinción a la comunidad agropecuaria.

Ir en contra de esos artículos, es decir, votar que Sí el 27 de marzo, es defender el sueño artiguista y wilsonista de tener una campaña poblada, tecnificada, productiva y constituida por jóvenes, mujeres organizadas, comunidades y muchísimos pequeños y medianos productores que se repartan con cierta equidad las tierras productivas nacionales e impulsen a Uruguay hacia el desarrollo. Como dice Walter Serrano Abella, comunicador radial del interior: “Uruguay se salva con el agro o perece con él”.

Sofía de León es estudiante de la Facultad de Agronomía y militante de la Juventud Socialista. Este artículo contó con la colaboración de Juan Erosa.