Nos gustaría compartir algunas conclusiones tras la aprobación en Diputados de la Rendición de Cuentas.

Las partidas presupuestales adicionales que vienen en esta rendición no alcanzan a cubrir los recortes practicados en los primeros dos años y medio de gobierno. La pérdida de masa salarial y la caída de inversiones y de gastos de funcionamiento del Estado superan por mucho los incrementos que el gobierno proclama, como siempre con autobombo. ¡Rendición de crecimiento, le dicen!

El contexto en el que se da esta Rendición de Cuentas es de crecimiento: el producto interno bruto (PIB) crece, hay cifras récord de exportación y precios altos de los productos que Uruguay exporta. Cuando los partidos del actual gobierno eran oposición criticaban que el Frente Amplio hacía poco respecto del gran “viento de cola” que significaba el crecimiento del PIB. ¿Y ahora? No resisten archivo.

Pero veamos un poco cómo todo este crecimiento es apropiado sólo por unos pocos y no redistribuido vía salario o gasto público en las políticas públicas que elige llevar adelante este gobierno de coalición.

Hoy el crecimiento de exportaciones sólo alimenta el crecimiento de los depósitos bancarios en la plaza local y extranjera. El récord de los depósitos superó los 3.000 millones de dólares, la mitad de ellos concentrada en las cuentas mayores a 250.000 dólares. Esto significa que la concentración de la riqueza se profundizó en esta etapa de recuperación de la economía, negando que haya habido derrame.

El salario real cae, dicho por el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres: 75% de los asalariados privados perdieron poder de compra respecto de 2020. O sea, hasta comparando la gestión de este gobierno consigo misma los resultados son malos.

Cinco años de distribución injusta del ingreso es mala noticia, es cierto, y nos preocupa, tanto más cuando se viene acumulando un lastre que cualquier otro próximo gobierno deberá encarar.

Son innumerables las áreas en las que la administración actual dejará de herencia a la siguiente un vacío difícil de llenar. El incremento de asesinatos dejará una sociedad más violenta, una reforma de la enseñanza hecha desde el escritorio (y copiando) nos dejará una sociedad con menos posibilidades de desarrollo y mucho más injusta. Un gobierno que transforma los comedores escolares en guetos para pobres y no en una actividad integradora, donde los niños aprendan a verse como iguales, nos hará menos democráticos y sí, otra vez, más violentos.

Puede sonar lejano en la historia, pero en muchos momentos se dieron las contradicciones entre un Estado que garantizara derechos universales o un Estado concentrador y liberal. Ahora brotan de nuevo las viejas raíces de la derecha, aliada a la oligarquía y al poder militar. Nunca se fueron.

Las partidas presupuestales adicionales que vienen en esta rendición no alcanzan a cubrir los recortes practicados en los primeros dos años y medio de gobierno.

Para ejemplificar mejor “los agujeros que van dejando”, vamos a concentrarnos sólo en tres empresas públicas: UTE, Antel y OSE. La destrucción de sus capacidades implica peores servicios para todos y todas, pérdida de ingresos para el Estado y, por lo tanto, impactos en otras áreas de las políticas públicas y, fundamentalmente, pérdida de soberanía: todo lo que nuestras empresas públicas no hagan será absorbido por privados, muy probablemente, transnacionales.

UTE

Denunciamos la mala gestión que es visible hoy cuando existen problemas con los transformadores, hay quiebre de stock: por imprevisión, UTE no tendría para reponer estos elementos por varios meses. Esto impacta las subestaciones: los transformadores se van quemando por el alto consumo que es habitual durante los meses de invierno. La zona oeste de Montevideo es la que presenta mayores problemas, por ser la zona más poblada y con población de menores recursos, donde el uso de la energía eléctrica es mayor porque es la que se puede financiar o diferir el pago, a diferencia del supergás.

A lo anterior se le podría llamar abandono de la población de menores recursos. ¿Cuál es la contracara? El surgimiento de una política de “clientes libres”, que puede resumirse en que UTE salió a ofrecer rebajas tarifarias a grandes clientes con la excusa de que podrían irse con algún otro proveedor (antes de que “el otro proveedor” apareciera). En resumen, UTE rebaja la tarifa a grandes consumidores como Ipusa, Efice, Coca-Cola y Central Lanera mientras desprotege a la mayoría de la población.

Antel

La empresa estatal de telecomunicaciones pasó de hacer punta en inversión y renovación tecnológica al estancamiento. Pongamos como ejemplo el freno puesto a la implementación del 5G. Esta tecnología se caracteriza por un aumento de la velocidad de transmisión de la información, por la densidad de aparatos que se pueden conectar y la disminución de la latencia (inmediatez de la comunicación). Antel dispone de un gran despliegue de fibra óptica y de una red robusta de antenas LTE adecuadas para la adopción de esta nueva tecnología. Posiblemente, el Poder Ejecutivo esté mandatando a Antel a demorar el lanzamiento comercial del 5G a la espera de que se modifique la regulación del sector y contemplar las demandas de las empresas privadas, y para ello se utiliza la excusa de la falta de espectro.

Por su parte, las empresas que compiten con Antel han expresado que no disponen de suficientes redes de fibra óptica para comenzar y proponen compartir la infraestructura de fibra de Antel. Las autoridades de gobierno se han mostrado favorables a este planteo mediante distintas iniciativas que aún no han cuajado en el ámbito parlamentario. Pero es de esperar que el cántaro seguirá yendo a la fuente hasta romperse. Cuando en 2023 o 2024 se implemente esta tecnología, los privados ya estarán preparados para empezar.

Ninguna novedad: se ha dado un freno abrupto al crecimiento de Antel en beneficio de las empresas transnacionales amigas.

OSE

OSE ha recibido más de 20 iniciativas privadas para hacerse cargo de diversas áreas del servicio. Las iniciativas se presentan al amparo de la Ley 17.555 de 2002, anterior a la reforma constitucional de 2004, y que no compatibiliza con ella. Si consideramos que OSE, al igual que todo el Estado, ha quedado frenada por efecto de los recortes de personal, inversiones y gastos de funcionamiento, y al mismo tiempo se abre a todo tipo de iniciativas privadas, puede decirse que el Estado ha hecho abandono de las políticas públicas en materia de agua y saneamiento, a contrapelo de lo que exige la Constitución.

La iniciativa que más ha trascendido ha sido el Proyecto Neptuno, una nueva potabilizadora que tomaría el agua desde el Río de la Plata. Es altamente preocupante que no sepamos nada de las restantes iniciativas. El Directorio de OSE ha sido totalmente reticente a contestar las consultas del Parlamento. Si Neptuno es el botón de la muestra, lo único que podemos esperar es que OSE quede estrangulada con obligaciones contractuales que la agoten financieramente y que la operación de los servicios se vea profundamente deteriorada.

En una de mis intervenciones en la cámara, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, dije que estábamos ante un “saqueo exitoso”. Hubo quejas de la bancada oficialista por el término utilizado, así que repetiré aquí la reformulación de la frase: “Se extrae recursos de las mayorías para entregárselos a las minorías”. Es el gobierno del Malla Oro.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.