El lunes serán interpelados los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, convocados a dar explicaciones sobre el otorgamiento a Sebastián Marset de un pasaporte uruguayo cuando estaba preso en Dubái, a fines del año pasado, y era investigado como narcotraficante internacional.

Marset, que está prófugo y es requerido por Interpol desde que el documento uruguayo le permitió quedar libre en Emiratos Árabes Unidos (justo a tiempo para no ser deportado), tiene una década de antecedentes en Uruguay vinculados al narcotráfico, y desde 2013 se lo ha investigado por ese delito en escala internacional, con participación de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas uruguaya.

Estuvo preso en nuestro país por su participación en el traslado clandestino de 450 kilos de marihuana, procedente de Paraguay. Tras cumplir su condena, comenzó a operar en ese país y en otros de la región como uno de los líderes de una gran organización criminal desbaratada en febrero de este año, que se dedicaba al tráfico de drogas y al lavado de dinero, según informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) paraguaya.

La organización, a la que se le incautaron bienes cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares, traficaba drogas en gran escala, con envíos a Europa y África, a menudo en contenedores de productos agropecuarios legales. Para esto hicieron falta, entre otras cosas, capital, tierras, capacidad de acciones violentas y vinculaciones, tanto con políticos y funcionarios como con productores dispuestos a que cargamentos de drogas “contaminaran” sus exportaciones. Qué aportes de Marset lo llevaron a las alturas, antes de cumplir sus actuales 31 años, aún no se sabe del todo.

En marzo de este año, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores se atribuyeron mutuamente responsabilidades por la concesión del pasaporte. Ahora Heber alega, como suele hacer muy a menudo el oficialismo, que la culpa fue del Frente Amplio, y en particular de un decreto emitido en 2014, durante la presidencia de José Mujica, sobre los requisitos para otorgar esos documentos a uruguayos que estén el exterior.

El ministro dice que, por lo dispuesto en ese decreto, la decisión de darle un pasaporte a Marset fue “jurídicamente válida”, pese a las advertencias de diplomáticos uruguayos y paraguayos, y a que el Ministerio del Interior estaba cooperando con la investigación de la Senad y la DEA.

Heber fue entrevistado el viernes por Emiliano Cotelo en el programa radial En perspectiva y preguntó, en forma desconcertante, “¿qué tiene que ver el narcotráfico con la política?”. En el mundo entero tiene mucho que ver, y el ministro debería saberlo. En Uruguay, está por verse.

Lo mejor que puede pasar el lunes es que el llamado a sala demuestre, sin que quede lugar a dudas, que hubo incompetencia e imprudencia en la actuación estatal. Las otras posibles explicaciones serían mucho más graves.