Me permitiré ensayar algunos pensamientos relativos a los últimos acontecimientos vinculados con la mal llamada “reforma de la seguridad social”.

En primerísimo lugar, llamó poderosamente la atención que en ningún momento el doctor Luis Lacalle Pou recordara sus promesas electorales, en las que con claridad meridiana dijo: “Hay que defender el contrato, no alterarles las reglas de juego a quienes hoy ya están trabajando: eso sería injusto. Buscaremos aumentar la edad de retiro a través de incentivos económicos, pero no será obligatorio”. Por el contrario, ahora afirma que esta debe ser una “política de Estado” y recuerda los dichos de Danilo Astori y de Pepe Mujica a favor del aumento de la edad jubilatoria. El problema, el grandísimo problema en términos democráticos, es que quien ganó la elección y ejerce la presidencia desde el 1o de marzo de 2020 es Lacalle Pou, y no Mujica o Astori.

Quienes estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria, junto con 69% de la población: ¿veremos al joven presidente darse vuelta como una media, y no nos encargaremos de recorrer todo el país haciendo escuchar y ver el video en que se comprometió a lo que mencionamos? ¿Tan fácil será concretar la mentira electoral como camino para acceder al gobierno? ¿Tanta lucha por la democracia será en vano?

El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, ratificó lo que estaba en el documento aprobado por la mayoría de los “expertos”, con algunos cambios a favor y en contra. Seré benigno y empezaré por los primeros: el cambio retrógrado de las bonificaciones de servicios no será total y habrá sectores –seguramente mínimos– a los que no se les aumentaría la edad mínima de retiro. En contra de lo expresado en el borrador, está la definición de dónde y sobre quiénes hacer el “corte” para el comienzo progresivo del aumento de la edad de retiro. Antes manejaban dos opciones: aplicarla a todos y todas las menores de 55 años, o a quienes fueran menores de 50. Al parecer, se optará por el mayor número de perjudicados, es decir, a partir de los que hoy tienen 55 o menos. ¿Cómo se ata esta mosca por el rabo con las últimas encuestas, que muestran que cuanto menor es la edad de vida, mucho mayor es el rechazo al aumento de la edad jubilatoria? Por lo visto, por lo menos Rodolfo y Luis, han decidido hacer caso omiso de las opiniones populares y pretenden seguir adelante pese a quien pese.

Con relación a la participación de Julio María Sanguinetti, dicho con el mayor de los respetos, daría la impresión de que padece de “amnesia política e histórica”. Opina sobre el tema con la mayor soltura, olvidándose que él es el principal responsable de la Ley 16.713 que trajo a Uruguay a las AFAP, les aumentó la edad jubilatoria a las mujeres, rebajó los montos y aumentó los años de trabajo, en fin: casi todo lo que después fue sufrido por los afectados y afectadas, y fue parcialmente mejorado en 2007 y 2017 con las leyes de flexibilización de pasividades y de los “cincuentones”. En mi caso personal, no siendo particularmente memorioso, no tengo derecho a olvidarme de esos retrocesos, que terminaron redactando el doctor Saldain con Renán Rodríguez hijo.

El diputado Iván Posada cuestionó que “no haya una propuesta alternativa”, dado que el Frente Amplio no la ha presentado. Sin embargo, sí hay una propuesta alternativa presentada, exactamente el 15 de enero de 2021, por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), hecha suya por el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social y Fucvam. El ninguneo de esta propuesta por todo el sistema político es, además de evidente, irrespetuoso. Pero, afortunadamente, en lo principal fue aprobada por unanimidad en el último Congreso del PIT-CNT.

Los riesgos para el PIT-CNT

Respecto del anuncio de que el aumento de la edad obligatoria tendrá excepciones específicas, ¿está dispuesta nuestra Convención a entrar en una discusión en la que deba elegir “a este sí le aumento la edad, pero a esta no”? Si así fuera: ¿no se correría un serio riesgo de debilitar la credibilidad del PIT-CNT? ¿Quién o quiénes se pondrán en el lugar de las trabajadoras y trabajadores afectados? ¿Se aprenderá de la reciente experiencia con las compañeras y compañeros de Casa de Galicia? ¿Se perderá de vista que nada menos que el Banco Mundial (BM) sugiere no aumentar la edad obligatoria, sino hacerlo por la vía de incentivos económicos? ¿Quedaremos “a la derecha” del BM? Y con relación a nuestra posición unánimemente contraria a la existencia de las AFAP: ¿la mantendremos o pasará a segundo plano? Honestamente, tengo verdadera fe en que el equipo de representación de los trabajadores y toda nuestra central cumplirá a rajatablas la resolución unánime del último Congreso sobre estos temas, sin olvidar en ningún momento todo lo que le falta a esta “reforma”: una verdadera política de género, un verdadero sistema de cuidados, un mayor aporte del capital y los necesarios cambios en los seguros por desempleo y enfermedad y en la política de ajustes de las pasividades que impida la caída de su valor real, como viene ocurriendo desde hace dos años.

En la diaria hemos seguido los vaivenes que empiezan a verse en distintos sectores de la coalición de gobierno, si el proyecto que se mandara no fuera aprobado por el FA. El senador Jorge Gandini ha sido explícito. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, llegó a decir que si eso pasaba sería “la reforma del gil”. El senador Guido Manini Ríos le dijo a un correligionario suyo de San Carlos (jubilado, el año pasado) que “esa reforma no va a salir porque es demasiado impopular”.

En qué terminará todo esto es todavía impredecible. Lo que por ahora no parece estar en la cabeza de los distintos partidos políticos es que, tanto en el caso de que se apruebe como en el caso de que no, la posibilidad de un plebiscito es totalmente real y posible: se requieren las firmas de sólo 10% de los habilitados y habilitadas para votar.

Si se aprueba una reforma regresiva como la que se avizora, realmente, el plebiscito está cantado. Y si no se aprobara: ¿nadie piensa que las AFAP tienen hoy solamente 10% de aprobación de la ciudadanía? ¿Nadie se ha imaginado que cabe la posibilidad de que, además de eliminar las AFAP y sustituirlas por una Administradora Estatal sin fines de lucro (como transición hacia un sistema verdaderamente protector y redistribuidor de la riqueza, en el que el capital sea el que pague), también se puede incorporar una mejora en los ajustes de pasividades, apuntando a mantener su valor de compra y la mejora de su valor real, al mismo tiempo que se mejoran las pasividades de quienes ganan menos? ¿Alguien se imagina cuál puede ser el resultado de un plebiscito de estas características, con más de 700.000 votos asegurados desde el arranque? No hay que ser un mago o adivino para saberlo. Por mi parte: ya estoy viendo las caravanas de la victoria.

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra la comisión especializada en seguridad social de la asociación.