Micromachismos en el Senado: ¿asunto de querer o de poder?

Semanas atrás, el Parlamento nacional se expidió rechazando un nuevo proyecto de ley de paridad en su ámbito. La ley de cuotas vigente no resultó idónea para superar la brecha escandalosa que presenta nuestro país, vergonzosa frente a la mayoría de los países de la región. Un nuevo intento se frustró y ya no tendrá incidencia para las elecciones nacionales de este año.

Los argumentos desplegados por las y los conservadores han sido ofensivos y no exentos de una violencia política implícita, ignorando las reales reglas del juego que establecen la mayoría de los partidos políticos a su interna y en la confección de sus listas. La subrepresentación femenina al parecer tiene que esperar otra oportunidad.

La deliberación del Senado tuvo muchas manifestaciones que podrían ser incluidas dentro del concepto de micromachismos (según la Real Academia Española: “Forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes”), agresiones sutiles a tal punto que para la mayoría de las personas puede verse como una exageración tipificarlas como tales.

¿Alcanza con querer para poder? Los argumentos desplegados por alguno de los senadores hacen pensar en que tenemos poca iniciativa y en definitiva somos las responsables de no acceder a los cargos de decisión. Hubo afirmaciones referidas a trayectos personales con pretendida generalización: “Si yo no llegué más lejos es porque no quise o no supe”, y no por falta de oportunidades, como si la igualdad de oportunidades estuviera asegurada per se por las instituciones.

Se mencionó el precepto constitucional que establece la igualdad ante la ley sin otra distinción que la de los talentos y virtudes de las personas. La igualdad sustantiva está lejos de alcanzarse en el ámbito político y pretenden convencernos de que los varones parlamentarios ocupan sus bancas en función de sus competencias, competencias que las mujeres no alcanzaríamos. En algunos discursos se reforzó la idea de que sólo el mejor o la mejor en su caso es elegido. También se escucharon argumentaciones que –por alguna razón de competencia– las uruguayas no hemos llegado a ocupar la presidencia, seríamos por lo tanto menos capaces que las chilenas, las brasileñas y las argentinas, porque ellas ya llegaron a presidentas y nosotras no.

Contrariamente a lo esgrimido mediante estos argumentos falaces, existe evidencia en otros países de que lo promovido por las estructuras partidarias muchas veces es la incompetencia. La London School of Economics desarrolló un estudio por el cual encuentra que la aplicación de cuotas “descartan a los hombres incompetentes” y no se verifica que promuevan a las mujeres con menos competencias. Es una investigación desarrollada en 2017 sobre integrantes de partidos políticos y municipalidades de Suecia, donde el partido Social Demócrata implementó la aplicación de cuotas desde 1993. La publicación de los resultados se denomina “Cuotas de género y la crisis del hombre mediocre”.¹

La deliberación no estuvo exenta de consejos de “buenos padres de familia”, se nos pretendió enseñar la forma de lograrlo a través de la presentación de listas (¡muy didáctico!). Lo que podemos nosotras enseñarles es que esa actitud tiene un nombre y es mansplaining (neologismo anglófono que es aceptado por la RAE y que refiere a la explicación dada por un varón a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada desconocimiento de la cuestión por parte de ella), aunque en este caso podría llamarse desvergüenza.

Otros micromachismos se exhibieron en la larga sesión cuando dos legisladoras tuvieron que solicitarle a la presidenta de la Cámara que las amparara en el uso de la palabra por escucharse voces en la sala, dando cuenta de que por parte de algunos colegas había algo más atractivo para atender. Y este es otro gesto habitual que tiene una connotación de descrédito hacia lo que a priori puede emitirse de interesante por parte de una mujer.

Esta expresión de menosprecio y trato desigual es habitual en las esferas de poder. Existe un término para nombrar la igualdad que se reclama y es equifonía, consiste en la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad.²

Mary Beard, académica y catedrática inglesa especializada en estudios clásicos, en Las mujeres y el poder. Un manifiesto, nos ilustra sobre la censura hacia las mujeres en el discurso público, tanto con ejemplos de la historia como de la literatura. La autora opina que las mujeres siguen siendo percibidas como seres exteriores a la esfera del poder, menciona incluso medios inconscientes que de alguna manera las colocan como intrusas. Y también da cuenta de las agresiones que se nos dirigen: “Desde el momento que ustedes se aventuran en el dominio tradicional de los machos, poco importa el punto de vista que se exprese en tanto mujer, la injuria vendrá de todas maneras”.

También nos quisieron enseñar que “eso no funciona así”, claro que faltó decir que no funciona así en el sistema patriarcal en que vivimos, aunque exista alguna senadora que considera que en el país no vivimos en ese sistema. Lo que queda claro es que hay varones y mujeres patriarcales; no es un descubrimiento, sólo una evidencia que en este caso comprobamos a través de sus discursos.

El patriarcado sigue vivo, goza de buena salud, sus raíces están sostenidas por la solidez de los roles tradicionales de género en las instituciones (familia, educación, Estado) y en cada época ha sido capaz de desarrollar los recursos para camuflarse y seguir resistiendo a las sucesivas luchas por la igualdad de derechos de la mujer.

Las críticas que se esparcen en el caso de mujeres en cargos de alta exposición, tradicionalmente ocupados por varones, son del estilo “es demasiado agresiva, le falta espíritu de equipo, es ambiciosa de poder”, lo que hace que para la mayoría de las mujeres el éxito tenga costos asociados. Ingresar al espacio público tiene costos diferenciales para ellas, deberán gestionar las miradas y las evaluaciones críticas de integrantes de la organización así como de la comunidad y los medios de comunicación, lo que explica en gran medida las deserciones ante la elevada exposición pública.

Cuando se trata de cargos políticos ocupados por mujeres en Uruguay, también se pone de manifiesto la violencia política. Un estudio de diciembre de 2021 de ONU Mujeres denominado “Cuantificación y análisis de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales”, basado en el análisis de tuits durante un período de 13 meses, entre legisladoras y legisladores, da por resultado que los referidos a las primeras son levemente superiores. Sin embargo, el estudio señala una diferencia sustancial en las características de los mensajes: “Mientras que los tuits violentos dirigidos a legisladores refieren a cuestiones relacionadas al quehacer político, los dirigidos a mujeres tienden a mencionar la condición de mujer, sugiriendo que el perfil de violencia de género está más presente en el caso de las mujeres. No solo eso, sino que aquellos 1 de cada 2 tuits que mencionan conceptos asociados al feminismo son violentos, mientras que los tuits que incluyen referencias a la condición de mujer son unos 10 puntos porcentuales más violentos que en promedio”.

Es un estudio que remarca sus limitaciones, se trata de un primer esfuerzo de mucho valor en esta cuantificación, máxime que nuestro país en el objetivo de la paridad presenta un rezago importante con respecto a otros países de la región. Si consideramos que los niveles de educación no son la causa de esta desigualdad, es en los estereotipos y la persistencia de los roles tradicionales de género que tenemos que buscar las causas más profundas.

También se escuchó en la sesión reclamar enérgicamente que “los números hay que respetarlos”. Para dar cuenta de que hay números que no se respetan, compartimos algunos datos provocadores de la subrepresentación femenina.

En el último informe que efectuaron ONU Mujeres e Inmujeres³ se resaltan las observaciones y recomendaciones que Uruguay ha recibido del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de la baja representación de las mujeres en el ámbito público y político, cuya participación evalúan como indicador relevante para la Agenda de Desarrollo Sostenible.

El estudio abarca la administración pública con la más amplia cobertura, el sector privado, los sindicatos y el sector cooperativo. La conclusión general se sintetiza así en su informe: “Este documento deja en evidencia la persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres, y también da cuenta de la existencia de segregación horizontal. Ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas en las que son consideradas para conducir”.

En cuanto a mujeres con cargo de directoras generales (la fuente es la lista Fortune 500) en el mundo, la estadística recorre la serie desde 1995 a 2019, y los resultados van del 0% al 6,6%; en 25 años los avances han sido insignificantes en estas élites empresariales, espacio relevante en los juegos de poder.

Nos encontramos ante un núcleo duro que da cuenta de una de las brechas más grandes en la subrepresentación de las mujeres. Y es en este terreno escarpado que se inscribe el recorrido de las mujeres en sus carreras para ocupar cargos de dirección, y hace evidente que querer no es poder.

La ley de cuotas, en tanto medida afirmativa, ha sido largamente debatida. Uno de los argumentos que se plantean es que las mujeres deberíamos llegar a esas posiciones por méritos propios y no por la existencia de estos cupos. Según estudios realizados en otros países, la ley de cuotas parece tener efectos positivos para la mejora de los niveles generales de competencia en la integración de estos ámbitos colectivos.

La violencia política tiene su antecedente en el continuo de violencia hacia la mujer, cuyas manifestaciones se presentan en las distintas instituciones por las que transitamos, familia, educación, trabajo, Estado, como las principales. Nuestro país, que fue uno de los pioneros en la región en aprobar la ley de ciudadanía política para la mujer (año 1932) y que en 1942 contó en el Parlamento con las primeras legisladoras electas, tuvo un freno importante en el contexto previo a la dictadura militar y en la integración del primer Parlamento luego de la dictadura. En 1984 todos los legisladores titulares eran hombres, la representación femenina fue del 0% (100% invisibles). A partir de ese momento el porcentaje fue en ascenso, en particular, a partir de la aplicación de la ley de cuotas en 2014.

En la esfera política hay quienes no toleran más competencia en el trabajo parlamentario, esgrimen argumentos falaces, se sienten tan dueños del espacio que, al parecer, en lo más íntimo de su ser añoran el escenario de 1985, en que el Parlamento estuvo sólo integrado por varones en ambas cámaras.

El poder se manifiesta así de descarnado, expulsa a las mujeres mediante barreras y hostilidades que el sistema y sus “dueños” han desplegado a lo largo del tiempo. Hace un siglo podía detectarse en discursos y prensa de forma transparente, fue el caso en el proceso de lucha por el sufragio femenino. Actualmente, las resistencias conservadoras para defender sus privilegios tienen recursos más sutiles, se expresan mediante argumentos que culpabilizan a las mujeres y niegan las evidentes brechas de género que señalan la incuestionable desigualdad que persiste.

Tradicionalmente, se ha asumido que ser desfavorecidas es lo nuestro, tener papeles secundarios y no protagónicos, que otros cuenten nuestras historias, que hablen por nosotras, que seamos subalternas y se nos cuestione en tanto mujeres cuando invadimos espacios reservados a los varones, como los de conducción en las organizaciones.

Las voces de resistencia se escuchan, la amenaza de perder privilegios genera reacciones conservadoras que argumentan con base en una especie de ventajas que favorecen a las mujeres ante las acciones que las instituciones van tímidamente tomando para disminuir la brecha de género.

No se trata de regular situaciones en contra de los varones, sino de que nuevos contratos sociales se formulen y puedan conducir a un futuro de mayor igualdad. Ciertos sectores de la población sienten que este cambio en las reglas de juego no es justo, y en realidad sólo consiste en restablecer un equilibrio en el goce de los derechos humanos tanto para varones como para mujeres.

Elizabeth Oria es licenciada en Administración y en Sociología y fue directora general del Ministerio de Economía y Finanzas (2005-2009).