Censo 2023: en Uruguay nos conocemos todos

Los datos del Censo 2023 fueron presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 10 de diciembre de 2024. Allí se informó que la población de Uruguay es de casi tres millones y medio de habitantes, pocos más que en 2011.

Según la presentación y los informes publicados,² se profundizan las tendencias demográficas observadas en Uruguay durante las últimas décadas.

En primer lugar, se observa un enlentecimiento del crecimiento poblacional –hasta el crecimiento negativo– y un avance del envejecimiento. La población menor de 15 años disminuye en peso relativo entre 1996 y 2023 (de 25% a 18%) y aumenta la proporción de población de más de 65 años (13% a 16%). La población nacida en el extranjero aumenta respecto del período intercensal anterior.³

De las presentaciones formales y los informes escritos surgen dos esferas clave para pensar las políticas públicas de los próximos años:

• Los desafíos del envejecimiento y la baja natalidad en una tendencia de crecimiento negativo de población.¹
• Las interrogantes que plantea nuestra composición demográfica para la vivienda y las ciudades, a la luz de los datos que se publicaron y de los que aún falta procesar.

Envejecimiento y después

La buena noticia es que vivimos más años, y la no tan buena es que nacen menos niños y niñas.⁴ Las implicancias de los datos son diversas y su impacto sobre la seguridad social es evidente. El envejecimiento influye sobre los cuidados, la salud, la vivienda, la movilidad y el transporte, los espacios públicos y la accesibilidad, sólo por mencionar los temas más sensibles.

En cuanto a la distribución de la población, se observa la consolidación de la “costa sur”, una fuerte concentración sobre el frente costero fluvial y marítimo. Asimismo, persiste una asimetría entre el sur del río Negro “más poblado” y el norte “menos poblado”.

Esta asimetría se observaba en el análisis del Censo 2011, con la concentración de población con NBI (necesidades básicas insatisfechas).⁵ La desigualdad regional es un reto para las políticas de empleo, la localización de inversiones, la construcción de obra pública e infraestructuras, y para la redistribución de la riqueza que el país genera.

Aún no tenemos datos procesados sobre la distribución y situación de la población mayor de 65 años. Sin embargo, el aumento de la cantidad de personas en esta franja etaria implica asuntos no tan evidentes.

Como sociedad estamos obligados a encontrar otros caminos productivos y vocacionales para las personas mayores, y a considerar la capacitación para la vida después de la jubilación. Deberán surgir nuevas propuestas desde la educación formal y desde el mercado de trabajo, desde la cultura y el entretenimiento, para quienes ya se han retirado de un primer ciclo de vida laboral y siguen activos.

Natalidad y antes

¿Por qué los uruguayos tenemos pocos hijos? Sin considerar que no sabemos cómo se distribuyen los nacimientos, la pregunta tiene posibles respuestas relativas a aspectos sociales, económicos y culturales convergentes.

Desde la década de 1960, el control de la natalidad ha cambiado la vida productiva y reproductiva de las mujeres. Los movimientos feministas que lograron el voto, la incorporación a la educación y al mercado laboral conquistaron además la libertad de decidir sobre sus cuerpos. Como consecuencia de estos logros, la natalidad depende cada vez más de la decisión de las personas.

En primer lugar, el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener hace posible que quienes prefieren terminar sus estudios o cumplir otras etapas antes de tener hijos lo puedan hacer. Un segundo asunto relevante son las razones económicas, ya que la crianza implica dinero y gastos constantes durante una determinada cantidad de años. No todas las personas alcanzan la estabilidad laboral y de ingresos para emprender el camino de la parentalidad.

Otro aspecto sociocultural –y no menor– que pesa en la decisión de tener hijos es la incertidumbre. La economía y el mundo del empleo, los cambios tecnológicos, la crisis del cambio climático –y varios etcéteras más– contribuyen a reducir la esperanza en el futuro de quienes decidirán tener hijos o no.

Quizás por estos motivos u otros, las personas tienen poca expectativa de que sus hijos tengan mejor calidad de vida que la suya. Esta percepción pesimista del futuro tiene su peso en las opciones a considerar y constituye un dilema desconcertante para la sociedad en los años por venir.

Frente a los datos de baja natalidad, lo primero y casi intuitivo es pensar en políticas pronatalistas. La experiencia indica que no son la mejor respuesta, y además coliden con la libertad de elección de las personas.

Quizás sea una oportunidad para que nuestra sociedad asuma el concepto de que cada niño merece el mejor cuidado y la mejor educación, consolidar la responsabilidad familiar y colectiva en la crianza de niños y niñas, y que su bienestar sea una tarea compartida.

El sistema de cuidados, las licencias parentales y la educación pública de tiempo extendido son –en forma integrada– parte de la respuesta a la incertidumbre de los adultos, aunque no son necesariamente suficientes. Desarrollar la esperanza en el futuro es un desafío novedoso para las sociedades de hoy. Las acciones colectivas y el compromiso estatal para mitigar los efectos del cambio climático irían en la dirección correcta.

Ciudad, suelo urbanizado y vivienda

Según los datos presentados, 96% de la población vive en centros urbanos. La tecnología aplicada a la producción agropecuaria y el traslado cotidiano por rutas y caminería permiten deslocalizar la vivienda del lugar de trabajo.

La población rural disminuye en forma sostenida de 19% en 1963 a 5% en 2011 y 4% en el último censo. Si concentramos la atención en el 96% de población urbana, los datos muestran algunas cifras significativas que las políticas de vivienda deberán tomar en cuenta para su diseño futuro: el 29% de hogares son unipersonales, mientras que en 1996 eran el 16%; las familias tienen en promedio 2,5 integrantes por hogar, cuando en 1996 tenían 3,2.

Las tipologías de vivienda merecen una consideración especial. La superficie y la flexibilidad de las unidades son temas de debate en la academia, si bien el mercado parece ganar la pulseada en tanto las unidades son cada día más pequeñas y menos adaptables. Una mayor flexibilidad permitiría atender los cambios en los hogares y la necesidad de espacio de las personas que teletrabajan.⁶

Los desafíos del transporte

El 50% de los hogares tiene automóvil y el 34% motocicleta.

Las dificultades del sistema de transporte público es un tema recurrente. La pandemia produjo un incremento en el uso del vehículo privado, mientras continúan los conflictos en la movilidad y el transporte colectivo.

En los últimos años, varias ciudades del mundo adoptaron un modelo de cercanía.⁷ Sin tenerlo en cuenta, nuestras ciudades se siguen extendiendo fuera de los límites, con graves consecuencias para el ambiente.

Los centros urbanos destinan grandes superficies –calles y estacionamientos– a los automóviles, mientras que, por otro lado, necesitan generar espacios verdes y áreas permeables para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

Es beneficioso, aunque no suficiente, el uso de motores eléctricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades necesitan continuar en la senda de la adaptación: reducir la impermeabilización de las superficies, evitar las inundaciones urbanas y las consecuencias de los cambios en el régimen de lluvias.

Viviendas vacías, ¿dónde?

Del total de 1.659.048 viviendas, 80,5% están ocupadas, 8,4% son de uso temporal y 11% están desocupadas.⁸

Las viviendas de temporada se concentran en Maldonado y Rocha, y en menor porcentaje en Canelones y Colonia.

De las viviendas desocupadas, considerando un 5% en proceso de compraventa o de refacción –porcentaje estándar que se utiliza a nivel internacional–, las viviendas vacías en todo el país serían el 6%. Casi 100.000 viviendas vacías en el país es un número realmente sorprendente, y no conocemos cómo están distribuidas.

Será necesario analizar la ubicación de las viviendas desocupadas y su relación con las migraciones internas, con la población afincada en barrios informales o con la especulación inmobiliaria y los valores del suelo.

Según los datos de materialidad, 95,2% tienen piso resistente y 95,8% cañería de abastecimiento de agua dentro de la vivienda. Sin embargo, la edificación de por sí no es suficiente para indicar si la vivienda es adecuada o no para las personas que la habitan.

Para considerar si la vivienda corresponde a las necesidades, se requiere además obtener información sobre su vinculación con la ciudad: analizar las características del entorno y la distancia a los servicios y equipamientos, la vía pública, veredas, drenaje y alumbrado, la accesibilidad, la distancia a las paradas de transporte y a centros de educación y salud.

Una vez más, el derecho a la vivienda no es sólo un techo –ni un piso–. Se trata del derecho a la ciudad y a las oportunidades que la sociedad ofrece a las personas que la habitan.

La presentación pública del Censo 2023 que hizo el INE contiene un extenso desarrollo de las obras de Mevir, y la ausencia de otros programas. La cantidad de población y viviendas y la evolución entre censos, así como lo actuado desde el Estado, merecen más análisis que las “soluciones” o “centros poblados” de solamente un programa de vivienda pública.

Es necesario localizar en el territorio los datos sobre vivienda y cruzarlos con las características de los hogares para observar la evolución del ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad.

Faltan partes para completar la foto

Sabemos que somos una población envejecida, que los mayores viven más, e ignoramos en qué condiciones. También sabemos que nacen menos niños y que las respuestas a la baja natalidad y a la confianza en el futuro están más allá de lo obvio.

Ignoramos cómo se vinculan las viviendas con los servicios urbanos. Conocemos el número aproximado de casas desocupadas y no sabemos las causas ni dónde están ubicadas.

En este escenario, las políticas públicas exigen respuestas nuevas, integrales e integradas, territorializadas y, sobre todo, que superen los instrumentos conocidos y parciales.

Alicia Artigas es arquitecta y magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.