Aun con los ecos y latidos del escenario político nacional y parlamentario dirimido entre octubre y noviembre de 2024, ni las fiestas ni el verano instalado han apagado la llama motora del juego electoral y partidario. Sabido es que Uruguay y su democracia plena deben mucho a esas renovables energías partidarias no exentas de táctica, estrategia, discusión y, por cierto, siempre competencia.
Es necesario y relevante mirar en prospectiva, es además absolutamente legítimo que las distintas colectividades analicen sus potencialidades y riesgos, aun con el espejo retrovisor colocado en sus más recientes desempeños en las urnas. Desde la eventual ratificación de una recuperación relevante del Frente Amplio en varios departamentos del interior, que incluso hacen que dicha fuerza política se coloque nuevas metas y aspiraciones, hasta la marcada insistencia de los partidos históricos, fundamentalmente del Partido Nacional, de mantener a resguardo bastiones electorales históricos, o, para el caso de los colorados, retener Rivera.
El cierre del ciclo electoral con las próximas elecciones departamentales de mayo delineará la nueva correlación de fuerzas para todo el quinquenio y eso importa. Una cosa podrá ser un Frente Amplio gobernando el país con fuerte respaldo territorial y allí importan los gobiernos departamentales y locales.
También es lógica la aspiración coalicionista de tener una buena expresión electoral en los comicios de mayo para quedar en mejores condiciones en el escenario y comenzar a mitigar rápido heridas de la contienda nacional que han sido evidentes, tanto al interior del nacionalismo como del Partido Colorado.
En la misma perspectiva de mover piezas, será importante identificar si el avance coalicionista en departamentos claves como Montevideo, Canelones o Salto registra adhesiones. Allí a priori se identifica un incentivo, pero también un inmenso riesgo. La motivación de los impulsores de la Coalición Republicana en los mencionados departamentos se vincula claramente con la expectativa de sacar del gobierno departamental al Frente Amplio. Por más que se rasque en la información y los elementos propositivos, de momento, ninguno de los candidatos coalicionistas confirmados (como el caso de Martín Lema en Montevideo) han logrado articular un discurso y una plataforma propositiva más allá de la idea fija de “sacar al Frente Amplio”.
Pero avanzando sobre el riesgo del experimento coalicionista en otras realidades territoriales del interior, será oportuno y pertinente estimar si esa oferta fusionista no termina por desarmar las históricas adhesiones a los partidos fundacionales que precisamente han explicado gran parte de los bastiones territoriales referidos anteriormente. Allí, lejos del riesgo de perder, el Frente Amplio incluso podría capitalizar el desdibujamiento de las colectividades históricamente identificadas con Batlle y Ordóñez, Rivera, Oribe y Saravia.
Por si faltaran condimentos, a todo el caldo de cultivo anterior se suma el recurso que el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron conjuntamente el viernes 3 de enero ante la Corte Electoral. Allí se propone modificar la aprobada reglamentación de las próximas elecciones departamentales y municipales. Y para variar, también hay que separar aguas y poder interpretar la propuesta, porque una cosa es la palpitante contienda electoral actual, otra es en el marco de una fundamentación sostenida de abrir más opciones para el elector.
La habilitación del voto cruzado propuesta en parte por la argumentación del recurso planteado podría ser un aspecto atendible si no estuviera tan contaminado de coyuntura. Lo cierto es que desde el inicio de este formato electoral subnacional, que desde 2010 comparte comicios locales y departamentales, se ha mantenido incambiado y la forma de elegir en esos niveles de gobierno es colocando las boletas pertenecientes al mismo lema en el sobre. ¿Eso quiere decir que no se pueda analizar cambiarlo? Claro que no, pero requeriría un análisis desapasionado del termómetro electoral. Además, sería prudente hacerlo en el marco de una adecuación de la legislación nacional vigente en materia de descentralización política (Ley 19.272).
Privilegiar “la libertad del elector” o habilitar la elección de un referente comunitario que no necesariamente comparte partido es algo atendible, pero que no se ha discutido en su debida profundidad. No en vano, tampoco ha sido un aspecto impulsado con fuerza desde el Partido Colorado, el Independiente u otra colectividad en los últimos 15 años.
Ojalá se pueda ahondar este debate hacia adelante, fuera del chisporroteo que hace que se parezca mucho más a una tormenta con matracas que a un planteo que conecte con verdaderos objetivos de ampliación democrática que hoy parecen movilizar a algunos actores.
El otro planteo que es recogido en el reciente recurso planteado a la corte se refiere a la cláusula que inhibe que candidatos a alcaldes o concejales de un lema no pueden haber comparecido previamente en la lista de otra colectividad. También requiere un análisis específico, aunque en este caso sí se está marcando un cambio respecto de la reglamentación de la elección subnacional de hace cinco años. Los dos planteos del recurso pueden ser atendibles y podrían ser abordados en una propuesta de adecuación legislativa a futuro. También podría serlo la habilitación de partidos locales o regionales (entre otros posibles aspectos y ejemplos que privilegiaran la libertad del elector y diversificación de la oferta política territorial).
Específicamente sobre el recurso será la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral la que tendrá que analizar los argumentos y tomar una decisión que igualmente luego debe someterse a votación de los ministros de la entidad. Hasta el momento de su presentación, la vigente circular 12.095 de la corte establece que el sistema de electividad propuesto contempla prerrogativas constitucionales y legislativas. Allí son importantes artículos de la carta magna como el 77 y el 322 (el primero refiere al calendario y el segundo a la definición de procedimientos). El otro elemento rescatado en la circular de la corte es la Ley 19.272 que dispone en relación con la electividad y representación de los gobiernos locales.
Si bien parece un tanto improvisado el movimiento del recurso presentado por colorados e independientes, ello no debiera invisibilizar y desconocer la pertinencia de discutir adecuaciones en un marco más desapasionado. Las discusiones para ampliar la oferta electoral y los márgenes de elección de la ciudadanía no son nuevas, aun en un país como Uruguay. Cabe recordar que aquí existe una experiencia todavía incipiente en materia de elección directa de tres niveles gubernamentales, además de contar con un sistema que históricamente ha sido definido como partido centrista. Ojalá se pueda ahondar este debate hacia adelante, fuera del chisporroteo que hace que se parezca mucho más a una tormenta con matracas que a un planteo que conecte con verdaderos objetivos de ampliación democrática que hoy parecen movilizar a algunos actores.
En cualquier caso, me gustaría subrayar del mismo modo que se ha expresado ya en Posturas en otras ocasiones que la política subnacional importa y debe ser jerarquizada. Allí no sólo se atiende la escena local o departamental, se pone en juego la posibilidad efectiva de robustecer políticas públicas con mirada territorial y regional. Vaya si los datos del último censo dan cuenta de la necesidad de seguir pensando políticas que privilegien la cohesión territorial, las dimensiones del desarrollo y la participación ciudadana como elementos prioritarios.
Hace unos meses, en estas páginas que suelen atender la pertinencia del escenario político subnacional, se procesaba la discusión sobre la contratación discrecional de personal en las intendencias. En aquel momento formulé una interrogante que me parece que nuevamente aplica en este caso del recurso planteado ante la Corte Electoral por parte de dos partidos: ¿por qué los partidos no se han propuesto discutir en profundidad sobre los aspectos ligados a la descentralización? ¿Por qué no se han planteado en diez años revisar una normativa como la ley de descentralización política (Ley 19.292)?
Por último, y como suele decirse, para nada menos importante, la discusión centrada en táctica y la estrategia electoral subnacional de todas estas semanas por ahora ha sido absolutamente dominada por movimientos ligados a candidaturas, recursos normativos y aspectos electorales. Eso ha hecho que lamentablemente brillen por su ausencia las propuestas efectivas de gobierno para mejorar la gestión local y departamental. Las energías partidarias parecen seguir privilegiando los nombres de candidatos y candidatas, las ecuaciones y equilibrios sectoriales, entre otros aspectos, por encima de las ideas motoras para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y departamentales.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, y doctorando en estudios territoriales.