Con casi 42 millones de suscriptores en Youtube, más de 33 millones de seguidores en Instagram y ocho millones en X (Twitter), Luisito Comunica o Luisillo el Pillo (como se identifica en las redes) es una de las tantas celebridades latinoamericanas de internet que producen contenidos audiovisuales para legitimar la política criminal y penal del gobierno de Nayib Bukele.

Las grandes empresas de comunicación de la región no llegan a los talones de Luisillo. Por decir algo, Azteca Noticias (México) tiene más de tres millones suscriptores en Youtube, mientras que el diario O Globo de Brasil tiene poco más de un millón. En Uruguay, Canal 10 cuenta con 132.000 suscriptores en el citado sitio web. El diario colombiano El Tiempo, recogiendo un estudio de una agencia de marketing de influencers en América Latina llamada Goldfish, publicó en diciembre de 2023 que Luisito Comunica es el cuarto influencer más importante de América Latina. Quedó por delante de Lionel Messi, Shakira y Luis Suárez, por nombrar algunos. La ventaja comparativa de que Luisito se convierta en embajador de la “marca” de política pública es extraordinariamente mayor que el horario central de un informativo de televisión o de otro medio de comunicación tradicional. Esto cobra fuerza en países (como El Salvador) con dividendos demográficos favorables y con una enorme diáspora en América del Norte, región donde se intensifican las tendencias de comunicación.

El 7 de febrero, cuando todavía no se conocían los resultados oficiales de las elecciones nacionales en El Salvador (al cierre de esta nota, el Tribunal Supremo Electoral de ese país todavía no se había pronunciado sobre los resultados de las elecciones), El Pillo subió un video de casi 17 minutos a su canal de Youtube sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Se trata de la nueva cárcel de máxima seguridad de El Salvador con capacidad para 40.000 personas. La megaprisión, destinada a los integrantes débiles de poder de las maras (básicamente Barrio 18 y MS-13), resignificados en terroristas, quedó chica. Desde el 17 de marzo de 2022, con sucesivas declaraciones de estados de excepción, fueron detenidas y privadas de la libertad más de 75.000 personas. El Salvador se convirtió en el país con la tasa de prisionización más alta del mundo, construyó una cárcel que desoye las recomendaciones de derechos humanos para el tratamiento de personas privadas de la libertad y desestimó los avances técnicos en materia de desistimiento delictivo.

Luisillo se presenta bonachón, un amigo. Un muchacho simpático y sencillo de remera holgada que domina el arte de la lógica del sentido común. El contenido que creó para el Cecot, el ejemplo paradigmático de una tecnología de castigo con base en el viejo modelo incapacitador, fue un éxito según los números. En solamente seis días, el video tenía más de 16 millones de reproducciones, más de 655.000 me gusta y 25.000 comentarios. El contenido, que puede ser subtitulado en siete idiomas, fue tendencia mundial ocupando el lugar número 15 del ranking de Youtube el 12 de febrero de este año. Lo que parece ser un pibe de barrio con su cámara es, en realidad, una empresa millonaria, probablemente apalancada por alguna agencia especializada en influencer marketing, con notoria capacidad de influir en la opinión de millones de jóvenes del hemisferio americano. Con las repercusiones de su video Luisillo aportó un granito de arena a la construcción de legitimidad de una política de seguridad que lejos está de ser novedosa y que es cuestionada por intelectuales, académicos, medios de comunicación independientes, organizaciones de derechos humanos y el propio Estados Unidos.

Lo que parece ser un pibe de barrio con su cámara es, en realidad, una empresa millonaria, probablemente apalancada por alguna agencia especializada en _influencer marketing_, con notoria capacidad de influir en la opinión de millones de jóvenes del hemisferio americano.

Jeremy Bentham, principal exponente del utilitarismo, creador y promotor de la arquitectura carcelaria panóptica alrededor de 1780, quien se desgastó convenciendo al Parlamento británico de la necesidad de hacer una reforma en el sistema penitenciario, jamás se hubiera imaginado que necesitaría de la colaboración de un Luisito del siglo XVIII para construir legitimidad en el panóptico; una propuesta con similitudes al Cecot del bukelismo con 250 años de distancia.

Al gobierno de Bukele se le acusa de pactar con los líderes de las pandillas. En esos pactos el Estado ofreció protección (impunidad, beneficios económicos y libertad para salir del país), mientras que los poderosos dirigentes de las maras dieron órdenes de bajar al mínimo los conflictos en el territorio. Al igual que la megacárcel de máxima seguridad, los pactos no son una novedad. Sus predecesores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierdas al que perteneció Bukele, también los utilizaron.

Con los pactos vinieron sucesivos estados de excepción, renovados mes a mes, que en marzo de este año cumplirán dos años de vigencia. Este escenario refuerza la sentencia de Giorgio Agamben de que los estados de excepción se convierten en la condición de gobierno permanente al potenciar el poder soberano y debilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando no se los suspende. Esto se logra sobre la construcción de una teoría de la necesidad donde el poder soberano se convence e intenta legitimar su convencimiento de que la ley vigente no sirve al “bien común” en el contexto que se enfrenta. Una vez que el relato prevalece, no sin tensiones, el orden normativo carece de eficacia y de obligatoriedad. Dado que la necesidad hace a la ley, la verdadera fuente del derecho es la necesidad. Así las cosas, el estado de excepción necesario se presenta como un hecho político al que se le da forma jurídica. En este engranaje, la política hace lo necesario para mantener las apariencias institucionales básicas. Ejemplo de ello es la reelección de Bukele a pesar de la prohibición expresa de la Constitución o el accionar parlamentario para detener las investigaciones de la Fiscalía acerca de las violaciones de derechos causadas por la política criminal del gobierno: detenciones arbitrarias, desapariciones, migración forzada, inocentes privados de libertad y un conjunto variado de garantías en las detenciones y procesos judiciales.

La política pública en seguridad de Bukele y la utilización de Luisito como una pieza en el largo proceso de construcción de legitimidad permiten recuperar una vieja discusión en la filosofía de la violencia sobre la utilización de medios y fines legales, legítimos y justos. Hace un siglo, el gran Walter Benjamin alertó sobre los peligros del estado de excepción pensando en la República de Weimar y vislumbrando el ascenso del nazismo, del que fue víctima directa. En palabras llanas, incorporamos la “verdad” de que gracias al contrato social entregamos el monopolio de la violencia al Estado para protegernos del primitivismo salvaje de los individuos (de nosotros mismos) sin reparar en quién defiende a los individuos del primitivismo salvaje del contrato social bajo el estado de excepción.

Al terminar de escribir la nota, Luisito había publicado un segundo video sobre El Salvador. El contenido de casi 14 minutos aborda la violencia territorial. En solamente tres horas tenía más de 635.000 reproducciones y más de 60.000 me gusta. Mientras El Pillo se llena los bolsillos de dinero y la política de seguridad de Bukele sigue ganando legitimidad y adeptos, es inevitable pensar que todo esto refuerza la percepción de la opinión pública de que los gobiernos autoritarios son quienes mejor hacen los deberes en materia de seguridad. Buena responsabilidad en ello tienen los gobiernos demócratas latinoamericanos.

Gabriel Tenenbaum es doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad de la República.