Las tijeras del herrerismo: el recorte en educación y sus efectos

El Parlamento se encuentra en proceso de discusión del proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. A nivel educativo el mensaje del gobierno es claro: no hay recursos para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica recibe menos de lo que solicita y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) observa cómo sigue cayendo su presupuesto. En resumen, continúa el recorte en educación propuesto por la coalición de gobierno multicolor. Con base en datos del centro de estudios etcétera,¹ el gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) cayó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) desde 2019. Y recortar dinero se traduce en cercenar oportunidades para nuestra niñez y adolescencia.

El plan recorte

“Ratifico que no existe recorte en la asignación presupuestal de la ANEP”,² fue lo que afirmó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, en la comparecencia del organismo a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. Sin embargo, los números presentados por la propia ANEP son claros al respecto. La asignación presupuestal se reduce desde 2020 y la ejecución, es decir, lo que efectivamente se gastó, ha tenido una disminución de 150 millones de dólares en los últimos dos años. El país destina mucho menos dinero a la educación pública y el propio Silva lo reconoce: “En valores constantes hay un descenso”.³

La evidencia internacional es clara al respecto: sin inversión no hay mejora de los procesos educativos. Por ejemplo, una de las diferencias fundamentales entre la educación pública y la privada en Uruguay radica en sus niveles de gasto. Otro dato pertinente: a comienzos de 2019, Eduy21 (algunos de sus referentes forman parte del cuerpo de autoridades del actual gobierno) reclamó el aumento de un punto porcentual del PIB para la educación.⁴ Parece haber poca memoria cuando se afirma que no es necesario invertir más.

Este millonario recorte ha impactado en todos los niveles de la educación, pero directamente ha golpeado a los docentes. Después de 15 años de un constante aumento de salarios, partiendo de sueldos completamente sumergidos, la caída es significativa. Hoy cobran 5,4% menos que hace dos años. Sólo como ejemplo, una maestra efectiva, de grado 1, con 20 horas semanales, en 2022 cobra 2.259 pesos menos que en 2020. Si hacemos el mismo ejercicio para una maestra en grado 4, la reducción es de 3.616 pesos. Y para aquellas que son grado 7 la diferencia es de 3.713 pesos. Esto se extiende a todos los niveles y subsistemas, es decir, a todo el colectivo docente y no docente de la ANEP. Si el preacuerdo firmado con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay es ratificado, los docentes recibirán en 2025 lo mismo que percibían en 2020. ¡Los mejores cinco años de tu vida!

Las restricciones en la inversión también han afectado lo que el organismo destina para cada estudiante. En 2019 el monto ascendía a 120.690 pesos. En 2021 fue de 116.173 pesos, una reducción de 6.561 pesos por estudiante de la ANEP. La caída se observa en todos los subsistemas, pero en el Consejo de Formación en Educación alcanza 14.364 pesos y en UTU 8.349 pesos menos por estudiante. De esta forma, se rompió con una tendencia incremental sostenida durante 15 años. ¿Se puede mantener la idea de que “no hay recorte”?

A esto debemos sumar un número importante de medidas tomadas por las autoridades que a diario repercuten directamente sobre el vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes. La reducción temporal de los contratos del Programa de Maestras Comunitarias, la eliminación de dos horas de coordinación para los docentes de educación media, la disminución en horas de coro, de profesor orientador bibliográfico, de profesor orientador en informática y tecnología educativa... Estos recortes afectan los procesos de aprendizaje y van de la mano de la disminución de presupuesto.

¿Qué dicen los números de Inicial y Primaria?

Tras 15 años de gobierno del Frente Amplio, el año 2019 cerró con algunos indicadores muy satisfactorios. Datos que son concreción de esfuerzos realizados por toda la sociedad a través de políticas públicas. Grandes desafíos quedaron planteados, pero también una enorme construcción de realidades, fruto de la labor de muchas personas.

Entre otras cosas, un enorme aumento de la cobertura sobre todo en la franja de tres y cuatro años, la ampliación de las escuelas de tiempo completo y extendido, un marcado descenso en la repetición y una significativa reducción de las brechas entre las niñas y los niños de diferentes quintiles son algunas de las metas consolidadas.

Los resultados publicados recientemente por el Monitor Educativo de Inicial y Primaria muestran una señal de alerta, que rompe con las tendencias experimentadas en la última década y que afectan directamente a las niñas y los niños de los sectores más vulnerables.

Sin desconocer los efectos provocados por la emergencia sanitaria ocurrida a partir de marzo de 2020, miramos con preocupación algunos datos que revierten tendencias muy positivas.

Que la brecha no se haga grieta

Las obras iniciadas en el último período de gobierno del Frente Amplio han comenzado a inaugurarse: 34 jardines nuevos para primera infancia (197 en 2019 a 231 en 2021), 23 nuevas escuelas de tiempo completo y extendido (284 en 2019 y 307 en 2021), una política de inversión en infraestructura que redunda directamente en una mejora de la calidad del sistema educativo.

Otros datos no son tan alentadores. Los resultados difundidos a través del Monitor Educativo de Inicial y Primaria –más allá de indicadores particulares– dejan en evidencia, otra vez, un problema social que obviamente se visualiza de manera clara en el sistema educativo. Desde 2020, la brecha entre niñas y niños de los hogares más desposeídos y los de los más beneficiados se ha ampliado. En pocas palabras, los más pobres están peor.

¿Peor en qué sentido? Comencemos. Si tomamos el año 2019, en condiciones normales de prepandemia, la matrícula en educación inicial muestra un marcado descenso. En cinco años se mantiene estable, pero se reduce en tres (1.169 menos) y cuatro (1.848 menos menos). La tendencia de la última década fue un creciente aumento, incluso hasta 2020. Se puede argumentar el efecto de la pandemia y la natalidad, pero para eso debemos mirar qué pasa con la cobertura, que toma en cuenta el porcentaje de matriculados en relación a la población total para una edad determinada. Ese dato no lo tenemos disponible en el Monitor Educativo de Inicial y Primaria, pero sí en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y, si bien aún no está publicado el dato para 2021, en 2020 la cobertura cayó en tres, cuatro y cinco años. Esto quiere decir que, eliminando el efecto provocado por la baja en los nacimientos, hay menos niñas y niños matriculados en centros educativos.

Otro dato relevante es el indicador de repetición en primaria. Desde 2002 la reprobación de 1º a 6º ha ido descendiendo hasta alcanzar una marca histórica de 3,47% en 2019. En los dos últimos años esa cifra subió, y se ubicó en 4,43% para 2021. Este crecimiento, pese al contexto, es suficientemente preocupante como para generar alarma. Pero la situación es aún más grave si se analiza en detalle este indicador según los diferentes sectores socioculturales.

La gráfica ilustra la tasa de repetición de 1º a 6º según quintiles socioculturales, donde se evidencia que los sectores más vulnerables han sido los más afectados. En particular, el más golpeado resulta ser el quintil 1, que es el contexto sociocultural más desfavorecido. Desde 2002 se registró una tendencia a la baja de este indicador, donde para este año en específico la brecha en la tasa de repetición entre los quintiles más extremos era de 11,3 p. p. Conforme pasaron los años, la brecha mantuvo una baja sistemática, hasta lograr un registro mínimo en 2019 de 3,7 p. p. Esto reflejaba un panorama de mayor igualdad entre los diferentes sectores de vulnerabilidad, sobre todo entre los más extremos. Lamentablemente, este escenario sensiblemente más igualitario que períodos anteriores se retrajo para 2021, cuando, además de incrementarse la tasa de repetición, también aumentó la brecha entre la población escolar perteneciente a los quintiles socioculturales más extremos. En resumen, entre 2002 y 2019 las brechas se redujeron en cerca de ocho p. p. En dos años (2020-2021), esa misma brecha aumentó en casi dos p. p. Estos números muestran a las claras de qué manera ha afectado a la escuela pública la crisis económica que golpea al país. Las niñas y los niños de los hogares más vulnerables siguen siendo los más perjudicados.

En una línea similar se plantea la asistencia de los estudiantes. Las escuelas Aprender, aquellas de contexto más desfavorable, muestran una mayor inasistencia que las que están en mejor situación socioeconómica.

El Monitor Educativo de Inicial y Primaria no actualizó los datos sobre asistencia insuficiente y abandono intermitente (que llegan hasta 2019) ni a nivel global, ni por tipo de escuela, ni por quintil de ingreso. Es información estratégica para comprender la situación de nuestras escuelas y sus estudiantes, pero no aparece.

¿Cuál es el papel del Estado?

El cierre de los centros educativos y la carencia de muchos hogares para tener acceso a conexión o equipos alejó a los estudiantes de sus maestras. Las consecuencias de la escasa y lenta respuesta de las autoridades se comienzan a observar. Ante una situación extraordinaria se debieron tomar medidas extraordinarias.

Mientras tanto, se votaba la ley de urgente consideración, que, entre otras cosas, eliminó la participación de las docentes en los desconcentrados, cercenando la visión de aquellas que se encuentran más cerca del proceso educativo y de las necesidades de sus estudiantes.

Se ha desarrollado una política sistemática de persecución y criminalización de los docentes organizados, buscando poner el foco en los sindicatos y no en las acciones de las autoridades.

Estamos en medio de un proceso de “transformación educativa” proyectada en tiempo relámpago, con programas que serán elaborados en días para poder ser aplicados a partir de 2023. Sin apoyo de las Asambleas Técnico Docentes ni de estudiantes. Mientras tanto, el gobierno multicolor sigue recortando presupuesto al sistema educativo.

Los datos que arroja el Monitor Educativo de Inicial y Primaria son una señal de alerta que debe hacer reaccionar a las autoridades de la educación y al gobierno central. No es posible cumplir con el derecho a la educación reduciendo el presupuesto. Mejorar la calidad del sistema implica invertir recursos: locales, alimentación, docentes, equipos multidisciplinarios y un largo etcétera. Los reclamos de quienes fueron oposición en el pasado parece que fueron olvidados.

Es imprescindible incrementar el financiamiento educativo (en el marco de una nueva Rendición de Cuentas) y generar políticas que permitan atacar directamente los efectos generados por la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país.

Sebastián Sabini es docente y senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.

https://www.subrayado.com.uy/eduy-21-propone-blindar-el-cambio-educativo-presupuesto-adicional-1-del-pbi-n522896.