El futuro de la educación pública: tres sentidos, cuatro desafíos y un compromiso nacional

La Ley General de Educación 18.437 establece en sus dos primeros artículos que la educación debe concebirse como derecho humano fundamental y como bien público. Esto implica que “el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa” (art. 1), y que se reconoce “el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna” (art. 2).

Entiendo que, a partir de esta base programática, rápidamente deberíamos concluir que toda política y toda práctica educativa necesariamente han de ser evaluadas en función de cuánto aportan a garantizar y a hacer efectivo el derecho a la educación. Para decirlo brevemente: no es admisible ninguna forma de entender la educación que explique sus fracasos en función de consideraciones acerca de aquellos a quienes debe garantizar su derecho.

Paradójicamente, buena parte de las explicaciones acerca de los fracasos educativos se empeñan en escudriñar qué características de los sujetos de la educación (educandos) son las que no les permiten avanzar en los niveles educativos. Como bien sabemos, los condicionamientos sociales son, por lo general, una de las explicaciones predilectas que suelen presentarse.

Una convocatoria a construir el futuro de nuestra educación debería partir de un punto cero obligatorio para todos los involucrados. Este podría formularse más o menos del siguiente modo: “El principio político fundamental de la educación es garantizar aprendizajes de todos y todas, sin excusas”.

Como un modesto aporte para trabajar en la dirección propuesta, sugiero tener en cuenta tres sentidos de la educación, cuatro propuestas y un compromiso nacional.

En cuanto a los sentidos de la educación, toda propuesta debe considerar tres líneas:

1. La necesaria articulación de la educación con políticas de cuidados y de dignificación de las condiciones de vida. Aquí, por ejemplo, se vuelven aspectos relevantes cuestiones como la extensión de la educación inicial, del tiempo pedagógico o de las políticas de alimentación. En el caso de la alimentación, por sólo tomar una de las dimensiones planteadas, es claro que no se trata de una función sustantiva de la educación, pero en la medida en que se aborde dignamente constituye un espacio educativo que colabora en atender una problemática social, a la vez que propicia mejores condiciones para el aprendizaje.
2. Educación como transmisión, continuidad y reformulación de la cultura. Este sentido tiene que ver con la formación democrática y con el reconocimiento de la potencialidad para el aprendizaje de todos/as. Un tema clave aquí lo constituye la construcción de identidades comunes en las que se puedan alojar y reconocer todas las diferencias. También tiene que ver con el acceso a claves de lectura acerca del mundo en el que se vive, en su sentido más restringido y en el más amplio. Un tema clave aquí es el desarrollo de la capacidad de aprender (entendida como adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias) de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
3. Educación para el logro de aprendizajes sustantivos como base para un modelo nacional de desarrollo. Aquí es clave comprender que la educación tiene un sentido en sí misma, mencionado en el punto anterior, pero que este resulta insuficiente en tanto no forme para una inserción sustantiva en una estructura social y productiva. Este segundo punto adquiere cada vez más relevancia a medida que se avanza en los recorridos educativos. Es muy diferente pensar un sistema educativo para un país que se piensa como proveedor de materias primas y vendedor de servicios de baja incorporación de conocimiento, que para un país que se proyecta soberanamente potenciando su inteligencia y la incorporación permanente de conocimiento en sus procesos productivos (innovación). En el primer caso es suficiente con que llegue a la educación superior el 20% de la población; en el segundo es crucial elevar los niveles educativos del 50% que menos posibilidades tiene, tendiendo a la generalización de la educación superior.

Todos estos elementos hacen que la política educativa tenga que articularse virtuosamente tanto con una estrategia nacional de infancia y adolescencia, que construya condiciones de vida dignas para todos/as, como con una política de desarrollo nacional sustentable, que tenga en la expansión del sistema nacional de ciencia, técnica e innovación uno de sus puntos fuertes.

De lo anterior pueden desprenderse cuatro desafíos, que podrían ubicarse en diversos niveles educativos.

1. La educación primaria resulta fundamental como base de políticas de cuidado y de construcción profunda de la capacidad de aprender. Es en la escuela donde debemos ser capaces de transmitir a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas que confiamos plenamente en sus capacidades, y de generar todos los apoyos que sean necesarios para que estas puedan desplegarse en su máxima expresión.
2. La educación media debería propiciar la consolidación de la capacidad de aprender y de interactuar crítica y propositivamente con el conocimiento. En este punto es fundamental la adquisición de herramientas tanto para continuar la formación en niveles superiores como para la inserción en el mundo del trabajo.
3. La enseñanza terciaria y superior, sostenida en los logros habidos en los niveles precedentes, debe propiciar una labor crítica y una transformación de la cultura; el desarrollo de investigación científica de punta; la articulación con actores sociales y productivos en aspectos tecnológicos y de innovación productiva. Su aporte descansa en el logro de tres capacidades fundamentales: aprender a aprender permanentemente; capacidad crítica y propositiva; capacidad para la resolución de problemas complejos.¹
4. Lo señalado en los puntos anteriores supone el desarrollo de una “cultura de aprendizaje permanente”² que debe trascender al propio sistema educativo y trasladarse a todos los ámbitos en los que se desarrollen actividades socialmente valiosas.

Por todo lo señalado hasta aquí resulta fundamental el desarrollo de un accionar estatal que piense la educación pública en clave prospectiva. Como he intentado argumentar, esto implica su articulación con políticas de dignificación de la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como con una estrategia nacional de desarrollo en la que la incorporación de conocimiento avanzado y la expansión de la educación a lo largo de toda la vida ocupen un lugar central. Para esto, necesariamente debemos renunciar a reinventar la educación cada cinco años, asumiendo el compromiso nacional de colocarla como una política de lo común con amplios sustentos sociales y políticos.

Pablo Martinis es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales, educador y docente en la Universidad de la República.