Apenas se tomó conocimiento de los primeros hechos relacionados con Alejandro Astesiano, el presidente Luis Lacalle Pou reaccionó como lo venía haciendo hasta entonces. Recurrió a una conferencia de prensa en la que manifestó desconocer absolutamente los antecedentes del hasta ese día jefe de la seguridad presidencial, así designado en resolución suscrita por el prosecretario de Presidencia al inicio de su mandato.

Lacalle Pou llegó al extremo de afirmar que para él, Astesiano tenía “una conducta intachable”, haciéndole ver expresamente a los y las periodistas que si no, jamás hubiera confiado así a su familia a una persona que no tuviera estas características.

De aquella lejana conferencia hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente. Pasaron otras muchas mentiras. Efectivamente, Lacalle Pou confesó que tenía conocimiento de algunas indagatorias sobre el personaje, pero argumentó que desconocía que había sido procesado y condenado. Luego, finalmente, reconoció el hecho de que había sido advertido del historial delictivo de Astesiano previo a su designación, advertencia que no tomó en cuenta e incluso llegó a justificar.

En paralelo, muchos destacados miembros de su gobierno, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, ministros y subsecretarios del Interior y Relaciones Exteriores, sostuvieron una mentira tras otra ante el Poder Legislativo. El prosecretario de la Presidencia llegó a afirmar que Astesiano no era jefe de la Seguridad Presidencial, hasta que un senador le leyó la resolución que así lo designaba, con su firma, en papel membretado oficial de Presidencia de la República.

En el Parlamento, el canciller Francisco Bustillo, interrogado acerca del increíble otorgamiento del pasaporte al delincuente Sebastián Marset, afirmó que se acababa de enterar allí de quién era el sujeto nombrado, ante el silencio de la subsecretaria de entonces, Carolina Ache, y del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

Posteriormente se tomaría conocimiento de que tiempo atrás el subsecretario del Interior había llamado y alertado con lujo de detalles sobre Marset a Carolina Ache, ya que sabía que se estaba tramitando el pasaporte de Marset, hecho que a la postre culminó con el pedido de renuncia de la vicecanciller. No ocurrió lo mismo con el canciller ni con el subsecretario del Interior.

Estos hechos, narrados en forma sucinta y parcial, buscan refrescar la memoria de quienes hoy guardan silencio, comenzando por el presidente.

Si la cúpula del gobierno, aunque no sea todo él, persiste en esta actitud, seguirá dañando lo más preciado de nuestro sistema democrático: la confianza del pueblo en las instituciones.

Ese silencio es sustituido por voceros de otro nivel, que tratan de señalar como dichos de un delincuente de poca monta las revelaciones de materiales que se conocen de la investigación, y que involucran directa o indirectamente en forma sistemática a Presidencia de la República en hechos que, de confirmarse, configuran delitos graves y de enorme trascendencia política.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, expresó su preocupación porque le parece que alguien se estaría ocupando de filtrar información a la opinión pública con fines políticos, agregándole otro despropósito a la actitud del gobierno, o del círculo presidencial. La posibilidad de que se haya estado utilizando recursos del Estado para espiar a ciudadanos por pensar distinto al gobierno no le generó preocupación a García; le preocupó que tomara estado público.

Las expresiones de alarma de destacados dirigentes de partidos de la coalición por estos gravísimos acontecimientos han configurado hasta ahora excepciones que acompañan a una actitud evidentemente concertada de silencio por parte del presidente y su círculo cercano.

Resulta casi imposible, sin por lo menos un intento de explicación, asunción de responsabilidades ineludibles y renuncias en consecuencia de jerarcas de primer nivel, que se pueda restablecer la confianza perdida.

Uruguay no merecía encontrarse en esta situación. La oposición ha demostrado una responsabilidad y una prudencia indiscutibles.

El presidente y su círculo más cercano saben de la lealtad republicana del sistema político. La concurrencia del expresidente José Mujica acompañando al presidente Lacalle a la asunción del presidente de Brasil es una contundente muestra de ello.

Pero el tiempo transcurre. Y cada vez con más frecuencia se toma conocimiento de hechos muy graves que comprometen en forma clara a Presidencia. Casi todos los ciudadanos y las ciudadanas no soportan la mentira, menos aún acompañada de silencio cuando se descubre.

Si la cúpula del gobierno, aunque no sea todo él, persiste en esta actitud, seguirá dañando lo más preciado de nuestro sistema democrático: la confianza del pueblo en las instituciones.

Carlos Pita fue embajador de Uruguay en Chile, España y Estados Unidos.