El juego de los espejos y la identidad nacional

Ingresamos en tiempos electorales. El proceso se verifica en dos pasos. Primero, las internas para determinar quiénes encabezarán la conducción de los distintos partidos, y posteriormente vendrá la disputa por el voto ciudadano mediante la confrontación pública de las visiones y propuestas dominantes en pugna.

Dentro de cada colectividad se esgrimen banderas que pretenden afirmar los perfiles de los líderes de las distintas agrupaciones, alternando propuestas con la difusión de las virtudes y capacidades de los potenciales conductores. El proceso se lleva a cabo en un marco político e institucional reconocido internacionalmente como el que corresponde a una democracia plena, sólida y madura. Ese mérito, en tiempos de autoritarismos de todos los colores, atraviesa nuestro sistema político e institucional y es un patrimonio que todos debemos cuidar. Porque la experiencia enseña que en el mundo de la historia nada es para siempre.

Cada colectividad revisa el universo doméstico de la economía, la educación, la salud, el mundo de la producción y del trabajo, el ordenamiento territorial y su equipamiento, el medioambiente y su defensa, la seguridad ciudadana, los problemas de la infancia y de la juventud, el preocupante crecimiento del narcodelito y la explosiva expansión de la población privada de libertad. Se sopesan aquellos núcleos temáticos en torno a los cuales se puedan hilvanar propuestas razonablemente articuladas que permitan definir en esta etapa los perfiles de los candidatos y, en la segunda, los modelos de país hacia los cuales apuntan las distintas grandes opciones. El papel más o menos activo del Estado y su rol en relación con el mercado serán objeto seguro de controversia.

Esta revisión y ponderación de núcleos temáticos domésticos es fundamental y necesaria. Pero también es pertinente tomar plena conciencia de que nuestro país está inmerso en una región económica, social y política, con la que interactuamos continuamente de muchas y diversas maneras. Y también es preciso asumir que el acontecer de ese entorno gravita, y mucho, en nuestra realidad doméstica.

Se debe analizar y extraer lecciones, que en algunos casos podrían expresarse en políticas públicas orientadas a impactar en nuestra propia realidad, y en otros es necesario retener claros ejemplos de fenómenos y procesos que como sociedad debemos evitar. Ello es así porque nuestro país, tanto por extensión como por población total, exhibe una fragilidad relativa que demanda actitudes amparadas en la prudencia y la cautela, pues ello forma parte de nuestra identidad e idiosincrasia.

Primer espejo

Una primera lección que es necesario extraer es la necesidad de que ningún aspirante a conducir los destinos de la patria pueda avanzar en tal propósito sin someterse a exámenes rigurosos acerca de su salud mental y de su inteligencia emocional. La realidad circundante nos da claros ejemplos en las más diversas latitudes. Líderes carismáticos, profundamente alterados en su salud psíquica, tienen bajo ciertas circunstancias la capacidad necesaria para imponerse como conductores de sus conciudadanos. Esto se ve potenciado por el uso de las redes sociales y la masificación de los sistemas digitales de comunicación. La historia enseña que estos experimentos fallidos provocan terribles costos sociales que no sólo golpean dentro de sus fronteras, sino que a menudo conducen a confrontaciones supranacionales.

En el norte del continente americano se pone de manifiesto que la ausencia de controles sobre la salud mental de los aspirantes a presidentes ha hecho posible que la primera magistratura esté siendo ejercida por figuras sospechadas de padecer síntomas de demencia senil.

Primera conclusión: debe considerarse la aprobación de un reglamento que, sobre bases científicas y objetivas, delegue en una institución idónea la función de certificar la debida competencia de las facultades de todos aquellos ciudadanos que aspiran a ocupar posiciones de alta responsabilidad pública.

Segundo espejo

Uruguay tiene en la actualidad más de 15.000 presos y este fenómeno se relaciona con la expansión de la violencia y los narcodelitos. Es particularmente preocupante el fenómeno del narcomenudeo que altera la vida de las comunidades y los barrios. Golpea a niños y jóvenes mediante la prevalencia de diversas formas de violencia, propiciando la expansión de las adicciones.

La experiencia que exhibe nuestro entorno inmediato muestra que el sistema penitenciario ha sido copado por el crimen organizado. Desde ese ámbito se ha convertido en el núcleo duro desde el cual organizaciones criminales han sido capaces de conformar una vasta red doméstica para el control de las rutas de la exportación de droga. Pero también generaron capacidades vinculadas con el crecimiento de la violencia vecinal a través del narcomenudeo. Esas bandas están vinculadas a otras prácticas delictivas como el robo de automóviles, la trata de personas y actividades extorsivas.

La presencia de estas organizaciones ha trascendido las fronteras nacionales. Determinadas zonas calientes, como la triple frontera, así como el control del tráfico de sustancias prohibidas por la hidrovía, resultan ser canales de inmensa significación económica y comercial en el manejo de este negocio. Nuestros puertos forman parte de ese corredor y es bien sabida la porosidad de los controles aduaneros, tanto por falta de los recursos técnicos necesarios (escáneres) como por el inmenso poder de soborno y corrupción asociado a las grandes organizaciones delictivas.

Segunda conclusión: es completamente prioritario encarar una reforma del sistema penitenciario. Este debe mejorar los mecanismos de control, pero también complementarse con una activa política de rehabilitación. Supone profesionalizar el personal del servicio penitenciario y desarrollar estrategias de reinserción, especialmente de los jóvenes de baja peligrosidad en áreas educativas, ofreciendo alternativas de formación profesional para su inserción en el mundo del trabajo.

Asimismo, es necesario definir mecanismos transparentes para el financiamiento de la política. Resulta fundamental controlar debidamente el origen de los recursos para evitar el inmenso riesgo que representa el patrocinio de los candidatos por parte de las organizaciones criminales.

A su vez, la eventual reubicación institucional del sistema penitenciario es una cuestión de extrema sensibilidad. Fue durante el gobierno militar que el Ministerio del Interior tomó el control del sistema penitenciario, pues en el período democrático predictatorial este había sido tutelado por el Ministerio de Educación. No se trata de un aspecto burocrático, sino que está íntimamente asociado a la filosofía con la que se pretenda lograr una mayor eficiencia en una cuestión tan delicada. En esencia, algunos entienden que la eficiencia del modelo se mide en la cantidad de personas presas. Eso es un grave error. Nunca hubo tantos presos como ahora y los problemas de seguridad ciudadana encabezan el listado de las preocupaciones de la población. La eficiencia se asocia a la efectiva disminución de la tasa de reincidencia, que en la actualidad ronda el 70%, con prevalencia de presos adictos, con bajísimos niveles de escolaridad. Ello pone de manifiesto el fracaso del modelo imperante en esta materia.

Tercer espejo

Hay ejemplos en América Latina de países que se han visto muy golpeados en plazos muy breves por el accionar de bandas criminales. Han visto surgir sus temibles brazos armados, compuestos por sicarios, que jaquean funcionarios de la justicia y a la población civil en general. La respuesta al fenómeno ha dado lugar a la militarización de estrategias represivas, aspecto que significa incorporar nuevos elementos de tensión y un debilitamiento de las estructuras institucionales. Ello redunda en la degradación de las condiciones democráticas, dando pie a la emergencia de modelos de claro tinte autoritario.

Ese riesgo es muy serio y hay sectores de la sociedad en Uruguay que, actuando de buena fe, no terminan de comprender el enorme riesgo que representa esta vertiente.

Tercera conclusión: las políticas de seguridad ciudadana únicamente centradas en el endurecimiento de las penas y en el uso de la fuerza están por lo general destinadas a fracasar. Y ello es así porque el caldo de cultivo del crimen organizado es esencialmente la desigualdad social que prevalece en nuestras sociedades. Por lo tanto, si bien es necesario mantener una presencia disuasiva y represiva eficiente y profesional, también es fundamental la inversión en educación, salud, estímulo a la participación ciudadana y comunitaria, aliento al empleo digno, todo lo cual forma parte de una estrategia que además de contribuir a mejorar la justicia social, representa una barrera económica, social y cultural al accionar de grupos que actualmente legitiman sus prácticas vinculando gente humilde a la comercialización de drogas, especialmente de pasta base de cocaína.

Cuarto espejo

La democracia como sistema político está cada vez más asediada por regímenes autoritarios desde las más diversas vertientes, tanto de izquierda como de derecha, por usar una terminología cómoda pero altamente imprecisa.

El reiterado encarcelamiento de candidatos opositores, la supresión de libertades individuales y colectivas de la mano del avasallamiento de la autonomía de los poderes esenciales del Estado, constituye un grave riesgo instalado en varios países.

En la otra vertiente, la conformación de un partido único dominante por la vía de los hechos, legitimado en un sistema penitenciario en el que la vulneración de los derechos humanos se justifica por la disminución del delito, se ha convertido en un espejo con atributos atractivos para determinados sectores de la política latinoamericana. Uruguay no es una excepción.

Cuarta conclusión: a pesar de ser un personaje controvertido, resulta difícil negar la fuerza creativa de Sir Winston Churchill para imponer eslóganes, que luego se han incorporado al menú de frases célebres. Una de ellas reza: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Todo lo expuesto representa algunos de los desafíos que deben ser asumidos mediante políticas activas que, para ser eficaces, deben sostenerse en el tiempo. Deberían ser la base para forjar acuerdos suprapartidarios orientados a mejorar la calidad de las instituciones y a promover mejores condiciones de vida para toda nuestra gente.

Gabriel Vidart es sociólogo. Entre otros cargos, a nivel nacional e internacional, fue director adjunto del proyecto Combate a la Pobreza en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1984-1986), y fundador y secretario ejecutivo del Plan CAIF, Uruguay (1988-1990).