Asalto a la razón

El capitalismo del siglo XXI adquiere la forma neoliberal. Es un modelo totalizante que –en parte– deja de lado el disciplinamiento tradicional y lo sustituye por la psicopolítica como forma de gobierno. Como señala el filósofo coreano Byung-Chul Han: “La motivación, el proyecto, la competencia, la optimización y la iniciativa son inherentes a la técnica de dominación psicopolítica del régimen neoliberal”.¹

El mismo pensador asocia a los procesos productivos del capitalismo del siglo XX con la racionalidad y la estabilidad. Le opone la “emocionalidad” y la inestabilidad, la forma que adquiere la producción actual. Dice: “La economía neoliberal, que en pos del incremento de la producción permanentemente destruye continuidad y construye inestabilidad, impulsa la emocionalización del proceso productivo. Asimismo, la aceleración de la comunicación favorece su emocionalización, ya que la racionalidad es más lenta que la emocionalidad. La racionalidad es, en cierto modo, sin velocidad. De ahí que el impulso acelerador lleve a la dictadura de la emoción”.

Culmina así el proceso de degradación ideológica de la burguesía que Georg Lukács llamó “el asalto a la razón”.² No adquiere la forma del nazismo como señala el filósofo húngaro, sino el férreo control psicosocial que denuncia el coreano. Es interesante observar esta involución; pretende conducirnos a un mundo en el que nos sentimos felices porque podemos consumir, compitiendo despiadadamente con otros que intentan llegar a nuestro nivel de consumo. Una sociedad que idolatra el “emprendedurismo”, condena a los marginados y los culpabiliza de su “fracaso”. En fin, un planeta en el que la concentración de la economía llega a límites grotescos; el 1% de la población concentra más de 50% de la riqueza. Es decir, el 1% posee más que el restante 99%. Ni que hablar de las desastrosas consecuencias que la organización productiva tiene sobre las miserias humanas y la salud de la Madre Tierra.

Esa base es la que sustenta la superestructura actual, regida por los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras organizaciones transnacionales. Dicha organización tiene un Comité de Competencia cuyo “objetivo esencial es promoverla como principio organizador de las economías, para aumentar el crecimiento y el empleo para hacer que las economías sean más flexibles e innovadoras”.³ Uruguay no integra la OCDE, pero participa con entusiasmo en las pruebas PISA, que dicha organización promueve. El organismo nos propone como solución educativa la instauración de los currículos por competencias. Al decir de Han: “La motivación, el proyecto, la competencia, la optimización y la iniciativa” como elemento central de la educación. Es decir: abandonar la razón (las lentas disciplinas) y pasarse a la emoción.

En todo el mundo, diferentes instituciones privadas se dedican a fomentar ese enfoque. La principal organización que trabaja en ese sentido en nuestro país es Eduy21, un think tank que se autodefine como “una iniciativa ciudadana que impulsa la transformación del sistema educativo del Uruguay”. Está conformado por personas vinculadas a diferentes partidos políticos que se destacan en el quehacer académico y cultural; entre ellos el ministro de Educación y Cultura, el presidente del Codicen y la directora ejecutiva de Planeamiento Educativo de la ANEP. Los socios académicos son Cinve, la Fundación Astur, ReachingU, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo y la ORT; mientras que los socios contribuyentes son la Bolsa Electrónica de Valores, la Confederación de Cámaras Empresariales, la Fundación Itaú, Zonamérica y la Corporación Navíos SA. Los socios colaboradores son los diarios El País y El Observador, el programa En la mira, el canal Asuntos Públicos de TCC, Lion D’Or, Visa, Oca y la empresa de software IDATHA.⁴

Con esa lista de apoyos es de esperar que tenga una amplia influencia y no es de extrañar, entonces, que la llamada “transformación educativa” que impulsa la mayoría del Consejo Directivo Central de la ANEP tenga gran parte de su sustento en ideas que maneja Eduy21.

El 8 de abril de 2018, en un artículo titulado “Rompan todo: el plan de Eduy21 para la educación”,⁵ el diario El País entrevista a cuatro integrantes de la organización de la que es socio colaborador. Allí “realizan un adelanto del nuevo plan”. Es recomendable la lectura para comprender los cambios que se están produciendo en la ANEP, que son los adelantados en ese artículo periodístico. Como guía sólo indicamos los subtítulos: 1) Marco Curricular Común; 2) cambios en la gobernanza (más poder al MEC); 3) autonomía de los centros; 4) cambio del modo de trabajo; 5) educar en competencias; 6) cargos radicados en los centros; 7) educación universitaria (para docentes); 8) eliminar la repetición; 9) redistribución presupuestal.

Viviendo en un país democrático, no objetamos el derecho de ese grupo de ciudadanos y de empresas a organizarse para defender sus ideas sobre la educación e intentar que se lleven a la práctica. Pero quienes no compartimos los puntos de vista del think tank tenemos derecho a pensar que las empresas que lo apoyan expresan su visión de la sociedad y promueven una transformación educativa que coincide con sus intereses; los de los “malla oro”, según la infeliz expresión que está en boga y que refleja las ideas del gobierno en materia socioeconómica.

A la luz de lo comentado y teniendo en cuenta la lista de organizaciones, empresas y colaboradores que apoyan al grupo de influencia al que me referí anteriormente, creo que debemos entender el debate en torno a la transformación educativa que se está realizando en Uruguay. Las nuevas formas de producción, lideradas por los países de la OCDE, usan como evidencia para tomar medidas educativas las pruebas PISA y proponen como solución los currículos por competencias. El Marco Curricular Nacional (MCN), que el Codicen aprobó por mayoría el 12 de agosto, se estructura en torno a diez competencias: seis que se refieren al “dominio del pensamiento y la comunicación”, cuatro al “dominio del relacionamiento y la acción”.

La metodología para desarrollar la “transformación” también tiene que ver con la “emocionalización”. Hay una campaña para culpabilizar a la educación pública de las “inequidades” y la pobreza cultural y un ataque a sus trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan. También se insiste en la inminente necesidad del cambio educativo, tal como lo entiende el conglomerado citado que, como se ve, cuenta con medios de comunicación y apoyo económico de importantes empresas privadas. De paso, se exime de responsabilidad al sistema que genera la miseria y la catástrofe cultural que la acompaña.

Byung-Chul Han vive en Alemania y escribe en alemán. Su agudo pensamiento está impregnado de eurocentrismo, por lo tanto de pesimismo. Europa es hoy un instrumento de la política exterior norteamericana y es muy difícil que contribuya a la liberación de la humanidad. Dice el filósofo: “En el régimen neoliberal de la autoexplotación uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo”.

Como latinoamericanos tenemos una impresión diferente, avalada por la praxis. Nuestra América “que tenía poetas desde los tiempos de Netzahualcoyotl”⁶ cuenta con la resiliencia de los pueblos precolombinos, la potencia cultural de los africanos, el aporte de los expulsados por el Viejo Mundo y toques de inmigrantes orientales. Hoy tiene una real posibilidad de generar una alternativa posneoliberal, polifacética y multicultural. Un proyecto político y social liberador con una metodología de participación popular que profundiza la democracia, poniendo como protagonistas a las organizaciones del pueblo que expresan ese friso multifacético, con su correlato pedagógico. Quienes pensamos así levantamos nuestra “pedagogía del oprimido”,⁷ que se transforma en una “pedagogía de la esperanza”;8 una construcción popular en la que es el pueblo el que le enseña al Estado.

Se trata de una parte de la sociedad uruguaya cuyos intereses están representados por el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), los gremios estudiantiles de la educación media y formación docente, los feminismos, las expresiones de la diversidad sexual, la cultura juvenil, los clubes de barrio, los merenderos y las ollas populares, los pequeños empresarios y los llamados cuentapropistas, etcétera. Todo ese conglomerado se expresa mediante un proceso participativo que en materia pedagógica se llama Congreso Nacional de Educación y está previsto en los artículos 44 y 45 de la ley 18.437.⁸ El último fue modificado por el artículo 143 de la Ley 19.889⁹ (ley de urgente consideración) que eliminó la obligatoriedad de su convocatoria pero no su función: “El Congreso Nacional de Educación tendrá carácter asesor y consultivo en los temas de aplicación de la presente ley. Podrá ser convocado por la Comisión Coordinadora de la Educación, como máximo una vez por período de gobierno”. Según la ley, dicho organismo “tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía”.

Realizar un congreso de esas características no es una utopía: en 2006 se realizó el primero, denominado Julio Castro, en 2013 el segundo, que llevó el nombre de Reina Reyes, mientras que el tercero fue nombrado Enriqueta Compte y Riqué y se desarrolló en 2017.

Además, la citada ley prevé otro importante mecanismo de participación: en su artículo 70 (con una modificación introducida por el artículo 164 de la LUC), el funcionamiento de las asambleas técnico docentes (ATD) en las diferentes ramas de la ANEP. Cada asamblea es “representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general”. Además las asambleas “serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación o modificación de planes y programas del nivel correspondiente”. Eso dice la ley.

Estos mecanismos de participación, sumados a la autonomía prevista en el artículo 202 de la Constitución, son el camino que pensamos para consolidar una verdadera educación popular. Además, proponemos aplicar el artículo 203 de la misma norma, cuando dice que los consejos directivos pueden ser “electos en la forma que establezca la ley”. Una ANEP que no dependa del gobierno de turno, lo que consolidará la autonomía, verdadera garantía de la laicidad y la libertad de cátedra. Si a la formación de los docentes hay que darle carácter universitario, la vía es la Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada; así lo definió el Congreso Enriqueta Compte y Riqué.

Detrás del encarnizado debate sobre la educación, están en juego diferentes intereses y formas de ver el futuro del país. Se comprende que es difícil visualizar las relaciones entre base y superestructura, hay que argumentar, apelar a la razón y también a la organización popular, elaborar perspectiva ideológica. La construcción de una alternativa es una tarea compleja, en la que no hay atajos. Requiere una empecinada confianza en el pueblo y sus organizaciones. El debate sobre la educación es parte de un enfrentamiento entre dos formas de concebir la democracia. Como sistema formal en el que cada cinco años elegimos a quienes gobiernan y luego actuamos pasivamente, o como un organismo vivo en el que, además de esa elección por un lustro, estamos en constante ebullición para encontrar la plenitud de la vida política y cultural en nuestra república. Se trata de pensar en los caminos colectivos que conduzcan a la mayoría de la sociedad a vivir mejor o, por el contrario, adaptarse pasivamente para “insertarse en una sociedad que se encuentra en permanente transformación y cambio”, como pretende el MCN.

Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP, electo por el colectivo docente.