En las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos suelen aparecer cabos sueltos y no siempre es fácil conectarlos. A pesar de esto, una enumeración de acontecimientos puede servir para mostrar cómo funcionan ciertas dinámicas y cómo se toman las decisiones que apuntan a enfrentar, desde el Estado, al avance del crimen organizado.

Veamos un ejemplo de estos días, relacionado con la incautación de 2,16 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes (Bélgica), una terminal que en los últimos años se ha convertido en la principal vía de entrada de droga sudamericana a Europa.

El contenedor con budines, alfajores y cocaína salió del puerto de Montevideo a mediados de noviembre. Pasó como tránsito por Zonamérica y fue monitoreado por un escáner de la Dirección Nacional de Aduanas, que no logró detectar la carga ilegal.

La droga sí fue hallada por los escáneres de Amberes, que cerró 2023 con una cifra récord de 116 toneladas de cocaína incautadas, según informaron las autoridades belgas este miércoles 17. En Uruguay la investigación quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía de Estupefacientes, Aduanas, la Brigada de Narcóticos y la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin).

Los organismos pueden trabajar de forma coordinada, pero eso no evita que haya intereses cruzados. Por ejemplo, un procedimiento que Aduanas hizo a comienzos de enero en las empresas involucradas generó malestar en la Divin y en Narcóticos. Tampoco sería descabellado que la Fiscalía citara a declarar a los funcionarios aduaneros encargados de evaluar los riesgos y de controlar el escáner. De hecho, ha sucedido en casos anteriores y el sindicato de Aduanas ya lo maneja como escenario posible.

En este caso, además, parecen existir elementos que habrían justificado un control manual de la carga, tal como informó El Observador el viernes pasado. Además de que la exportación no la hacía directamente Portezuelo –los productos se compraron en Tienda Inglesa–, la empresa que remitió la carga no tenía antecedentes de ventas al exterior. Hasta el primer embarque a Amberes, la sociedad anónima se dedicaba a importar perfumes desde Francia, que llegaban al puerto de Montevideo y después se vendían en Asunción.

Otra singularidad de todo este episodio es una insospechada conexión con las políticas antilavado de activos. La situación se conoció en los últimos días, ya que algunas de las empresas logísticas investigadas son usuarias de zonas francas y, como tales, se vieron beneficiadas por un artículo de la última Rendición de Cuentas, aprobada en noviembre de 2023.

El artículo 109 de esa ley excluyó como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos a los usuarios “directos e indirectos” de zonas francas que desarrollen “únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías”. La obligación estaba en la ley integral contra el lavado de activos (19.574), que en el literal G del artículo 13 establecía esa obligación dentro del sector no financiero para los “explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación”.

El cambio en el sistema antilavado, según reveló este martes una nota del periodista Lucas Elmallián en El País, se resolvió sin contar con el aval de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El gerente de Fiscalización y Control de la Senaclaft, Gustavo Misa, relató a ese medio que recibieron una consulta al respecto unas pocas horas antes de la votación del cambio regulatorio en el Parlamento. Ese mediodía, el organismo antilavado respondió que todavía no contaba con un análisis de riesgo acorde, ya que el tema estaba siendo discutido en los grupos de trabajo que se formaron tras la última Evaluación Nacional de Riesgo.

La experiencia en otros países de América Latina muestra que una política seria de combate al crimen organizado requiere más acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron.

En estas mesas técnicas, cuyo propósito es elaborar una estrategia nacional, participan referentes del sector público y del privado, e incluso expertos que ocuparon cargos de relevancia en gobiernos anteriores. A pesar de la advertencia de la Senaclaft, la modificación se aprobó ese mismo día en el Parlamento.

La iniciativa que beneficia a algunos usuarios de zonas francas, según consultas realizadas por la diaria, tampoco surgió de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, el organismo ante el cual las empresas tienen la obligación de reportar las actividades sospechosas de lavado de activos.

Volviendo a los cabos sueltos y las posibles conexiones: en esta historia no hay ningún elemento que habilite a especular sobre posibles vínculos entre el cambio normativo y las empresas que eventualmente podrían haber cometido delitos operando desde zonas francas. Más bien se podría descartar la hipótesis, por razonamiento inverso: ninguna empresa que esté lavando plata va a sentir que tiene la obligación de reportarlo, más allá de lo que indique la ley.

Esto último, sin embargo, no le quita gravedad al asunto, al menos por tres factores:

  • El Parlamento aprobó una norma que beneficia a un sector empresarial específico sin tomar en cuenta la opinión técnica de los principales organismos públicos vinculados al tema.
  • En la misma fecha en que el Parlamento votaba flexibilizar controles a las empresas logísticas y de transporte de mercadería que operan en zonas francas, por considerar que el riesgo era bajo, por Zonamérica transitaba un contenedor que llevaba dos toneladas de cocaína.
  • Las empresas usuarias de zona franca que eventualmente podían denunciar actividades sospechosas vinculadas al crimen organizado ya no están obligadas a hacerlo, a partir del cambio normativo.

El avance del narcotráfico en Uruguay se ha convertido en uno de los principales temas de discusión pública. La experiencia en otros países de América Latina muestra que una política seria de combate al crimen organizado requiere más acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron, como sucede con el uso recurrente de eslóganes como “guerra al narcotráfico”.

Pero también sería deseable que esas acciones apunten en un sentido correcto y que mínimamente cuenten con el respaldo técnico de los organismos involucrados y los especialistas que dominan el tema. No fue lo que sucedió en este caso.