Política exterior a la deriva

De una continuidad efímera al alineamiento imprudente. De la pasividad a anuncios sin fundamento. Así se podría sintetizar el período de la política exterior de la actual coalición de gobierno.

Cerca de la mitad de su mandato, la conducción ha sido errática, con decisiones apresuradas, omisiones, contradicciones y carente de iniciativas adecuadas.

El inicio del gobierno pareció seguir una línea de continuidad con las mejores tradiciones de Uruguay como guía. El canciller Ernesto Talvi mantuvo los principales lineamientos del gobierno saliente; reafirmó las políticas de integración a la región y al mundo. Hubo cierta continuidad en cargos claves de la cancillería, se continuó con la búsqueda de ampliar los mercados y de mejorar las condiciones de acceso a estos.

Incluso se continuó con la política trazada por el Grupo Montevideo y el Grupo de Apoyo de la Unión Europea (UE), con Uruguay incluido, en la búsqueda de diálogo para procurar una salida democrática, con todas las garantías, a la crisis de Venezuela.

Cuando se tomó conocimiento de la propuesta de Donald Trump de un estadounidense para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se registró una contraposición entre el canciller y el presidente. Más allá de la notoria división en la coalición por el tema: ya el expresidente Julio María Sanguinetti había firmado una carta pública junto a múltiples expresidentes y personalidades oponiéndose duramente a la propuesta y denunciando a la administración de Estados Unidos por violar el acuerdo sobre la presidencia de las entidades financieras de la posguerra.

La “salida” de Ernesto Talvi de la cancillería, consecuencia directa de las desavenencias sobre Venezuela y sobre la presidencia del BID, hizo evidente la fragilidad de la coalición en política exterior.

La votación del “amigo” de Trump decidida por el presidente Luis Lacalle Pou, con Francisco Bustillo ya al frente de la cancillería, constituyó una decisión apresurada e imprudente que alineó al gobierno a una administración en proceso de salida. Europa, México y Argentina habían pedido prorrogar la elección del presidente del Banco para después de las elecciones estadounidenses, que tendrían lugar pocas semanas después.

A ello se le agrega un encuentro del canciller uruguayo con el secretario de Estado de Trump muy poco tiempo antes de la elección.

Ambos gestos se podrían haber eludido sin consecuencias, por la poco oportuna fecha de su adopción.

Pero estos hechos demostraron el desapego del presidente Lacalle al eje principal de la tradicional política exterior del Uruguay democrático: el multilateralismo activo y el no alineamiento. Por ello la gravedad de los gestos favorables a Trump, que ha sido el enemigo más fanático y poderoso del multilateralismo y de la cooperación internacional.

A estos acontecimientos se le agrega una pasividad en temas propios de la pandemia. Con la presidencia del Mercosur, Uruguay podría haberles propuesto a Europa y China una solución cooperativa multilateral (a la que ambos estaban dispuestos públicamente) en el abordaje de la adquisición de vacunas, en las condiciones de disponibilidad, distribución y logística.

Esta pasividad se mostró también en la ausencia de iniciativas tendientes a buscar alguna fórmula de compromiso medioambiental para evitar el naufragio de las ratificaciones parlamentarias europeas por las posiciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Posiciones que tanto daño le causaron a las posibilidades de aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El esfuerzo era imperativo y no se realizó.

La firma del acuerdo comercial más grande de la historia del mundo era una oportunidad de proponer una iniciativa de integración con el Mercosur. El acuerdo RCEP (Asociación Económica Integral Regional) se realizó entre los países de la ASEAN más China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El ASEAN está compuesto por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Este acuerdo fue objeto de negociaciones durante casi diez años. Si bien es abarcativo, es diferente, en muchos aspectos importantes, de los tratados de libre comercio (TLC) clásicos occidentales. Se contemplan porcentajes de salvaguardas y plazos sustancialmente mayores, se respetan aspectos referidos a las empresas públicas y compras estatales que le importan a China y son más flexibles en temas como patentes y derechos de propiedad intelectual.

Uruguay, así como toda América Latina, quedarán en desventaja para ingresar a esos mercados y también para incorporarse a cadenas de complementación productiva en integración intraindustrial con los países del megaacuerdo.

Uruguay debería haber elevado ya una propuesta para estudiar la posibilidad de aproximación del Mercosur al RCEP.

También se podría proponer reuniones de los sectores productivos agropecuarios y de la agroindustria alimentaria del Mercosur a los efectos de evaluar rápidamente las consecuencias del RCEP sobre las exportaciones hacia sus países miembros, en función del desequilibrio en las condiciones de acceso. Idéntica conducta se podría adoptar con los sectores industriales, tecnológicos y de servicios tradicionales y no tradicionales.

Estas reflexiones y críticas son ejemplos que creemos demuestran la imperiosa necesidad de analizar entre todos los partidos y organizaciones sociales, empresariales y productivas, la política exterior como una política de Estado.

Rectificar el rumbo es imprescindible.

El presidente Lacalle ha procedido de forma impresentable sobre el TLC con China. Primero, confrontando en forma inadecuada al Mercosur, utilizando hasta un lenguaje impropio de una reunión de presidentes; luego, saturando de anuncios al público de los “avances” de un estudio de prefactibilidad que no existieron.

La reciente información proporcionada por China indica que dicho país no ha avanzado nada en ese supuesto estudio, lo que reafirma la convicción de la inviabilidad de ese acuerdo bilateral que a China sólo le interesa con el bloque en su conjunto.

Pero este “papelón” se acompaña de un acercamiento a Estados Unidos y a Boris Johnson, de Reino Unido, en el pico de tensión entre estos y China, a la que amenazan con insistencia en los últimos días por Taiwán.

Estos factores, sumados a la incertidumbre general, deberían motivar un análisis nacional con la participación de todos los partidos para intercambiar diagnósticos de situación e intentar encontrar una prospectiva. Esto podría aportar a la elaboración de un plan de acción en el escenario global, atentos al desarrollo de los acontecimientos y a los resultados electorales de trascendentes elecciones en América Latina.

No somos optimistas. El gobierno no ha aceptado hasta ahora ninguna cooperación de la oposición. Lejos de ello, se ha radicalizado en sus posturas ideológicas. El gobierno de Lacalle Pou se comporta más a la derecha que el presidido por su padre.

Pero es necesario analizar esta coyuntura con una visión global del mundo en crisis y con las incertidumbres multiplicadas.

Los países no pueden actuar por impulsos circunstanciales, ni motivados por excesos de autoestima de sus gobernantes. Mucho menos por carencias de visiones abarcativas de los procesos globales y de la velocidad de los cambios que se producen en las disputas por el poder mundial.

Carlos Pita fue embajador de Uruguay en Chile, España y Estados Unidos.