Propongo al lector un desafío que no va a demorarlo más de unos minutos. El resultado de esta experiencia podría inducir en la emoción de felicidad, tristeza, extrañeza o indiferencia, dependiendo de su grado de conciencia ambiental. Bien pues, avancemos con quienes se animen.
Si acceden al Google Earth, posicionando el cursor sobre la Ruta Nacional 1 del Uruguay, a la altura del kilómetro 155, se desplazan hacia abajo, en dirección al Río de la Plata, y luego hacen zoom en escala 1:200 y podrán obtener la siguiente fotografía aérea.
Esta imagen es casi fiel a la realidad vigente, ya que Google la actualizó en 2023. Pero ¿cómo era la imagen antes de la actualización? Supongamos un par de años atrás. Gracias a –o por culpa de– la tecnología podemos saberlo. Observen con atención.
La comparación de ambas imágenes es contundente: antes –no hace mucho–, la traza de la cuadrícula de arterias de los balnearios Santa Ana y El Ensueño quedaba camuflada bajo una frondosa y tupida arboleda.
El loteado resultaba difícil de detectar tras la continuidad uniforme de ese manto verde, mayormente de especies nativas. Lamento ser portadora de malas noticias, pero el bosque protegido por el artículo 23 de la Ley Forestal 15.393, del 28 de diciembre de 1987, que fuera reglamentado por la Junta Departamental de Colonia en la Ordenanza sobre manejo de bosques costeros en zonas urbanas y suburbanas, en 1994, y publicada oficialmente bajo el Decreto 043/2009 –digo, a este paso, ese bosque protegido–, está en vías de extinción.
No es novedad. Este hecho es continuamente denunciado y reclamado por la Asociación Amigos del Bosque y otras ONG ante las autoridades, que deberían velar por que esa ley proteccionista se cumpla, pero el mercado inmobiliario más la pereza burocrática oponen resistencia. El Estado ausente. Ese mismo Estado que debería garantizar los servicios básicos para su población. Pero en este reducto del país eso no sucede. Porque no basta con tener agua en la canilla de la cocina si la calidad es tan dudosa que es preferible comprar un bidón, o si la presión con la que llega a la ducha es tan escasa y a cuentagotas que impide el aseo. Ni tampoco alcanza con estar conectado a la red eléctrica si cada vez que un viento mece los árboles se producen intermitentes e incómodos apagones que generan, a la vez, el corte del servicio de internet y cable. Luego viene el largo peregrinaje por el sendero de los reclamos y quejas para el restablecimiento del servicio y la recuperación de los bienes dañados; y la dignidad. Y la respuesta del Estado puede demorar semanas. Y digo Estado porque los servicios públicos centralizados actúan con la personería jurídica del Estado, con los recursos del fisco y están sometidos a la dependencia del presidente de la República a través de un determinado ministerio. En Uruguay, tanto la provisión de agua potable y saneamiento, como la electricidad, telecomunicaciones o el combustible son empresas del Estado.
A partir de 2015, las empresas públicas incorporaron compromisos de gestión en sus iniciativas presupuestales, alineados con sus políticas sectoriales y objetivos estratégicos. Estos incluyen indicadores con metas anuales y de mediano plazo, a modo de cuantificar la mejora en la gestión, racionalizar las inversiones y posibilitar una evaluación interna y externa por resultados. Lamentablemente, en el portal de transparencia presupuestaria que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los últimos datos relevados que figuran son de 2020. En el caso de Antel, por ejemplo, de los ocho compromisos de gestión pautados se cumplió el 75%. Los rubros que no alcanzaron su meta son Cobertura territorial y Reducción de costos operativos con relación a 2019, en términos reales. Llamativamente, la meta establecida para el rubro Tasas de reclamos promedio anual resultó satisfactoria. Eso no sucedió en 2023 ni estaría sucediendo en 2024, en tanto y en cuanto al momento de escribir esta columna llevo (junto a cantidad de vecinos) más de diez días sin servicio telefónico y de conectividad a través de fibra óptica.
En el caso de UTE, para citar otro ejemplo, de los diez compromisos de gestión asumidos se cumplió 80%. Los rubros que no alcanzaron su meta son Disminución de frecuencia de corte, y Superávit / déficit. Los peores resultados son los que ofrece OSE, a saber: de los 19 compromisos tomados, según la misma fuente de información que ofrece el portal de transparencia presupuestaria actualizado en 2020, sólo se cumplió 45%. No llegaron a la meta algunos rubros como Índice de agua disponible a la distribución, Cobertura de saneamiento en población urbana, Reparación de pérdidas, Reclamos operativos sin agua, por citar los que representan un perjuicio directo a los usuarios.
En este sentido, y para reafirmar lo expuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una investigación, ese mismo año, que advierte baja inversión, sobrecostos a veces asociados a corrupción y retraso en los proyectos.
Que el árbol no tape el bosque
Planteado el tema, ¿cómo podrían conciliarse ambas posiciones si es la misma arboleda que se pretende conservar la que afecta el óptimo suministro de los servicios básicos en tanto y en cuanto estos llegan a esta zona mediante cableado aéreo? Preservar la arboleda y a la vez que esos mismos árboles no sean los que nos priven el acceso a esos servicios: esa es la cuestión.
¿Cómo podrían conciliarse ambas posiciones si es la misma arboleda que se pretende conservar la que afecta el óptimo suministro de los servicios básicos dado que estos llegan a esta zona mediante cableado aéreo?
“¿Sabías que la causa más frecuente de la interrupción del servicio eléctrico en zonas rurales es la cercanía de la vegetación con los cables de UTE?”, pregunta la voz en off del video institucional de la empresa. Y sigue: “Es responsabilidad nuestra y tuya prevenir accidentes, debiendo el propietario mantener libre la zona de seguridad, por eso, si vas a plantar un árbol es clave conocer las distancias de seguridad para proteger los cables. Sólo está permitido plantar árboles pequeños que no desarrollen una altura superior a los 3,5 metros. debajo de los cables. Para árboles de gran porte se debe mantener una distancia horizontal de 7,5 metros de los cables para respetar la zona de seguridad. Si usted constata que los árboles invaden la zona de seguridad puede exigir que se realicen podas o talas para el cumplimiento de la normativa. Para realizar poda o tala a menos de tres metros de los cables deberá asesorarse con UTE acerca de los riesgos eléctricos por proximidad. Por razones de seguridad o de servicio UTE podrá hacer podas o talas correctivas”. Así concluye este tutorial sobre control de la vegetación circundante al tendido eléctrico. Esto vale para los cableados aéreos de todas las empresas: si alguna de estas premisas se cumpliera, el balneario no sufriría cortes constantes en el suministro que ocurren al son del soplido del viento.
Existe infinidad de expedientes abiertos sin resolución –algunos están fechados hace más de tres años– que advierten sobre el riesgo de caída de algún ejemplar añejo. En contrapartida, la Asociación Amigos del Bosque denuncia y advierte sobre las consecuencias de la tala indiscriminada, en una nota de este mismo diario.
El debate queda abierto, porque ni lo uno ni lo otro garantizan una solución satisfactoria y definitiva. Será una salida a mediano o largo plazo que requiera presupuesto para infraestructura óptima para este hábitat. Es una discusión necesaria de dar, porque lo que hay, debajo de ese manto verde tupido de arboleda nativa captada en una imagen por el Google Earth, es una comunidad con conciencia medioambiental que desea preservar la naturaleza, su flora y fauna, pero también –y con justeza– reclama por su derecho garantizado a acceder a servicios básicos que funcionen.
Andrea Paula Garfunkel vive en balneario El Ensueño. Es escritora y columnista en diversos medios de la región.