La hipótesis central de este artículo sostiene que Uruguay experimenta “la trampa de la estabilidad”: el éxito sostenido de los índices macroeconómicos parece estar funcionando como inhibidor de la movilización ciudadana frente al deterioro del tejido social.
Desde la misma perspectiva cifrocéntrica se podría advertir una crisis evidente: 32% de los niños menores de 6 años viviendo en la pobreza (INE, 2024), 16.000 personas privadas de libertad (Ministerio del Interior, MI, 2025), cerca de 4.000 personas en situación de calle (Mides, 2023) y 10,9 homicidios cada 100.000 habitantes (MI, 2024).
El análisis de las respuestas institucionales es significativo: mientras 220.000 niños uruguayos viven en condiciones de pobreza (Unicef, 2025), el sistema político moviliza recursos y centra su atención en resolver problemas tales como el déficit de la Caja de Profesionales Universitarios o la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Este tipo de instancias ocupan la atención mediática durante meses, mientras la crisis de la pobreza infantil permanece en segundo plano y sin solución efectiva durante años.
Así emerge la noción “trampa de la estabilidad”, que opera a partir de múltiples mecanismos. Primero, el gradualismo anestesiante: la crisis social avanza lentamente, normalizando progresivamente niveles más profundos de fragmentación. Segundo, el individualismo creciente: la estabilidad económica transforma la solidaridad de práctica comunitaria en obligación fiscal, delegando en el Estado acciones inherentes a las personas. Tercero, la jerarquización de urgencias, que se organizan a partir de la capacidad de movilización de los sectores afectados: el triunfo de la política corporativa sobre la política del bien común, donde se normaliza la tragedia social y se dramatizan los problemas de las clases privilegiadas.
La historia ofrece variados ejemplos de cómo las sociedades responden a crisis que involucran infancias. En la Italia de posguerra emergió un movimiento masivo de solidaridad organizada: los Treni della Felicità, que involucró a 70.000 familias del norte para acoger temporalmente a niños del sur empobrecido. Esta experiencia demostró que la crisis social podía generar respuestas colectivas organizadas cuando existe una narrativa movilizadora clara y estructuras político-sociales capaces de canalizarla.
El Uruguay actual, a pesar de contar con mayor estabilidad institucional y mayores recursos económicos relativos que la Italia de 1946, parece incapaz de generar respuestas colectivas proporcionales a la magnitud de la crisis. Esta inacción sugiere que la movilización social no depende únicamente de los recursos disponibles, sino de la existencia de marcos interpretativos que permitan transformar el malestar individual en acción colectiva.
La excepcionalidad uruguaya
Una de las trampas cognitivas que impiden la acción colectiva es la noción de excepcionalidad uruguaya: la autopercepción de ser una sociedad integrada y con instituciones sólidas, en contraste con el resto de la región, funciona como anestesia. Mientras Uruguay se piensa a sí mismo como país estable y exitoso, los indicadores sociales revelan una fragmentación acelerada.
Ejercicio mental: si en 2010 se hubiera mostrado a la sociedad uruguaya los datos de pobreza infantil, población carcelaria, homicidios y personas en situación de calle de 2025, seguramente se habría considerado que medió una catástrofe natural para llegar a esta situación. Sin embargo, como ese deterioro ocurrió gradualmente, fue normalizado. Lo que habría sido inaceptable como futuro posible se vuelve tolerable como presente cotidiano.
La paradoja del país estable, pero con pobreza infantil alta, no es exclusiva. Chile y Costa Rica, con altos PIB per cápita y estabilidad, tienen tasas de pobreza infantil superiores al 20%, lo que sugiere que la trampa de la estabilidad es un patrón regional.
La capacidad de movilización
¿Esto significa que la sociedad uruguaya carece de capacidad de movilización? La Teletón demostró que no. El acontecimiento combina donaciones económicas, voluntariado y una narrativa emocional compartida. Miles de personas se organizan tras un objetivo claro. Se suspenden intereses particulares, como la competencia mediática, con el fin de generar recursos y atender a los niños con discapacidades.
Sin embargo, esa posibilidad latente no se activa para atender la situación de 220.000 niños uruguayos. Es crucial comprender los mecanismos por los cuales la discapacidad infantil genera la movilización masiva que la pobreza infantil no logra accionar. Construir un centro de rehabilitación es ciertamente más simple que abordar las causas estructurales de la pobreza infantil, pero la diferencia fundamental radica en los marcos interpretativos: la Teletón construyó una narrativa, con rostros visibles, historias emotivas, metas claras y un llamado universal: “Todos podemos ayudar”. La pobreza infantil carece de todo eso.
La Teletón logró restituir el reconocimiento a los niños que requerían rehabilitación. Así, surge la pregunta: ¿cómo construir el reconocimiento que active la movilización para cambiar la situación de los niños que viven en la pobreza?
Uruguay experimenta "la trampa de la estabilidad": el éxito sostenido de los índices macroeconómicos parece estar funcionando como inhibidor de la movilización ciudadana frente al deterioro del tejido social.
Una propuesta y su destino
Emergió recientemente la propuesta de aplicar un impuesto del 1% a las grandes fortunas (el 1% más rico) para generar recursos equivalentes al 1% del PIB, destinados exclusivamente a primera infancia. La propuesta tenía elegancia técnica, simplicidad comunicacional: 1%-1%-1%, fundamentación empírica y destino específico. En su derrotero pasó del campo académico al sindical y finalmente al político. En cada traducción entre campos, el lenguaje se transformó, derivando finalmente en un discurso confrontativo.
Existen debates que cuando llegan al campo político caen en la tragedia de la polarización. La propuesta generó resistencias, tanto en parte del empresariado como en el propio gobierno del Frente Amplio, que desde el inicio descartó crear nuevos impuestos, señalando la alta presión fiscal y el riesgo de fuga de capitales.
A partir de esas objeciones surge la pregunta: si esta propuesta no, ¿cuál sí? Las medidas que se discuten operan a una escala muy inferior a la magnitud del problema: Uruguay Crece Contigo, Asignaciones Familiares o programas CAIF; aunque herramientas valiosas, parecen insuficientes. Mientras tanto, las propuestas ambiciosas no logran construir la narrativa de urgencia necesaria para justificar la puesta en práctica.
Por otra parte, existe actividad filantrópica en Uruguay: empresarios que apoyan organizaciones sociales o impulsan fundaciones. Estas acciones privadas sugieren que existe voluntad de contribuir a una sociedad más justa. Tal vez la desconfianza en la capacidad de los gobiernos para administrar eficiente y transparentemente los recursos redunda en la fragmentación de los mecanismos.
Un caso de éxito
Polonia logró reducir su pobreza infantil convirtiéndose en uno de los países que mejor enfrentan este problema, según Unicef, a pesar de no estar entre los más ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ni de la Unión Europea.
En 2016 se implementó el programa Rodzina 500+ (Familia 500+), que consiste en una prestación de unos 120 euros mensuales por cada hijo menor, independientemente de los ingresos familiares (universal). El programa tiene un costo superior al 2% del PIB. Los resultados son notorios: según el Banco Mundial, antes de la implementación el 11,9% de los menores vivía en la pobreza extrema, cifra que se redujo al 2,8%.
Lo irónico es que el programa fue implementado por un gobierno ultraconservador, cuyo objetivo no era combatir la pobreza, sino aumentar la natalidad. Sin embargo, los datos muestran que la pobreza infantil del 29% en 2005 cayó a la mitad en 2023. Lo destacable es que, a partir de la preocupación por la natalidad, Polonia logró despolarizar el debate sobre redistribución masiva de recursos. ¿Por qué en Uruguay parece imposible construir ese tipo de consensos?
Reflexiones finales
Uruguay tiene mejores índices que Polonia al implementar su programa, mejores instituciones que la Italia de posguerra. Históricamente fue destacable su capacidad de anticipación: país pionero en legislación social, en derechos civiles, en políticas educativas. ¿Esa característica aún nos define?
La solución no se trata de más o menos Estado, ni, como demuestra el caso polaco, de progresistas o conservadores, sino de que en Uruguay ningún actor ha logrado generar una respuesta proporcional a la magnitud de la crisis.
Cada año que pasa, con 220.000 niños en condiciones de pobreza, no es sólo un año perdido: es una generación con menor desarrollo cognitivo, menos oportunidades educativas y mayor probabilidad de reproducir ciclos de exclusión. Lo mismo aplica para las personas privadas de libertad y en situación de calle. El costo de la inacción no es abstracto, es acumulativo y exponencial. ¿Cuánto daño social estamos dispuestos a acumular antes de actuar?
La trampa de la estabilidad no es un fenómeno natural e inevitable: es el resultado de decisiones colectivas e individuales. Cada vez que el sistema político prioriza debates electorales o corporativos por sobre 220.000 niños en situación de pobreza, se está eligiendo.
La salida es compleja cuando los mismos indicadores económicos que enorgullecen parecen ser los que inhiben la capacidad de actuar. Para escapar de la trampa de la estabilidad se requieren tres movimientos simultáneos. Primero, construir una narrativa de urgencia: rostros visibles, historias concretas, objetivos medibles. Segundo, despolarizar el debate sobre las soluciones: existen empresarios dispuestos a contribuir, funcionarios públicos capaces de administrar recursos con transparencia, y ciudadanos sensibles al problema. Tercero, redefinir la agenda política: convertir el bienestar infantil en métrica central del éxito nacional por encima de los indicadores macroeconómicos.
La oportunidad de concretar la excepcionalidad uruguaya permanece latente. No faltan medios, sólo falta reconocer que no se pueden celebrar indicadores macroeconómicos mientras 220.000 niños viven en la pobreza. La pregunta no es si podemos actuar. Es si lo haremos antes del colapso.
Santiago Sahagian es estudiante de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.