“¿Cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones, cuando la única lógica que impera en esta situación, y ustedes la conocen, es que había madre con bebés en los brazos, mujeres, esposas, madres agredidas por los espectadores? (...) La pregunta debería de ser si los jugadores recibieron las disculpas de quienes tienen bajo su responsabilidad salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores”, dijo el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, en la conferencia de prensa posterior al partido con Colombia que nos dejó afuera de la Copa América 2024, y que es recordado por los incidentes en la tribuna de violencia hacia familiares de la selección, lo que motivó a varios jugadores a meterse entre el público a defender a su familia.

Continuó Bielsa en aquella conferencia: “Porque las preguntas también actúan de manera cómplice. El tipo de interrogación condiciona la agenda. Fijar la agenda quiere decir que las preguntas condicionan el abordaje del tema. El tema se aborda por las posibles sanciones y no es casual, porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. Los organizadores nos dijeron: 'No podemos defender a tu familia'. Segundo mensaje: 'No podemos huir'. Entonces, ¿de qué sanción hablan? A partir de ahí hay que preguntarse cuánto tardarán en pedir disculpas”.

Lo que el técnico de la selección nos transmitía, bastante enojado pero no falto de didáctica, son dos teorías centrales en el campo de la comunicación y los medios: la conocida agenda setting y la influyente teoría del framing o de los marcos.

Dado que el tiempo es tirano en los medios ofrecemos una síntesis necesariamente incompleta de ambas teorías. La primera teoría, la de la agenda setting, alude a la capacidad de los medios de incidir en los temas sobre los que se habla en la esfera pública, es decir, en la definición de la agenda temática. La segunda, la del framing, refiere a cómo los medios influyen en la forma en que interpretamos y otorgamos sentido a un acontecimiento o hecho, enmarcándolo bajo ciertas perspectivas o claves de lectura.

¿Qué relación tiene todo esto con la vivienda?

La agenda mediática en torno a la vivienda y el hábitat se presenta de manera débil y fragmentada. Por un lado, abundan los informes inmobiliarios o secciones con títulos como Real Estate, Desarrollos Inmobiliarios o Negocios, que en la mayoría de los casos funcionan como espacios pagos o publirreportajes. Por otro, la cobertura de otros temas aparece de forma esporádica, por espasmos o contracciones involuntarias a partir de acontecimientos puntuales: la emergencia en asentamientos, la situación de calle o el atractivo abordaje sobre vivienda promovida.

En este sentido, no existe una agenda sostenida ni diversa en torno a la vivienda. Esta ausencia facilita, para quienes realizamos un seguimiento informativo, identificar con claridad a los actores que buscan incidir en la agenda mediática: tanto en la instalación del tema (agenda setting) como en la construcción de significados (framing) sobre él. Esta dinámica adquiere particular relevancia en el marco de la discusión y presentación del presupuesto nacional.

Estos dos actores relevantes son el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y sus figuras más notorias, y el segundo actor relevante es el mundo empresarial a través de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara inmobiliaria.

El discurso oficial: la emergencia

El gobierno enmarca la problemática habitacional desde una perspectiva centrada casi exclusivamente en la atención a la emergencia. Al inicio del período, bajo la gestión de Cecilia Cairo, la narrativa se estructuró en torno al concepto del “mientras tanto”, entendido como una etapa transitoria hacia un futuro en el que sería posible desplegar una política de vivienda más integral. Con la actual gestión, esa idea mutó hacia un discurso más técnico y académico, aunque con el mismo sentido: la priorización de la emergencia habitacional.

Frases como “prioridad de atención a los más vulnerables”, “emergencia habitacional dispersa” o “mitigación en hogares en situación de extrema vulnerabilidad” dan cuenta de esta continuidad discursiva.

En definitiva, el gobierno busca controlar y justificar su discurso frente a un presupuesto notoriamente limitado, sosteniendo un marco de discusión pública que presenta al área vivienda como un campo de acción focalizado y condicionado exclusivamente por la urgencia. Es importante recordar que el articulado presentado por el Poder Ejecutivo otorga un incremento presupuestal que no llega al 2% para el quinquenio sobre la línea de base inicial, cuando el compromiso de la fuerza política que está en el gobierno era/es tender a la duplicación, es decir, un aumento del 100% sobre la línea de base.

Aún sin lograr ingresar plenamente a la agenda mediática o política, se está generando un denso discurso alternativo sobre la vivienda, el hábitat y la ciudad entre la academia y la sociedad civil organizada.

En el mismo sentido y haciendo un poco de historia, a pedido del Poder Ejecutivo liderado por el presidente José Mujica, en 2011 se declaró la emergencia habitacional. En ese marco se crearon algunos programas para atender esa declaración: Plan Juntos, Plan Nacional de Relocalizaciones y algunas otras acciones. Es decir, no es nuevo este enfoque hacia la emergencia, sin embargo 15 años después, la situación sociohabitacional, por los pocos indicadores que tenemos, es peor. La evidencia histórica nos habla de un problema sistémico y estructural y que necesariamente debemos invertir más, porque si no, siempre estaremos en la trampa de la emergencia sin poder dar un salto significativo, dando vueltas como hámsters de pecera, siempre ubicados en el mismo lugar.

El último informe de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) sobre asentamientos, con actualización de los datos y su corrección histórica, nos dice esto mismo: en 2006 había 661 asentamientos y actualmente hay 667. En estos últimos 20 años sucedieron muchas bajas por acciones directas de la política pública pero no las suficientes para disminuir el número global. Tal vez algún día podamos saber si en esos 667 asentamientos viven más o menos personas que en los 661 del año 2006. Más acuciante es aún la cantidad de personas en la calle, que no ha parado de incrementarse desde su primera medición.

El discurso empresarial: construir

Por otro lado, el segundo actor relevante es el mundo empresarial: la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, desarrolladores inmobiliarios que inciden en la agenda mediática con una narrativa asociada casi exclusivamente a la construcción de viviendas. El gobierno les despejó las amenazas iniciales sobre la continuidad del programa Vivienda Promovida, esta seguirá en otro marco institucional y seguirán las exoneraciones. Estos grupos empresariales junto con la consultora Ceres, a mediados de agosto y replicado en todos los medios, propusieron un plan de construcción de viviendas con la escalofriante suma de 12.000 viviendas por año para sectores vulnerables. Hablamos de 60.000 viviendas en cinco años a través de una ingeniería financiera específica (bonos sociales, participación público-privada, con la posibilidad de instrumentar un fideicomiso), asociando la solución del déficit habitacional a una dimensión exclusivamente constructiva.

¿En qué parte de esta narrativa se puede introducir el complejo pero necesario abordaje de las viviendas vacías y las tasas de vacancia que hay en Uruguay? El censo 2023 nos dejó datos gruesos en ese sentido: casi el 20% (más de 300.000) de las viviendas del país están deshabitadas. De esta cifra hay que despejar las que están en construcción, en proceso de arrendamiento, las segundas propiedades y las casas de balneario. Todo esto, según la Comisión de Vivienda del Parlamento, que está trabajando en este asunto, representa en el entorno del 60%. El restante 40% (aproximadamente 120 mil viviendas) son potencialmente utilizables, muchas de ellas ubicadas en zonas consolidadas, con complejos procesos judiciales. Si generamos las herramientas para tan solo llegar a la mitad de esas 120.000 viviendas, estaríamos en la misma suma que plantea la Cámara de la Construcción. Con algunas ventajas comparativas: sin consumir nuevo suelo urbano y permitiendo densificar la ciudad, un sensible ahorro de recursos, redireccionar la mano de obra de la construcción para la mejora de ese stock de viviendas, etc.

La gestación de un nuevo discurso: politizar la vivienda

Por último, un tercer actor. La iniciativa convocada por la Universidad de la República y bajo la plataforma denominada “La Vivienda en Diálogo (LVD)”1 reúne a más de 20 organizaciones sociales vinculadas a vivienda y ciudad mes a mes, desde hace más de un año, con el fin de generar una agenda sostenida vinculada con la temática. En ese marco, se han realizado eventos y actividades públicas con mínimas coberturas de prensa y se ha participado en todas las convocatorias de la Comisión Asesora de Vivienda - Comisión Asesora Territorial (COAVI-COAT) organizadas por el MVOT.

Aún sin lograr ingresar plenamente a la agenda mediática o política, se está generando un denso discurso alternativo sobre la vivienda, el hábitat y la ciudad entre la academia y la sociedad civil organizada. Este espacio fermental está generando conocimiento colectivo y situado, no solo académico sino político; está afianzando la confianza y legitimidad de actores históricamente marginados del debate público, ampliando el campo de lo pensable y decible.

A todo esto, en esa conferencia Bielsa, si bien no habló ni de vivienda, ni de ciudad, ni de la emergencia habitacional, nos dio pistas para entender cómo se construyen las narrativas de los temas, cómo se posicionan en agenda, cómo inciden en la forma que interpretamos los temas.

Hoy, ante la aprobación de un Presupuesto Nacional, y a meses del comienzo de aplicación de un nuevo Plan Quinquenal de Vivienda, que con mayores o menores incrementos no plantea un cambio sustancial, sino que da continuidad a lo ya destinado económicamente en los últimos años al tema, parece importante remarcar que para generar cambios que propicien una sociedad mejor, que atiendan a las vulnerabilidades en todas sus dimensiones, es fundamental concebir a la vivienda como parte fundamental de la vida, que habilita -o no- otros derechos como la salud, la educación, el acceso al trabajo, y que esto debe tener una respuesta material, presupuestal. Si no, seguiremos como el hámster, dando vueltas y más vueltas, pero aunque nos apuremos, siempre estaremos en el mismo lugar.

Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno integran el colectivo Miles de ciudades.


  1. Han participado: ADASU - ANONG - CCU - CEDA-FEUU - CIEDUR - Ciudad Abierta - Colectivo Habitadas - Colectivo Somos Barrio - Comisión Derecho a la Ciudad - Coordinadora Nacional de Asentamientos - Coordinadora de Alojamientos Colaborativos (Coviviendo - Angirú - Coop. Angà Irü - Carpe Diem - Mujeres con Historias) - COVIPRO - Familias Presentes - FECOVI - Federación PVS - FEUU - FUCVAM - IPRU -ITAC - Miles de Ciudades - Mundo Afro - NITEP - Olla Popular Juan Ramón Gómez - SAU - SUNCA - EFI Cooperativismo de vivienda e interdisciplina (FCS, FADU, FCEA) - área Hábitat y Territorio del Departamento de Trabajo Social (FCS) - Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (FCEA) - Centro de Vivienda y Hábitat (FADU) - Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo (Lupa, FADU) - Maestría en Hábitat y Vivienda (FADU).