Política de drogas y ambiente: Colombia ya no estará más en soledad

“Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción: la del consumo, la del poder, la del dinero”. Resuena el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro en la 77ª Asamblea General de la ONU. Es de una proyección humana que a nivel latinoamericano y global debe ser no sólo apoyada, sino acompañada política, diplomática y socialmente para abrir caminos de paz y esperanza. La guerra contra las drogas ha fracasado. Pero no sólo eso.

Bien lo ha empalmado conceptualmente: el problema del prohibicionismo en drogas está acompañado y debe ser abordado integralmente con el ataque desaforado de los poderes mundiales que demandan no sólo cocaína para consumir. Demandan también petróleo y carbón, movidos por el afán de lucro aun cuando están agrediendo el mayor bien común que tiene la humanidad: su naturaleza.

El ataque contra la Amazonia, nuestro pulmón regional y global, junto con la criminalización de la planta sagrada de la coca muestran el bien común a defender ya.

Otro mundo es posible. Otra forma de control de sustancias, de preservación del ambiente y del cambio climático es posible. La paz es un horizonte posible si ponemos las bases de un desarrollo humano sustentable con justicia social, que destierre la peor de las drogas adictivas: la desigualdad.

Los mercados, en realidad el mercado, debe ser regulado. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que ha costado en el último año 102.000 muertes por sobredosis, y la alta prisionización de la población afro demuestran que el prohibicionismo ha tocado fondo también donde nació. La crisis de 2008 demostró al Norte lo que significa no regular atentamente el desenfreno financiero. En Uruguay sabemos mucho de esto y de la función que nos asignó el mercado en algunas cadenas del narcotráfico: se llama lavado de dinero.

Decía Petro en su discurso ante la ONU: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional”.

Uruguay ya no es levemente ondulado

Graciela Bianchi, la senadora récord en noticias falsas y provocaciones, comentó esta afirmación de Petro y consideró que es alarmante. En su ataque contra el presidente colombiano, que se ve que la irrita, llegó a mostrar una foto falsa de Petro con el narcotraficante Pablo Escobar. Amplió la calumnia acusando a varios compañeros del Frente Amplio. Años atrás dijo tener pruebas sobre el caso Nisman en Argentina y sobre corrupción en Aduanas. Nunca presentó pruebas de nada.

El Dr. Daniel Radío cuestionó el presupuesto magro, por no decir irrisorio, asignado a la Secretaría Nacional de Drogas (SND). ¿Qué rol cumple actualmente la Junta Nacional de Drogas (JND), organismo interministerial con larga data de políticas públicas de continuidad?

¿Por qué hay tan magros resultados en las incautaciones del Fondo de Bienes Decomisados? Fuente auxiliar para solventar gastos, por ejemplo, de la Red de Atención en Drogas. La estrategia elegida de pegar al chico y pobre que opta por el menudeo no ayuda. Tampoco que no haya ni un solo procesado por lavado de dinero en lo que va de esta administración.

En enero de este año realicé una solicitud de acceso a la información sobre las adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados y sobre el Fideicomiso de la Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro). Se respondió con una escueta lista: se adjudicaron entre 2021 y 2022: 75 vehículos al Ministerio del Interior valor 900.000 dólares, ocho autos a Presidencia, dos vehículos al Ministerio de Defensa, uno al Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Un monto de 10.000 dólares a la SND y 15.000 a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Eso sí: 500 dólares para el dispositivo Ciudadela de Ciudad del Plata.

Sobre el fideicomiso de la Renadro que fue utilizado arbitrariamente para la pandemia no se dice nada. Seguimos sin conocer cuáles son los fundamentos para la asignación de los bienes incautados que deben constatarse en actas de la JND. Es la ley.

El manotazo del ministro Luis Alberto Heber quedándose con el Audi de un narco conocido no es lo indicado. Ni legal, ni simbólica, ni éticamente.

¿La JND fue consultada por los decretos que vulneran las políticas antitabaco? Es de su competencia. Como también lo es la aplicación del Decreto 62/020 que reglamenta la Ley 19.855 que crea un marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas. No se cumple, no se ejecuta. Recordemos que el alcohol es la droga más consumida y dañina para la salud. El consumo problemático de esta sustancia afecta a más de 260.000 personas. En campaña electoral el presidente ensayó la estupidez de prometer la eliminación de la tolerancia cero para conducir. Los hechos hablaron.

Sobre el pasaporte de Marset, “las respuestas no aparecen”, dice muy bien Laura Fernández en la diaria. Todo oscuro. Preocupa. Hay indicios de contactos de personas del sistema político y de funcionarios con el narcotráfico. La afirmación de que el crimen organizado no ha penetrado en el sistema político, o en algunas actividades empresariales como el fútbol, es peregrina y peligrosa. Gabriel Tenenbaum, en su libro Los protectores del capital, así como la intensa investigación de calificados periodistas advierten sobre estos hilos que son de larga data.

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá pidió a la jueza Baloísa Marquínez que lleve a juicio a los uruguayos Maya Cikurel, Andrés Betingo Sanguinetti y Juan Francisco Mutio en la causa que investiga la red de corrupción y lavado de dinero montada por Odebrecht.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo sobre el tráfico aéreo: el problema es que las avionetas vuelan a baja altura y no pueden ser captadas por los radares. Que la ley de derribo (tan promovida con la ley de urgente consideración, LUC) “fue puesta en práctica 12 veces”. Eso sí, en sus “dos primeras etapas, que son identificación e invitación a que descienda”. En una palabra, como antes. Sin que fuese necesario ley de derribo.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Heber de León, había dicho a El Observador en junio que “los radares permiten vigilar 45% del espacio aéreo, y que el 55% restante está sin control, por lo que no se sabe lo que ocurre”.

Sigue en prisión (ahora) domiciliaria Dona Sumer Fleitas, madre de cuatro hijos que fue condenada a cuatro años (LUC) por intentar ingresar 56 gramos de marihuana a su compañero preso. Una jueza absolvió (por ahora, ya que está en apelación) al empresario Martín Mutio, el único imputado por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en 2019 en un contenedor en Alemania provenientes de Montevideo.

Podemos elevar la mira: Uruguay supo liderar junto a otros estados latinoamericanos un modelo alternativo en drogas. Gustavo Petro, con dignidad y altura, plantea ahora un desafío regional y global. Es la altura que deberíamos tener como país, para contribuir y promover un debate abierto, inclusivo y sin tabúes sobre drogas, cambio climático, caminos para la paz y desarrollo sustentable con justicia social.

Milton Romani fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.