A pesar de diferentes normativas existentes, la deuda social del Estado con respecto al trabajo de las personas con discapacidad no sólo sigue siendo alta, sino que no surgen desde el ámbito nacional y desde los departamentos políticas públicas inclusivas que permitan comenzar a revertir la situación de modo sostenido.

Dentro de las distintas discapacidades, hay un grupo de personas que son aun más relegadas que el resto. Nos referimos a los discapacitados intelectuales, los que, por no poder culminar el ciclo básico de enseñanza secundaria, quedan (la mayoría) al margen de los llamados que realiza el Estado, que legalmente está obligado a reservar para la discapacidad, en general, el 4% de los puestos a ser llenados.

Según el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana, repartición dependiente de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), el ingreso de personas con discapacidad al Estado en 2023 ascendió a sólo 117 personas.

Fueron ocho los organismos que en ese año cumplieron con el mínimo del 4% señalado: el Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente (Inisa), el Banco Central del Uruguay (BCU), el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), UTE, la Intendencia de Canelones, la Junta Departamental de Salto, el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Otros organismos tuvieron ingresos, aunque no alcanzaron la cuota mínima: el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Administración de Educación Pública (ANEP), el Banco de Previsión Social (BPS), la Intendencia de Colonia, la Intendencia de Durazno y la Intendencia de Montevideo.

Las 117 personas ingresadas en 2023 lo hicieron a los siguientes organismos: MDN (1), ANEP (7), Inisa (2), BPS (1), BCU (4), BROU (20), UTE (34), Intendencia de Canelones (31), Intendencia de Colonia (9), Intendencia de Durazno (2), Junta Departamental de Salto (1), Intendencia de Montevideo (5). A esta lista podríamos agregar a quienes ingresaron a organismos que son personas jurídicas del derecho público no estatal, como Inacoop (1) y el LATU (3), completando un total de 124.

El 60% de los ingresos son hombres y el 40% mujeres. La edad promedio fue de 33 años, Donde más ingresaron en términos absolutos fue en el departamento de Montevideo, seguido de Canelones y Colonia. El 71% lo hizo para cumplir tareas administrativas, mientras que el 28% lo hizo para tareas de auxiliar. Desde el año 2000 a diciembre de 2023, el total de ingresos ascendió a 937 personas.

Las políticas públicas deberían lograr que el Estado genere proyectos que den cabida a las personas con discapacidad intelectual, y no sólo a ellos, también, por ejemplo, a personas en tratamientos de salud mental.

Si consideramos el tipo de discapacidad, nos encontramos con que sólo 17, o sea el 14% del total de los ingresos, presentaron discapacidad intelectual. El 45% ingresó por discapacidad motriz, el 13% por audición, el 12% por visión, 3% psíquicas y las restantes significaron el 1% o menos cada una. De los 17 ingresos de personas con discapacidad intelectual, 13 lo hicieron como auxiliares/servicios/construcción, mantenimiento y afines, y cuatro a tareas administrativas.

Como se desprende de los datos presentados, los discapacitados intelectuales están prácticamente imposibilitados de acceder a un trabajo en el Estado. Los discapacitados en condiciones de trabajar, sin duda, son un grupo en desventaja porque les es casi imposible culminar el ciclo básico, además de que no siempre tienen un diagnóstico completo y a menudo no son conscientes de su situación. Pero ellos no sólo tienen el derecho al trabajo remunerado, sino –se debería tener esto muy claro– que pueden trabajar en múltiples tareas. Para esto se requiere diseñar emprendimientos en los que las relaciones laborales y los requisitos sean diferentes a los de un trabajo común y corriente. Por otra parte, pensamos que no es el camino darles cursos que no pueden asimilar, que no les permitirán acceder a un llamado laboral. Más equivocado aún es pensar que podrán encarar un emprendimiento propio, con todo lo que eso implica: básicamente, capacidad de gestión y dinero para las inversiones que este amerite.

Por las razones expuestas, planteamos que las políticas públicas deberían lograr que el Estado genere proyectos que den cabida a las personas con discapacidad intelectual, y no sólo a ellos, también, por ejemplo, a personas en tratamientos de salud mental.

Estos emprendimientos implican que parte significativa de su personal, al tratarse de personas con determinada discapacidad, trabaje bajo condiciones que no son las aceptables en un trabajo común. ¿Y cuáles serían esas condiciones especiales? Entre otras, las siguientes: supervisores con el perfil adecuado para relacionarse con esta población y eventualmente con sus familias, jornadas laborales con diferente carga horaria tanto diaria como semanal, flexibilidad y tolerancia en los horarios de entrada y salida y en el número de faltas, retención del puesto laboral si por razones fundadas faltan con o sin aviso por varios días.

Las actividades económicas en las que esta población se podría desempeñar son muchas, a modo de ejemplo enumeramos algunas: viveros, huertas, mantenimiento de áreas verdes, gestión de montes nativos, cría de lombrices, cosecha de árboles frutales, compostaje y clasificación de diferentes fracciones de residuos, pequeños trabajos de albañilería y colocación y reparación de veredas.

Para finalizar, algo nada menor, esta propuesta nace de la experiencia de haber trabajado 13 años con esta población en este tipo de proyectos, o sea que, más evidencia, imposible.

Jorge Solari es edil departamental de Montevideo por El Abrazo 949, Frente Amplio.