El allanamiento nocturno que promueven determinados sectores del espectro político nacional busca trazar una línea divisoria entre “duros” y “blandos”. Esta medida en sí misma posee desde el punto de vista preventivo y represivo una eficacia bastante marginal. Pero instalarla como eje de un debate nacional es un acto que está cargado con un fuerte tinte ideológico que prevalece sobre su real eficacia en cuanto instrumento para mejorar la calidad de la lucha contra el crimen organizado. La introducción de este tema es un ardid para profundizar la división entre los ciudadanos.
Existe un hecho objetivo: la gente está harta de ser víctima de la inseguridad. Cuando se plantea una disyuntiva orientada a controlar el delito, rápidamente muchos ciudadanos tienden a apoyarla sin evaluar de manera pormenorizada su verdadera eficacia. Debatir en torno a un instrumento que tiene una fuerte carga ideológica representa una trampa para ensuciar la campaña política.
El allanamiento nocturno tiene connotaciones asociadas a prácticas que fueron efectuadas en el pasado dictatorial del país, y, por lo tanto, no puede desconocerse que para determinados sectores de la población esta práctica representa un potencial riesgo de avasallamiento de los derechos humanos. Tampoco puede desconocerse que la medida despierta adhesión en importantes sectores de la población. ¿Cómo evitar caer en una falsa disyuntiva?
Debe evaluarse la posibilidad de que, en vez de rechazarla de plano, se considere la alternativa de aceptarla para que se lleve a cabo bajo rigurosas condiciones que eviten al máximo los riesgos de desbordes autoritarios en su aplicación. La ventaja de una opción de esta naturaleza es neutralizar parcialmente un falso debate.
El allanamiento nocturno posee desde el punto de vista preventivo y represivo una eficacia bastante marginal. Pero instalarla como eje de un debate nacional es un acto que está cargado con un fuerte tinte ideológico.
Otra opción superior es aceptar la posibilidad de aplicar el allanamiento nocturno debidamente protocolizado dentro de un conjunto más amplio de medidas que deberían surgir de propuestas expresadas directamente por los ciudadanos a través de un sistema de consulta ágil y muy sencillo, que tome como base para llevarla a cabo a los 125 municipios del país. Esta opción significa reconocer a los vecinos la capacidad de sugerir iniciativas que respondan de manera real a sus necesidades concretas para hacerles frente a sus verdaderos problemas de inseguridad.
De una consulta de tales características, para la cual se dispone técnicamente de un diseño que puede implementarse de manera inmediata y sencilla, surgirán propuestas concretas, tales como la mejora de los sistemas de patrullajes, el establecimiento de procedimientos de denuncia anónima ante el temor de represalias, demandas específicas de iluminación de áreas conflictivas, la incorporación de videocámaras en áreas peligrosas, entre otras muchas iniciativas que abordarán cuestiones relacionadas con la prevención de adicciones, la prevención y desaliento de violencia intrafamiliar asociada al consumo de sustancias, la prevención de violencia en centros educativos, etcétera. Es posible que dentro de las opciones sugeridas por los vecinos a través de los municipios pueda surgir el allanamiento nocturno protocolizado.
Un abordaje del problema por esta vía contribuye a sentar las bases para avanzar en un acuerdo político profundo entre todos los sectores políticos, entre el Estado y la sociedad civil, jerarquizando el espacio municipal. De esta manera se podrá poner en el centro de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana el verdadero sentir de los vecinos, debidamente representados en los 125 municipios que actualmente constituyen el tercer nivel de gobierno del país.
De este modo, en vez de profundizar la brecha entre los ciudadanos, se contribuirá a sentar las bases para levantar una bandera de unidad nacional en torno a la seguridad ciudadana.
Gabriel Vidart es sociólogo. Entre otros cargos, a nivel nacional e internacional, fue director adjunto del proyecto Combate a la Pobreza en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1984-1986) y fundador y secretario ejecutivo del Plan CAIF, Uruguay (1988-1990).