En febrero de este año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió sustituir el concepto de “terrorismo de Estado” por “la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”. La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) valoró que “el cambio no es inocente” y que el concepto sustituido “es el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”. Además advierte que se introdujo como tema el abordaje de “los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”, afirmación que, según plantea la asociación, “carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía que señala que es el Estado quien puede cometer violaciones a los derechos humanos”.

La declaración de la APHU es suficientemente clara y algunos de sus integrantes entrevistados por la prensa argumentaron con solvencia su contenido. A lo dicho sólo quisiera agregar cuatro comentarios.

En primer lugar, llama la atención la forma en que se decidió realizar el cambio. El Codicen convoca a una comisión y lo que esta resuelve lo remite a la Asamblea Técnico Docente (ATD) para que se expida, pero luego hace un cambio que no pasó ni por la comisión ni por la ATD. ¿Por qué convocar a los que saben, a los técnicos, que son los docentes y los historiadores, para luego imponer un contenido que no tiene respaldo en investigaciones académicas ni se toman la molestia de hacer públicas sus razones? Sin argumentos no se puede debatir académicamente; sólo parece una decisión arbitraria de tipo administrativa, como quien decide que los liceos se deben pintar de determinado color.

En segundo lugar, es necesario reflexionar sobre el contenido de la decisión. Se sustituye un concepto por otro cuando no significan lo mismo. Durante las dictaduras de los años 70 en América Latina hubo una intencionalidad de los gobiernos de aplicar el terror en la sociedad para generar una cultura de sumisión. No alcanzaba con demostrar desinterés por la política para no caer como sospechoso; sólo podía estar seguro el que de alguna manera colaboraba con el régimen, como por ejemplo denunciando a sus vecinos por sus opiniones políticas. Por supuesto que se “suspendían y avasallaban las garantías constitucionales de los ciudadanos”, como el Codicen quiere que se denomine a esta práctica represiva en lugar de “terrorismo de Estado”, pero también se suspendían esas garantías cuando se imponían en gobiernos electos democráticamente las medidas prontas de seguridad. Sin embargo, se mantenía la división de poderes, los partidos políticos y las organizaciones sociales, la libertad de prensa y las elecciones periódicas, todo lo cual diferencia a un gobierno autoritario de uno dictatorial.

El Codicen haría bien en basarse en la experiencia docente y en la investigación académica cuando toma decisiones, en lugar de dejarse llevar por su ideología política.

En tercer lugar, quisiera destacar la relevancia del caso. Es grave que desde el Codicen se impongan conceptos ideológicos cuando sólo vinculan las violaciones a los derechos humanos con los grupos guerrilleros y no cuando lo hace el Estado. Confunden incumplimiento del Código Penal por parte de algunos miembros de la sociedad con la política sistematizada de violaciones de los derechos humanos realizada por las dictaduras.

Curiosamente, omiten relacionar a los grupos de extrema derecha que aplicaron la violencia contra militantes sociales y de izquierda antes del golpe de Estado, por lo que no son coherentes en la utilización del concepto.

Por último, pero no menos importante, me preocupan los posibles efectos de la resolución. Los docentes profesionales seguirán utilizando los conceptos y las interpretaciones que están respaldadas por investigaciones historiográficas, presentando los argumentos de las diferentes interpretaciones sobre los mismos hechos. Habrá otros docentes que prefieran cumplir su trabajo como funcionarios leales al gobierno de turno y se limitarán a repetir lo que digan las autoridades. Y habrá otros docentes que se dejarán llevar por el temor y que prefieran no meterse en asuntos polémicos evitando responder preguntas a los estudiantes. Los últimos dos tipos de docentes fomentarán en sus estudiantes la sumisión ante la autoridad y la apatía ante el conocimiento. Sólo los primeros promoverán la curiosidad, el análisis crítico y la diversidad de ideas.

Sin embargo, hay que relativizar el efecto que podemos tener los docentes en los estudiantes. Los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje son muy complejos. Como sabe todo docente con experiencia, no hay una relación causa-efecto entre ambos. El Codicen haría bien en basarse en la experiencia docente y en la investigación académica cuando toma decisiones, en lugar de dejarse llevar por su ideología política.

Federico Lanza es profesor de Historia.