Del 23 al 25 de abril, con la participación de numerosas organizaciones sociales, se realizó el Foro Nacional de Cuidados, una actividad necesaria para evaluar y compartir lo actuado en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Esta política pública está en su segundo período de gobierno desde la promulgación de la ley de creación del sistema en 2015.

Con la participación de los responsables institucionales, los usuarios y las organizaciones sociales se establecieron algunos ejes de discusión: el cuidado como derecho y pilar del bienestar; las razones por las cuales invertir en el SNIC o los escenarios que aseguren su financiamiento; cuidados, bienestar y desarrollo; los desafíos para la integralidad del sistema; el trabajo remunerado y no remunerado en cuidados; y las especificidades de los cuidados en entornos urbanos rurales y comunitarios.

Con el objetivo de profundizar una gestión corresponsable entre todos los actores del sistema -Estado, mercado, familias y sociedad-, los hallazgos y conclusiones del Foro constituyen un insumo importante hacia una tercera etapa del SNIC. Los acuerdos son profundizar y consolidar el sistema, establecer un contrato social renovado donde las responsabilidades sean realmente compartidas, asumir el horizonte de universalidad, y construir una alianza estratégica de mediano plazo entre los actores para avanzar, incluyendo a los partidos políticos.

Durante el desarrollo del Foro, se debatieron temas relacionados a las ciudades que cuidan, la escala y el rol de los gobiernos subnacionales y los cuidados en los entornos rurales y comunitarios.

En este abordaje de los cuidados desde el espacio físico es oportuno agregar a la discusión temas como la adecuación de las viviendas y la gestión del sistema en el territorio.

Los cuidados y la vivienda

Las instituciones a las que asisten niños o adultos deben cumplir regulaciones relativas a la accesibilidad. Las normas UNIT definen estándares de “accesibilidad al medio físico” para espacios públicos y edificaciones1.

Las condiciones de las viviendas no están jerarquizadas en las políticas de cuidado, aun cuando se reconocen como un factor relevante para la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad o de los adultos mayores. La adaptación de la vivienda y sus entornos a las lógicas de la discapacidad o de patologías relacionadas a la edad avanzada son fundamentales para la autonomía.

En el caso de las personas mayores la adaptación de los espacios que habitan permite evitar las caídas en el hogar, principal causa de fracturas en mayores de 65 años según estudios epidemiológicos2. Los accidentes domésticos son frecuentes, generan costos de atención en salud y disminuyen la calidad de vida posterior.

Hay una oportunidad de alcanzar y mantener por más tiempo la autovalencia de adultos mayores, así como de personas en situación de discapacidad, en la medida en que se puedan evitar o prevenir condiciones de mayor dependencia y los costos económicos y personales asociados.

Los cuidados y la ciudad

La accesibilidad al medio físico es un componente incorporado en el diseño urbano y en las expectativas de la ciudadanía, que también estuvo presente en los intercambios del Foro Nacional.

La accesibilidad universal del espacio público es un imperativo del urbanismo contemporáneo. Jane Jacobs, activista y periodista norteamericana, ya en la segunda mitad del siglo XX defendía la participación ciudadana y la humanización del urbanismo. Este concepto está instalado aun cuando nuestras ciudades mantienen gran parte del espacio público ocupado por el tráfico de vehículos privados.

La necesidad del diseño accesible se advierte cuando algunas personas necesitan ayuda para moverse por la ciudad, acceder al transporte y locales públicos o espacios libres, mientras otras lo hacen sin advertir las barreras físicas a las que nos enfrentamos o nos enfrentaremos en algún momento de la vida.

Las condiciones de las viviendas no están jerarquizadas en las políticas de cuidado, aun cuando se reconocen como un factor relevante para la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad o de los adultos mayores.

Las rampas construidas en las esquinas –cumpliendo la norma UNIT– son un avance visible y valorado, aunque muchas calles de nuestras ciudades no tienen veredas continuas. Para Montevideo, la investigación “Veredas Accesibles”3, destaca la disparidad entre los municipios que presentan entre 31% y 100% de veredas apropiadas. Dentro del universo relevado por este trabajo, la accesibilidad según los parámetros del estudio varía entre 26% y 69%. Este mismo texto recomienda el mantenimiento de las veredas y la calificación de la infraestructura de la periferia montevideana: “generar circuitos accesibles priorizando zonas, por ejemplo, alrededor de los centros educativos, hospitales, BPS, teatros y centros culturales”.

Hay una oportunidad de hacer más amigable el espacio público de nuestras ciudades y establecer normativas de diseño accesible, sobre definiciones técnicas. Es posible acordar un mínimo normativo compilado en una ordenanza común para todos los departamentos sobre señalizaciones universales, accesibilidad del transporte y de todos los edificios, comercios, salas de espectáculos y espacios públicos. Las construcciones realizadas antes de que la accesibilidad se considerara un factor de diseño tienen también un potencial de transformación y adaptación.

Las acciones sobre las ordenanzas y los entornos construidos son inversiones necesarias para eliminar las barreras físicas en el espacio doméstico y urbano.

Los cuidados y los traslados

Cuando se proyectan espacios de cuidado, surge la cuestión de cómo llegan las personas a estos centros4 -destinados a infancia o adultos mayores- y si los recorridos son adecuados a sus modos de desplazamiento, ya sea movilidad activa, transporte colectivo o privado. Las condiciones de accesibilidad de los trayectos que recorren los usuarios son determinantes en la autovalencia y la vida cotidiana.

En este mismo sentido, los requerimientos del programa de Asistentes Personales son diferentes, dado que en este caso los usuarios están dispersos en el territorio y los desplazamientos los realizan las personas cuidadoras entre los domicilios.

Parece pertinente evaluar la incorporación de un transporte especializado al sistema, para facilitar los desplazamientos desde y hacia los centros, y para apoyo al Programa de Asistentes Personales en zonas donde sea necesario.

Los cuidados y la gestión territorial

Planteamos el caso de una persona que vive en una pequeña localidad al norte del río Negro que se recupera de una cirugía y requiere cuidados. Esta persona vive con un familiar que trabaja como docente y en marzo debía reintegrarse a su trabajo. En abril aún no habían recibido la visita técnica del Programa de Asistentes Personales. Las alternativas son que quien necesita cuidados quede sola la mayor parte del día, o que quien brinda los cuidados no trabaje y pierdan ese ingreso. Ninguna de las opciones es correcta.

El Programa de Asistentes Personales requiere una masa crítica mínima que permita un servicio de calidad, con cobertura completa, circuitos de supervisión, suplencias simultáneas y, eventualmente, una administración local descentralizada. La logística está vinculada a la localización de los usuarios y la de los asistentes, así como los trayectos que implica.

La lógica departamental es la habitual en la gestión de servicios, aunque no necesariamente es la óptima para todos los casos. La gestión por regiones, en base a sistemas de localidades5 que tienen vínculos funcionales entre sí, puede resolver la gestión territorial con cobertura de las zonas rurales del área de influencia, tanto para los centros de cuidados como para el programa de asistentes, pudiendo alcanzar una masa crítica mínima para su buen funcionamiento.

La gestión por regiones presenta algunas ventajas sobre la división departamental en un territorio poco denso como nuestro país: permite alcanzar la masa crítica que haga viable un sistema robusto, su propio transporte de cuidados, administración de funcionarios, horarios y cuidadores. Es necesario un transporte especializado -que sirva tanto a usuarios como a cuidadores, asistentes, administrativos y supervisores- dentro y entre las localidades y áreas rurales.

En esta lógica podríamos resolver el dilema de aquellas personas que viven en un pequeño poblado al norte del río Negro y asegurar que, en cualquier punto del país, podamos ejercer nuestro derecho a cuidar y ser cuidados.

Las intervenciones en el espacio construido - la vivienda, los centros, la ciudad y el territorio- nos acercan más al horizonte de universalización de los cuidados hacia la tercera etapa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Alicia Artigas es arquitecta y Magister en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.


  1. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Norma UNIT 200:2022 “Accesibilidad de las personas al medio físico - Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible”. 

  2. A. Sosa et. al. (2021). Análisis Epidemiológico Multicéntrico de las Fracturas de Cadera en Uruguay: Importancia y Planificación de un Registro Nacional

  3. Informe final “Veredas Accesibles”, Montevideo, 2021-2022, Arq. G. Gil, Lic. MSc. A. da Fonseca, Soc. S. Canto, Bach. I. Yerle, Met. C. Genta. 

  4. Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF), Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), Centros Comunitarios de Educación Infantil (CCEI), centros de educación y cuidado de sindicatos y empresas (Siempre), Casas Comunitarias de Cuidados, espacios de cuidado y educación para hijos e hijas de estudiantes. 

  5. 2019: “Sistema de ciudades y equipamientos”, MVOTMA-OPP. Las ocho regiones en que se organizan los centros poblados del sistema urbano nacional son alto litoral, bajo litoral, suroeste, centro sur, centro, norte, noreste y este.