Cuando parecía que el año político había terminado, se instaló un debate más, por el anuncio de cambios en el cálculo para la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La información se presentó en forma confusa, fue distorsionada y es necesario aclararla. La forma en que se enturbió la controversia dice mucho acerca del modo en que se está haciendo política, y es muy importante reflexionar al respecto.

La explicación de los hechos es ardua. El viernes 26, el presidente Yamandú Orsi les adelantó a periodistas una descripción informal y poco precisa de lo que iba a pasar. Al día siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas se refirió al asunto en un hilo de X difícil de comprender para quienes carecen de formación técnica. Aquí se intentará un relato simplificado y comprensible de lo sustancial, con esperanzas pero sin garantías de éxito.

De más y de menos

El Fonasa es un componente del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en 2007 durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Como cualquier política de protección social, el SNIS procura asegurar servicios que no sólo se les prestan a las personas que tienen lo suficiente para pagarlos.

Esto implica, además de las contribuciones patronales y de la asistencia estatal, una redistribución a partir de los aportes individuales al Fonasa: desde quienes tienen mayores ingresos hacia quienes los tienen menores; y desde las personas más jóvenes (que en promedio requieren menos asistencia sanitaria) hacia las de mayor edad (que en promedio requieren más).

La redistribución tiene un límite: para establecerlo, se realiza una estimación, aproximada y en promedio, de cuánto le cuesta al sistema atender cada año a una persona: este es el llamado “costo promedio equivalente” (CPE). Cuando el aporte anual de alguien al Fonasa es superior al CPE que le corresponde, sólo se le retiene un 25% extra como contribución redistributiva, y el resto se le devuelve.

Estamos acostumbrados a decir que la devolución anual de aportes al Fonasa compensa lo que “se le cobró de más” a alguien en el año anterior, como si hubiera existido un error administrativo, pero esta manera de plantear el asunto confunde.

Los cambios anunciados se deben a que el procedimiento para calcular el CPE tenía “errores de diseño”, cuya consecuencia era reducir esa estimación aproximada. Como el CPE estaba por debajo del que correspondía, aumentaba su diferencia con lo aportado cada año por las personas con mayores ingresos, a las que, por lo tanto, se les devolvía de más. El sistema estaba subsidiando a quienes menos lo necesitaban, con dinero que el Estado recauda del resto de la sociedad. Unos 70 u 80 millones de dólares, entregados a personas cuyos ingresos nominales superan los 113.000 pesos por salarios o los 122.500 por jubilaciones (cerca de cuatro veces el ingreso medio individual).

No se trata de un “déficit” del SNIS, cuyo financiamiento incluye el aporte estatal, pero sí de una causa indebida para ese aporte. Es posible que los cambios les causen complicaciones imprevistas a unas cuantas personas, pero los cálculos mal hechos no generan derechos adquiridos para siempre.

Los errores ya habían sido detectados en 2019, pero el Ejecutivo que presidía nuevamente Vázquez no quiso corregirlos en la coyuntura preelectoral. Durante la presidencia de Luis Lacalle Pou tampoco hubo enmiendas. Es probable que en ambos casos se temieran repercusiones como las que vemos ahora.

Hablemos sin saber

Desde la oposición, las explicaciones oficialistas fueron calificadas de tecnicismos y mentiras que intentaban justificar un impuesto encubierto, un robo y una violación de la Constitución. Estas fueron las opiniones moderadas; también hubo quienes aprovecharon para batallar contra el concepto mismo de solidaridad y reiterar su aversión a un Estado que le quita dinero a la “gente de bien” para mantener a otra que no lo merece. Se anunciaron, por supuesto, interpelaciones.

Desde el frenteamplismo desconforme se reiteraron críticas indignadas a Orsi y al Movimiento de Participación Popular que no suelen ser expresadas por dirigentes pero abundan en redes sociales. El cambio de criterios para la devolución de aportes al Fonasa fue descrito como una vergonzosa insistencia en quitarle dinero a la “clase media” (que en este caso abarcaría a quienes no son pobres ni veinticincomilpesistas, pero tampoco “malla oro”) en vez de gravar a los más ricos. La propuesta “del 1%”, que tiene fundamentos técnicos e ideológicos dignos de un análisis serio, corre el riesgo de ser utilizada como un fetiche mágico. Hay personas que parecen convencidas de que con eso solo, y solamente con eso, se pueden resolver todos los problemas del país.

Quizá lo más grave sea el desinterés en los datos. En este caso no eran sencillos de entender, pero tampoco lo serán si se consideran iniciativas como la mencionada de una sobretasa a los mayores patrimonios o la del IVA personalizado. Con debates de baja calidad es inviable avanzar.