El verano terminó

En el último tiempo las autoridades de los gobiernos de Rocha y Maldonado han protagonizado debates y conflictos en torno a las implicaciones de los discursos y acciones que han impulsado en nombre del “orden”, el “desarrollo” y la “legalidad”. Las tensiones existentes ponen en evidencia la relevancia, ineludible, de las reflexiones sobre la lucha por el acceso a la tierra, la vivienda y la defensa de nuestros bienes comunes.

Las administraciones, tanto de Alejo Umpiérrez como de Enrique Antía, en Rocha y Maldonado, respectivamente, se han caracterizado por la promoción de políticas de mano dura en nombre del desarrollo económico, priorizando la “atracción de inversiones” y la “expansión del sector turístico” a expensas de la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales.

Han impulsado, de forma institucionalizada y sistemática, acciones que nos obligan a rediscutir y poner como un tema prioritario en la agenda las distintas dimensiones de la justicia espacial, los impactos de los procesos de exclusión y segregación socioterritorial, y el rol de las comunidades locales en la conservación de la costa y de los derechos colectivos que tenemos como comunidad política.

El enfoque centrado en el crecimiento económico “a toda costa” ha generado tensiones y conflictos, exacerbando las desigualdades sociales y ambientales, ocasionando que, hoy más que nunca, las comunidades costeras se vean amenazadas por políticas de limpieza social, despojo y especulación.

Tal como lo señala Ivana Socoloff, la especulación inmobiliaria, alimentada por políticas urbanas orientadas a facilitar negocios sin importar la exclusión de los sectores populares, se manifiesta de diversas formas. Por un lado, desde la aceleración de trámites para promotores hasta exoneraciones impositivas y, al mismo tiempo, por la imposición de impuestos “injustos y confiscatorios” a sectores populares, como es el caso de las medidas impulsadas por la Intendencia de Rocha en el último tiempo. Estas medidas no sólo perpetúan la desigualdad, sino que también contribuyen a la segregación socioterritorial. El acceso a la vivienda se convierte así en un privilegio reservado para aquellos que pueden pagar el alto precio impuesto por el mercado. Mientras tanto, los sectores populares son expulsados de sus hogares, obligados a vivir en condiciones precarias o incluso en situación de calle. La falta de planificación y visión a largo plazo, en todos los niveles de gobierno, expulsa, niega el acceso al suelo y el derecho a la vivienda, creando una espiral de desigualdad y marginalización difícil de revertir.

Por otra parte, este escenario ha puesto en evidencia el rol fundamental de la resistencia y la movilización organizada en la visibilización de lo mucho que se juega en las rutas trazadas por los gobiernos departamentales de Rocha y Maldonado; sus discursos y acciones combinan lo peor de los sectores punitivos, reaccionarios y de los extractivistas ambientales, urbanos y especuladores inmobiliarios. Al mismo tiempo, las experiencias de lucha en balnearios como Punta Negra, Punta Ballena, Punta del Diablo, San Sebastián, Santa Isabel, Punta Rubia, La Pedrera, La Paloma y Valizas muestran el rol de las comunidades locales en la protección y defensa de nuestros derechos colectivos en clave intergeneracional.

Los vecinos y vecinas de las comunidades costeras enfrentan la violencia institucional, resistiendo la embestida de especuladores y redimensionando el alcance de lo que significa el “derecho a permanecer” y “echar raíces en un pedazo de tierra”.

La criminalización de las ocupaciones a partir del uso de la figura penal de “usurpación” se convierte en una herramienta de represión utilizada para silenciar una constelación de reivindicaciones como la lucha por la tierra, el suelo y la vivienda. Bajo el pretexto de proteger la propiedad privada, se persigue penalmente a quienes simplemente buscan un lugar donde vivir dignamente.

En esta batalla también se revela una profunda paradoja. Mientras turistas disfrutan de las playas y los “lujos” de la costa, las y los habitantes locales son tratados como vagabundos en su propia tierra. Esta disparidad, analizada por Zygmunt Bauman en su obra sobre las consecuencias humanas de la globalización, evidencia la cruel ironía de nuestra sociedad contemporánea. Turistas son recibidos con los brazos abiertos y tratados como invitados distinguidos, mientras que las y los habitantes locales son estigmatizados y marginados, relegados a la periferia de la sociedad.¹

La dicotomía entre “turistas” y “vagabundos” pone de manifiesto las profundas desigualdades que caracterizan a nuestras ciudades costeras. Mientras algunos disfrutan de los privilegios del consumo y la movilidad global, otres luchan por sobrevivir en un entorno hostil y excluyente; son tratados como intrusos en su propia tierra, enfrentando la amenaza constante de la expulsión y la criminalización.

En última instancia, la lucha por la tierra y la vivienda en la costa va más allá de la mera supervivencia física de quienes allí habitan. Es una lucha por la dignidad, una lucha colectiva por la defensa de lo común.

El verano terminó, pero las olas aún susurran historias de esperanza y libertad.

Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.