A la vuelta de la esquina: el dolor real de la inseguridad alimentaria

“De golpe y porrazo, me vi en la necesidad de que me hicieran un realojo, y terminé dándole la comida a mi hijo en una olla popular, lo cual me llena de orgullo, me da dignidad”, señala Andrea al contar su experiencia como comensal en una olla de Cuenca Casavalle.¹ Andrea es una de las más de 100.000 personas de bajos ingresos que se alimentan en las ollas colectivas creadas en Uruguay para minimizar el impacto de la pandemia en los hogares más empobrecidos.

La evidencia científica muestra que la malnutrición y la falta de micronutrientes llevan a una insuficiencia alimentaria que no sólo deja a las personas más vulnerables a las enfermedades, sino que les genera un deterioro en su capacidad de relación humana, trabajo y bienestar. Son factores que inciden desde el embarazo y la niñez temprana, con daños en la formación del cerebro, trastornos morfológicos, físicos, funcionales y cognitivos.

En ese sentido, Uruguay fue pionero en la incorporación de normativas y políticas para garantizar el derecho humano a la alimentación, iniciativas que después fueron replicadas en la región.

La emergencia social generada por la pandemia de covid-19 provocó la eclosión de graves problemas de insuficiencia alimentaria en la población vulnerada. Los datos relevados en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) son alarmantes: en el primer año de la pandemia en Uruguay, 800.000 personas padecieron inseguridad alimentaria y 200.000, insuficiencia alimentaria grave (es decir, no comieron todos los días).

La respuesta social inmediata y espontánea a esta urgencia nació en distintos colectivos de la sociedad civil, sobre la base de iniciativas vecinales con fuertes aportes del comercio local y con un intenso y comprometido activismo, en el se que destaca la labor incansable de un alto número de referentes mujeres, al tiempo que los distintos ámbitos del Estado organizaban sus propias propuestas de acompañamiento.

Las ollas y merenderos existentes comenzaron a construir redes, que, a su vez, organizaron la logística de recepción, acopio y distribución de alimentos. La gran mayoría de estas se articularon en Ollas por una Vida Digna, conformada por la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos, que generó articulaciones y enlaces eficaces con los colectivos zonales, otras redes barriales independientes, el sector privado, sindicatos, intendencias y el Estado.

Sin duda, la actuación de la sociedad civil uruguaya alcanzó un carácter inusual de amplitud y profundidad de iniciativas de base y de autogestión social, así como de respuesta pública de asistencia gratuita con alimentos.

La emergencia social que no cede

Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para combatir la emergencia, el rebote de crecimiento económico iniciado en 2021, la recuperación del empleo, sus impactos iniciales en la caída de la pobreza alcanzada en la pandemia en 2020 −aunque todavía superior al nivel de 2019− y la “normalización” económica en un contexto de alza de precios y alto dinamismo de las exportaciones ubicaron las expectativas de los gobernantes y el sector político en la espera de una progresiva baja de la demanda alimentaria.

Sin embargo, a mediados de 2022 se vio un cambio de las proyecciones de mejoría y de la percepción pública sobre la situación que viven muchos habitantes de nuestro país. Es difícil discernir los efectos externos de los endógenos y ponderar el impacto real de las medidas en la persistencia de la inseguridad alimentaria, pero tras la pandemia, los impactos prevalecientes de la guerra de Ucrania en los precios, la inflación global y la estanflación se sienten directamente en la insuficiencia alimentaria de algunos países. También en el nuestro.

Entre mayo y junio de este año, Uruguay siguió la tendencia mundial de una moderación muy leve del alza de precios dentro de la tendencia inflacionaria. Pero los precios de alimentos continuaron liderando el incremento. Por otra parte, en mayo se observó una fuerte caída anual del consumo, que promedió 5% en todo el país, y una caída de 9% del consumo del comercio minorista. En el caso de Montevideo, solamente la observación de la caída del consumo general anual hacia junio de 2022 muestra la desigualdad y asimetría socioespacial. Al promediar el invierno de 2022, los indicadores disponibles señalan que los problemas de insuficiencia alimentaria se mantienen constantes y continúan los indicios de hambre e insuficiencia alimentaria grave. Una carencia, por cierto, en un país donde se producen más alimentos de lo que se requiere para salvaguardar la cobertura de la población.

En ese escenario, tanto el gobierno nacional como la Intendencia de Montevideo (IM) continuaron con las medidas específicas de asistencia alimentaria, principalmente con las ollas populares, aunque no exclusivamente con estas.

Cuenca Casavalle y Los Bulevares

Dos colectivos activos y enraizados de ollas y merenderos populares siguen comprometidos con intensidad en labores de asistencia alimentaria en Cuenca Casavalle y Los Bulevares, junto con las organizaciones El Abrojo y la Obra Ecuménica Barrio Borro, y el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que desde 2021 apoyan la iniciativa, en particular, haciendo hincapié en la importancia del liderazgo de las referentes mujeres, que son hoy cerca de 70% del sostén de las ollas y merenderos.

Los espacios barriales de Cuenca Casavalle (en el noreste, municipios D y F) y Los Bulevares (en el oeste, municipio A) simbolizan los desafíos que se repiten, con particularidades, en todas las periferias de la región metropolitana de Montevideo, Canelones, San José y muchas ciudades del territorio nacional.

Los municipios A, D y F concentran 72% del total de las ollas relevadas por el Plan ABC de la IM. En estos espacios se atiende en promedio a cerca de 30.000 comensales por día. A pesar de la elevada cantidad de asistentes diarios, en 82% de las ollas y/o merenderos trabajan diez o menos personas, un número que continúa descendiendo por el cansancio y desgaste acumulado de quienes sostienen la tarea.

Los datos sobre la demanda de estos espacios para recibir un plato de comida no son muy alentadores. En Montevideo y la región metropolitana, en la primera quincena de julio se mantuvo la demanda alimentaria constante en relación con las de 2020 y 2021.

En mayo de este año, la Coordinadora Popular y Solidaria ofreció 86.090 porciones de comida a la semana en las 189 ollas y merenderos que nuclea; en junio, el gobierno nacional suministró 142.614 porciones en 380 ollas de la región metropolitana y, en julio, aún sin haber culminado el mes, el Plan ABC había provisto alimentos a 305 ollas y merenderos, 122.000 porciones por semana a ollas y 97.000 meriendas. Es crucial que los esfuerzos no decaigan hasta terminar el invierno, pero vale la pregunta de qué pasaría si las mujeres no sostuvieran las ollas cotidianamente y cuáles son las expectativas de las personas que sufren inseguridad alimentaria.

El rol de las mujeres en las ollas

“No me acostumbro a ver a los niños en la calle descalzos, yendo a comer la comida, o que van y te preguntan si hoy cocinás, y cuando respondés que no, te dicen ‘¿me podés dar para que mi mamá cocine?”. A eso no se acostumbra ni lo hará nunca Mariela, una de las mujeres referentes de las ollas en Cuenca Casavalle.

Como Mariela, las activistas de las ollas lideran amplios procesos de creación de confianza social vecinal y de apoyo humano ante todos los problemas cotidianos de la sobrevivencia y de la vida. Desde la pérdida de trabajo, pasando por los problemas de adicciones, la inseguridad pública cotidiana o la violencia basada en género. Pero no sólo: también la celebración de logros, como las fiestas de inicios de cursos o los buenos resultados educativos o deportivos individuales, familiares y comunales. Más allá de la experiencia del alimento compartido, se construye la esperanza y la mediación de abajo, de la sociedad civil, supliendo los vacíos del Estado y el mercado.

Hay una persistencia de factores estructurales que exceden la inseguridad alimentaria. Las personas referentes de las ollas y merenderos señalan que la magnitud de la fila para comer fluctúa según la altura del mes: muy distinta es su extensión hasta el día 10 y otra luego del día 20, lo que da cuenta del alcance de la matriz de protección y de su impacto directo en las condiciones materiales de vida. Asimismo, hay problemas de empleabilidad: se señala tanto la escasez de los jornales solidarios como el abuso de contrataciones temporales por empresas que vuelven efímera la estabilidad laboral y permanente la precariedad social. Pero la raíz de los problemas estructurales está en la vulnerabilidad asociada a la segregación socioespacial y el rezago educativo, transmitidos de generación a generación a partir de procesos iniciados hace 50 años.

En el día a día se impone recalificar la acción pública. Las zonas pueden expresar las dificultades, el hambre continúa y la demanda alimentaria sigue haciendo fila. La malla solidaria se sostiene con la contribución de múltiples actores, como el comercio local, que ha reducido su participación una vez despejados los peores temores de contagio de la pandemia y la retracción del consumo en los barrios. Hoy la conversación gira en torno a que los seguros de paro llegan a su fin, el trabajo no abunda y no podemos renunciar al derecho a comer en casa.

Vecinas y vecinos, organizaciones de la sociedad civil y del movimiento sindical han mostrado una firme presencia en respuesta al hambre, invirtiendo casi todos sus recursos disponibles y agotando su stock de resiliencia social. También organizaciones como la Red de Alimentos Compartidos (Redalco), la Unidad Alimentaria de Montevideo y comercios de la zona aportan a esta tarea. Por su parte, la IM, por medio del Plan ABC, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por medio de Uruguay Adelante y otras prestaciones sociales, contribuyen a la respuesta desde el Estado. Sin embargo, en la percepción de quienes sostienen las ollas, los insumos recibidos no siempre tienen las propiedades nutricionales requeridas. Hay un desafío de mejora de los alimentos y, en ocasiones, de cobertura: sienten que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente y sin la debida calidad.

En este escenario y en época de Rendición de Cuentas es importante identificar si hay cambios, reforzamientos, abandono o sentido de responsabilidad en las estrategias de seguridad alimentaria implementadas. Incluyendo también a las empresas en el marco de su responsabilidad social empresarial.

En el Uruguay del 2022 la respuesta al hambre y la acción para una alimentación de calidad se recuesta, en su gran mayoría, en las manos y la solidaridad organizada de vecinas, y de vecinos y organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, cuya entrega y sacrificio parecen inagotables, tanto como su facultad para sintonizar con las necesidades sentidas de la sociedad en tiempos de tormenta mundial e incertidumbre a la vuelta de la esquina.

Estos colectivos barriales cuentan con la capacidad para gestionar y organizar turnos de trabajo, inventiva para cubrir costos logísticos y así acceder a los insumos que dispone el sistema de actores públicos y privados (son, a veces, colectas de a peso para pagar fletes y llegar, por ejemplo, a los bienes financiados por Mides). Pero sobre todas las cosas, ostentan un sentido de solidaridad y responsabilidad hacia las demás personas, mientras se preguntan hasta cuándo será necesaria la olla.

Uruguay sigue teniendo adelante un desafío fundamental y elemental: garantizar y asegurar el derecho humano y ciudadano a la alimentación, y reconocer a quienes luchan todos los días por la vida humana y su dignidad. Sin una acción decidida y potente de respuesta, el desafío se torna una tensión persistente que impacta el presente y condiciona el futuro de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en mayor desventaja social.

Valeria Caggiano integra El Abrojo, Marina Seguí integra la Obra Ecuménica Barrio Borro, Eduardo de León es consultor.