La expulsión del Casmu del médico Álvaro Niggemeyer, que integraba el Consejo Directivo como representante de la oposición, fue motivo esta semana de crecientes polémicas, importantes porque se refieren a una de las mayores mutualistas del país y a la democracia interna en su conducción, pero también alarmantes porque llaman la atención sobre problemas profundos de todo el sistema de salud.

Niggemeyer fue expulsado alegando que, al hacer pública su inquietud acerca de la situación económica y financiera del Casmu, había participado en la construcción de un “relato” perjudicial para los intereses de la mutualista y, por lo tanto, incurrido en una “deslealtad institucional”. Él sostiene que, por el contrario, cuidó esos intereses y cumplió con su deber como integrante del Consejo Directivo, que la mayoría le negó o retaceó información en numerosas ocasiones, que su expulsión fue ilícita y que se enmarca en un clima de opacidad, persecución y amenazas.

El conflicto en curso involucra derechos a la transparencia y la participación, que no sólo abarcan a las corrientes de oposición en la directiva del Casmu, sino también a sus asociados. En un nivel más profundo, manifiesta la tensión histórica entre la concepción de la salud como un derecho humano y la mercantilización de los servicios, agravada porque, desde el establecimiento del Sistema Nacional Integrado hace más de 15 años, las instituciones privadas manejan fondos públicos para atender a sus usuarios.

Este sistema ya tenía pendiente el avance en una segunda generación de reformas, y durante el actual gobierno se han sumado retrocesos y problemas nuevos que deben ser afrontados con urgencia.

Se han deteriorado la equidad de acceso, la calidad y la oportunidad de la atención, y la disponibilidad de personal y de insumos tan básicos como los medicamentos. Los objetivos fundamentales del sistema se desnaturalizan con las tercerizaciones excesivas y difíciles de explicar en los servicios públicos, y también con el desarrollo de la atención preferencial a cambio de pago extra en instituciones privadas. En varias de estas se ha tolerado el aumento de desequilibrios, que llevaron a la quiebra a Casa de Galicia pero amenazan también a otras, y en más de un caso existen fuertes indicios de que los recursos no están llegando por las vías debidas sino por favoritismos de las autoridades, al amparo de un debilitamiento de la evaluación y el contralor, muy evidente en el funcionamiento de la Junta Nacional de Salud.

Hay muchas tareas relevantes en la agenda para el próximo período de gobierno, tanto en la corrección de desvíos como en la reanudación del tránsito, en un país que crezca con justicia social, hacia un sistema mejor, que tenga muy claras sus prioridades en la teoría y en la práctica. No los intereses sectoriales en la competencia por clientes, sino las personas usuarias en su contexto social. No meramente la intervención contra las enfermedades, sino la promoción integral de la salud, desde el primer nivel de prevención y atención.