¿Cuánto durará esta crisis?

Miles de millones de personas están en riesgo de padecer hambre a causa de la pobreza e inestabilidad en aumento, causadas por los conflictos, la covid-19, los desastres naturales y el cambio climático.

Las nuevas variantes de la covid-19 y las consecuencias sobre la seguridad alimentaria de la guerra en Ucrania vuelven a amenazar a la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, evidenciando la profunda desigualdad sistémica entre países y en las sociedades, en las que los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores en situación irregular, sencillamente luchan por mantener unos ingresos mínimos y sobrevivir.

En América Latina y el Caribe más de la mitad de los trabajadores de la región se encuentran en el sector informal, en empleos de menor calidad y más vulnerables. En la mayoría de los casos carecen de contratos o acceso a seguros de desempleo y dependen de actividades laborales diarias que no pueden realizarse desde el domicilio, por lo que se han visto particularmente perjudicados durante la pandemia y resultan en general especialmente vulnerables ante una crisis.

Por otro lado, la importancia del suelo notablemente fértil de Ucrania para el suministro mundial de cereales ha acaparado la atención en los medios de comunicación, ante la preocupación de que el conflicto conducirá a fuertes aumentos de precios y, en efecto, el índice de precios de la FAO habla claro: el valor publicado en los primeros días de junio, que refleja la variación mensual de los precios internacionales de una cesta de los productos alimenticios más comercializados durante mayo, seguía estando 22,8% por encima del nivel de mayo de 2021. Estamos en máximos históricos.

El número de personas aquejadas por la inseguridad alimentaria aguda aumentó hasta alcanzar casi los 193 millones en 2021, 40 millones más que en 2020, y está previsto que aumente todavía más este año, como confirma también el Informe mundial sobre las crisis alimentarias, y países como Afganistán, Somalia, Sudán del Sur y Yemen ya están en peligro de sufrir una hambruna.

El riesgo mayor es que la crisis agroalimentaria desatada por la guerra en Ucrania empeore en 2023 por la reducción de las exportaciones desde India y otros países.

En este contexto, además, los precios de los alimentos se mantendrán altos mientras sea elevado el costo de la energía, porque esto se traduce en altos precios de los fertilizantes y del combustible necesario para la maquinaria agraria y la industria agroalimentaria, pero consideren que, mientras que la producción de hidrocarburos puede aumentar de inmediato en diferentes lugares para satisfacer la demanda del mercado gracias a medidas como las recientemente adoptadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de cereales no puede aumentar de la misma manera, e incluso una gran expansión no puede compensar el gran volumen de producción agrícola que Rusia ahora controla directa o indirectamente.

Por tanto, la pregunta no es si habrá efectos económicos serios y escasez de alimentos en estados ya frágiles; la pregunta crítica es: ¿cuánto durará esta crisis? Con países como Yemen, Libia, Líbano, Sri Lanka y Sudán, entre otros, que dependen en gran medida del grano ucraniano, incluso un retraso a corto plazo en el suministro puede tener consecuencias dramáticas.

La crisis alimentaria de 2011 nos enseñó que la inflación de los alimentos puede desestabilizar los mercados, hacer que millones de personas pasen hambre y, en algunos casos, incluso puede generar inestabilidad política.

Por todo ello, es fundamental hacer llegar una mayor financiación, cuanto antes, a los estados débiles que dependen de la importación de estos alimentos para paliar esta crisis. Y, más en un contexto como el actual en el cual, a pesar de su importancia esencial, sólo 8% de la financiación total destinada al sector de la seguridad alimentaria humanitaria se asigna a la agricultura.

Desde la FAO apelamos a los gobiernos y a las instituciones para que se pongan en marcha nuevos mecanismos por parte de la comunidad internacional para revertir estas tendencias. En particular, proponemos la creación de un nuevo Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos, con el fin de facilitar la financiación de los sustanciales incrementos en los costos inmediatos de la importación de alimentos que normalmente realizaban antes de la crisis de Ucrania los países vulnerables que, dados sus altos niveles de endeudamiento, no tienen acceso a fuentes alternativas de financiación.

Las primeras estimaciones indican que serían necesarias nuevas aportaciones para un volumen de financiación de entre 2.500 y 25.000 millones de dólares estadounidenses para cubrir las necesidades más inmediatas ante un posible incremento del costo de importaciones de entre 10% y 100%, y garantizar de este modo la seguridad alimentaria en aquellos países expuestos a mayores riesgos. Serían elegibles los países importadores de alimentos en los grupos de ingresos bajos y medianos de la clasificación de ingresos del Banco Mundial, extendiendo la elegibilidad también a los países importadores netos de alimentos miembros de la Asociación Internacional de Fomento, la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres.

Este fondo complementaría los mecanismos existentes en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y se activaría únicamente en caso de necesidades urgentes. Asimismo, el FFIA tendría como objetivo la resiliencia futura, ya que los países beneficiarios tendrían que comprometerse a invertir en sistemas agroalimentarios sostenibles.

En suma, la comunidad internacional debe asignar nuevos recursos para sostener la producción agraria en contextos de crisis, así como invertir más en nuevas tecnologías y en sistemas más transparentes de información sobre los mercados, para poner freno a la crisis actual y evitar que se repita en los mismos términos en el futuro.

Las cadenas de suministro agroalimentario y las cadenas de valor deben fortalecerse en todo el mundo, con la participación de los sectores público y privado, en apoyo de los pequeños agricultores y los hogares.

Máximo Torero es economista jefe de FAO.