En un momento en que está bajando la cantidad de casos y fallecimientos por covid y se anuncia desde el Poder Ejecutivo el cese de las medidas sanitarias, vale la pena reflexionar sobre cómo transitamos la pandemia como país y como sociedad. Es legítimo que haya distintos puntos de vista sobre este tema como sobre muchos otros. Sin embargo, nos parece necesario aclarar que la reiteración de un discurso exitista y autocomplaciente no lo hace más real ni más convincente.

Es muy claro que ha habido etapas diferentes en la pandemia en Uruguay. Durante 2020 nuestra sociedad tomó medidas de prevención que permitieron llegar a fines de ese año con un número muy bajo de contagios y muertes. Los aportes de la Universidad de la República y del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), así como la solidaridad desplegada en las ollas populares, son hechos muy positivos y destacables. ¿Estuvo todo bien? No lo creo.

En lo sanitario, el debilitamiento del primer nivel de atención fue un error; la subestimación de los aspectos de salud mental y vincular, así como el deterioro de la prevención y controles de otras patologías, también. La no convocatoria a los organismos de participación social del Sistema Nacional Integrado de Salud privó al sistema de los aportes de usuarios y trabajadores. No hubo una estrategia de involucramiento territorial de actores comunitarios ni de gobiernos locales. Esos errores tienen consecuencias hacia adelante, dejan un panorama más complejo en lo sanitario. Los apoyos socioeconómicos a los sectores más afectados fueron muy insuficientes (mínimos en cualquier comparación internacional), hubo 100.000 nuevos pobres, la rebaja de salarios y jubilaciones afectaron la calidad de vida y la salud precisamente de los sectores vulnerables. Pero sin duda el resultado en materia de covid fue muy bueno si vemos los contagios y las muertes.

A comienzos de 2021, la situación fue cambiando para peor y las ideas de que Uruguay era una excepción por alguna razón mostraron su carácter ilusorio (es decir, falso). Se inició un deterioro cada vez mayor. No fue un escenario catastrófico pero imprevisible. Teníamos el diario del lunes de lo que pasaba en el mundo y en la región. El GACH, el Sindicato Médico del Uruguay y 40 sociedades científicas alertaron frente al peligro y propusieron medidas para mitigarlo. Sin embargo, la decisión política del gobierno fue desoír esas advertencias, atacar a quienes las formulaban y remitir el problema a la responsabilidad individual. Ese posicionamiento, esa inacción (que es una forma de acción), contradice todos los fundamentos de la salud pública, que desde hace siglos se basa en que es el Estado quien debe tomar medidas para proteger a la población. Las personas individualmente no pueden lograr proteger la vida y la salud de su comunidad y mucho menos el mercado (que generalmente ahonda las desigualdades existentes). Claro que todos moriremos en algún momento y que eso es parte del ciclo de la vida. Pero las políticas de salud y todas las políticas de protección social se han esforzado para alargar la vida y mejorar su calidad. Las sociedades han acordado que eso es un objetivo fundamental y valen las inversiones y las acciones para lograrlo.

A la hora de analizar cómo nos fue en estos dos largos años, creemos necesario ponernos en el lugar de las víctimas y sus familias. Por empatía, por solidaridad, por humanismo, por compromiso con la vida y la salud.

Sin embargo, los informes del GACH en febrero y las propuestas de múltiples actores de “blindar” abril y luego mayo fueron desestimadas, y la cantidad de contagios y muertes subió drásticamente. ¡Fuimos el país del mundo con mayor cantidad de contagios y de fallecimientos por millón de habitantes! Cuando teníamos todas las condiciones para un desempeño mejor.

En todo 2020 la cantidad de muertes fue de 181 y de enero a marzo de 2021 subió a 793, y luego alcanzó a 1.643 en abril, 1.660 en mayo, 1.316 en junio.

Decíamos en junio de 2021 en un artículo para el periódico Nuestra Voz, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay: “Más de 5.000 personas muertas es una catástrofe humana y sanitaria para Uruguay. Los intentos de minimizar la situación, de naturalizar este nivel de mortalidad y la negativa a tomar las medidas necesarias para abatir la cantidad de fallecimientos ponen en evidencia una gran falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. No son cifras, no son números, son personas. Cuando se trata de muertes tempranas, que podrían haberse evitado, el sentimiento de injusticia y de indignación se vuelve muy legítimo”.

La vacunación fue tardía en Uruguay por demoras en la compra de vacunas, pero una vez que llegaron se desarrolló muy rápidamente. El país tiene una cultura arraigada de vacunación y los planteos antivacunas no salieron de un círculo muy pequeño. Las vacunas permitieron superar la primera ola de la pandemia, pero no evitaron el altísimo costo en vidas y enfermedad durante el primer semestre de 2021. Hoy tenemos más de 7.000 personas fallecidas por covid.

En la segunda ola producida por la variante ómicron del virus nuevamente se reprodujo un escenario de subestimación, y la cantidad de fallecimientos volvió a aumentar. Esta vez la menor letalidad del virus y sobre todo la amplitud de la vacunación contribuyeron a que el impacto fuera menor que en el primer semestre de 2021. Aun así, en enero y febrero de 2022 sufrimos 815 muertes, es decir, una cantidad mayor que en igual período de 2021.

Por todas estas razones, a la hora de analizar cómo nos fue en estos dos largos años, creemos necesario ponernos en el lugar de las víctimas y sus familias. Por empatía, por solidaridad, por humanismo, por compromiso con la vida y la salud.

Además del posicionamiento ético tenemos que enfrentar como sociedad un escenario complejo, lleno de dificultades. No podemos resignarnos y debemos construir políticas que logren preservar la vida y mejorar la salud en el próximo período.

Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación y fue director de Salud de la Intendencia de Montevideo.