El pasaporte de Marset: las respuestas que no aparecen

Cada día se comprende menos cómo Sebastián Marset terminó consiguiendo un pasaporte uruguayo válido por diez años.

La interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) por parte del senador Mario Bergara dejó en claro mucha cosa y listó una serie de dudas cuyas respuestas siguen en la nada misma.

Quedó claro que el Estado uruguayo le otorgó un pasaporte a un narcotraficante con profusos antecedentes, preso acá por años, investigado por laPolicía de Uruguay (entre otros países), que se hallaba en una cárcel emiratí por pretender circular con un pasaporte paraguayo falso.

La interpelación probó que sobraban elementos para saber quién era este sujeto, aunque los ministros dijeran que para ellos se trataba de un futbolista uruguayo preso en Emiratos.

Se demostró que nuestro servicio exterior pidió instrucciones expresas e instó a la prudencia. Supimos que el proceso estuvo plagado de excepciones, empezando por la gestión desde una cárcel —aunque la dirección declarada fuese un hotel de Palm Beach, Dubái— hasta la entrega del pasaporte en mano al estudio del doctor Alejandro Balbi, previo encuentro de este con la viceministra Carolina Ache. Entre una punta y otra de la madeja, hubo correos que “empujaron papeles”, un decreto que se leyó a gusto y averiguaciones evidentes que, vaya a saber por qué, se omitieron.

Hasta acá las certezas “viejas” que los medios y el sistema político desentrañaron, a pesar del silencio críptico de las autoridades directamente implicadas.

Las dudas “nuevas”

No hay día en que no amanezcamos con un capítulo nuevo de esta penosa saga, como esas “historias terminadas” que no se cierran nunca.

Supimos que un jerarca de Identificación Civil procuró acelerar el pasaporte luego de reunirse con Balbi.

El fiscal de Corte analizó la versión taquigráfica, las dudas, las explicaciones y definió pasar los antecedentes a la Fiscalía de Crimen Organizado para que investigue.

También habló el presidente Luis Lacalle Pou. Rompió el silencio, a esa altura insostenible, para decir que el caso lo tenía “molesto, enojado y caliente”. Con la misma ajenidad, como si nos gobernaran otras personas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, declaró el 30 de agosto que “es momento de poner las barbas en remojo y ser más cautelosos en la coordinación”.

Por esos mismos días, Brasil aprobó la extradición a Uruguay del narcotraficante Rodrigo Fontana, vinculado a Marset, y el empresario Pedro Pablo Invernizzi fue detenido en Mercedes en el marco de un operativo antidrogas. Invernizzi, quien resultó ser un hombre del clan de Marset, terminó quitándose la vida en su celda días pasados. En octubre de 2013 ya había sido detenido como la conexión Soriano de la operación Halcón. A esta catarata se le podrían agregar las conclusiones de los medios internacionales o el catálogo de detalles y presiones locales, infelices todos ellos.

El 6 de setiembre, la bancada de senadores del Frente Amplio reunió las interrogantes pendientes y presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores un pedido de acceso a la información. Esperemos que hallen respuesta y se eche algo de luz en medio de esta oscuridad.

¿Qué ha hecho, entre tanto, el gobierno?

En este fárrago de certezas viejas y dudas renovadas, la acción del gobierno (en singular) fue modificar la normativa y así “hacer que hace”. Días pasados modificó el mentado decreto de 2014 sobre tramitación de pasaportes, después de insistir con que allí radicaba la culpa de todo este escándalo.

Una primera salvedad evidente: los gobiernos tienen el derecho (y el deber) de rever la normativa, adecuarla y cambiarla cuanto haga falta. El problema es cuando los cambios, como en este caso, obedecen a la necesidad política de dar una supuesta solución, que no soluciona nada porque opera lejos del problema. El cambio de decreto rasca donde no pica.

Cuando estalló el caso Marset hubo que ensayar una excusa y se encontró una norma de la administración frenteamplista. Pero la interpelación dejó en claro que ese decreto, el 129/2014, daba alternativas explícitas sin tener que expedir un pasaporte regular. Quedó claro que con ese mismo decreto se podía haber esperado, expedido un documento único para retornar a Uruguay o habérsele denegado el pasaporte; todas chances que se despreciaron.

¿Qué dispuso el flamante Decreto 9/2022?

Cambiaron esencialmente dos disposiciones: la primera, que no se podrá emitir un pasaporte a los privados de libertad; la segunda, que se pedirá antecedentes judiciales en el lugar donde se encuentre el solicitante. Esto, obviamente, complicará la vida de los uruguayos que se encuentran irregulares o indocumentados en el exterior. Hay personas, emigrantes, trabajadores, casos concretos del otro lado de las palabras. Dicho de otra forma, quedamos peor que antes. El caso Marset sigue en el punto cero, sin nadie que se haga cargo, y ahora se le agrega una gestualidad política innecesaria, que sólo complica las cosas para nuestros compatriotas en el exterior.

Dijimos hace unos días en la diaria que si la amenaza de cambiar el decreto se verificaba, iban a pagar justos por pecadores. Ocurrió.

En conclusión, la ciudadanía hoy se halla entre este cúmulo de información escandalosa y el silencio sepulcral del gobierno. Cualquier uruguayo medianamente informado ya entendió que este episodio no es ni de rutina ni transparente; sin embargo, no hay una sola autoridad a la altura de hacerse cargo de la preocupación ciudadana.

Todos sabemos que la democracia no es un banderín de llegada, sino una construcción que nos implica a todos. Eso no quiere decir que todos tengamos la misma responsabilidad. La calidad de la democracia, su robustez, la hacemos los ciudadanos, los medios, el sistema político, y la deterioran las autoridades en sus respuestas negadas y los gobernantes en las responsabilidades no asumidas.

Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.