Hemos señalado en diversas instancias que no podrá efectuarse ninguna transformación educativa profunda sin una condición necesaria, aunque no suficiente: presupuesto. Por estos días se elabora la rendición de cuentas del gobierno y al 30 de junio el Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) deberá entregar su proyecto al Parlamento. Más allá de las diferencias, todo el consejo considera que esta es la oportunidad para mejorar la dotación presupuestal. Este tema, junto con la discusión del Marco Curricular Nacional (MCN) y la titulación de docentes, son los asuntos principales para tener un panorama de la situación de la educación pública no universitaria del país.

Pero hay emergentes que, de alguna manera, sacan la discusión de esos ejes. En todo el sistema, la seguridad, la alimentación y la salud mental se han transformado en temas que, de no atenderse, pueden sepultar el resto de los asuntos específicamente pedagógicos. En nuestro país hay una larga tradición de alimentación escolar, fundamentalmente en educación inicial y primaria. Desde la aprobación de la ley de la última rendición de cuentas, se brinda un marco normativo que posibilita que con el Impuesto de Primaria se pueda financiar también la alimentación en educación media, especialmente para experiencias de tiempo extendido y para los centros María Espínola. Eso se refleja en la arquitectura, ya que los nuevos centros de educación media se proyectan con espacios destinados a comedores.

Hemos recorrido diferentes centros educativos en la zona metropolitana y de departamentos del interior, en los que, si bien informamos sobre los temas que mencioné en primer lugar, siempre surge como preocupación el déficit de alimentación de los alumnos y las alumnas, las situaciones de violencia física y psicológica, las depresiones, así como los problemas de seguridad en las inmediaciones de las instituciones, cuando no dentro de ellas. No corresponde aquí detallar cuáles son esos centros. Sí indicar que la información recogida la he trasladado al Codicen en sus reuniones ordinarias, o al presidente si las medidas a tomar revisten urgencia. Las comunidades educativas reclaman porteros, equipos multidisciplinarios, más cargos de adscripción y en ocasiones contratación de servicio 222 con el Ministerio del Interior.

No son estos los temas centrales del debate pedagógico, que continuará. Pero no habrá transformación educativa si no encontramos soluciones para los temas emergentes.

Si no se resuelven esas situaciones, los que cargan sobre sus hombros los problemas son los colectivos de trabajadores docentes, de gestión y servicio, quienes, como siempre, encuentran fuerzas para ayudar a los y las educandos y a las familias. Hemos visto docentes que, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, sacan de su salario para atender estos emergentes y al menos brindar la “copa de leche”. También pequeños comerciantes que hacen su aporte en cocoa, pan, dulce y bizcochos para que se pueda mejorar la merienda o el desayuno de los estudiantes. Las cantinas liceales tienen “becas” de alimentación para las y los alumnos más necesitados. Pero esto termina siendo un peso que atenta contra la estabilidad emocional y también física de docentes, funcionarios, funcionarias y equipos de dirección, lo que se refleja en la enseñanza y los aprendizajes.

En la sesión del Codicen del 8 de junio la directora general de Secundaria informó que el desconcentrado ha destinado 20 millones de pesos para 207 liceos en 2022. Con ello se intenta solucionar los problemas de alimentación y abrigo, así como otras necesidades de los y las estudiantes. Seguramente la cifra no es suficiente, pero es una ayuda que será valorada. En la misma sesión se consideró el problema emergente y se acordó que hay que buscar contactos para encarar el tema con otras instituciones del Estado.

Si bien hemos acordado no difundir aún cifras de la rendición de cuentas, se puede informar que en los pedidos de refuerzos presupuestales hay acuerdo para aumentar lo que se destina a seguridad e instrumentar mejoras en los temas de alimentación en los centros educativos.

Por otro lado, se han retirado o dejado de actuar en importantes zonas del territorio programas para atender una población de entre 15 y 24 años, que no terminó ciclo básico y que no tiene trabajo, como Cecap, Centros Educativos Comunitarios, Jóvenes en Red, Áreas Pedagógicas o Impulsa. También han perdido presencia territorial programas de atención a las familias como Socat y ETAF. Los citados programas tienen como uno de sus objetivos generar las condiciones para reintegrar a la educación formal a esos jóvenes que han perdido los hábitos de convivencia en las instituciones. La presencia de esos jóvenes en las inmediaciones de escuelas técnicas y liceos ha generado problemas de seguridad y nos habla, entre otras cosas, de una necesidad de inclusión no resuelta. Es nuestra responsabilidad encontrar los mecanismos para que su derecho a la educación no sea vulnerado.

Como decía al principio, no son estos los temas centrales del debate pedagógico, que continuará. Pero no habrá transformación educativa si no encontramos soluciones para los temas emergentes.

En Uruguay, en materia de educación, el árbol nos impide ver el monte.

Julián Mazzoni es consejero del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP electo por el colectivo docente.