La regulación informal del crimen

La afirmación de que la guerra contra el narcotráfico está perdida es correcta si el prohibicionismo continúa ejerciéndose en los mismos términos que hasta el presente. Contra el narcotráfico se están librando muchas batallas en forma simultánea, y ello es así porque bajo el nombre de narcotráfico coexisten diversas manifestaciones del fenómeno.

La guerra contra las drogas fue iniciada en la década del 70 del siglo pasado por Richard Nixon. Se llevan más de 50 años insistiendo en replicar una y otra vez una estrategia que se ha revelado incapaz de lograr los objetivos que se propuso. El volumen de adictos es cada vez más grande a nivel global y la masa de dinero que mueve este negocio demuestra su potencia ascendente.

Existe otra dimensión del problema y es el narcotráfico local. Se despliega en manos de bandas también locales, que ejercen la violencia de manera sistemática y recurrente. Lo que aconteció recientemente en Cerro Norte es un claro ejemplo. Este fenómeno es el que más le debe preocupar en el corto plazo a Uruguay, sin desatender el control de sus puertos y sus fronteras terrestres, aéreas y fluviales.

Si se contrastan las tasas de homicidios entre Argentina y Uruguay, nuestro país las triplica. ¿Cuál es el factor que explica esa notable diferencia? Una posible respuesta es un menor nivel de involucramiento de la Policía con las bandas criminales, en comparación con el existente en otros países donde esos vínculos son más intensos. En este sentido surge el concepto de regulación informal del crimen. En contextos en que la Policía y las bandas criminales mantienen vínculos estrechos el delito es producto de una regulación. Estas relaciones pueden incluir acuerdos tácitos o explícitos que limitan la violencia excesiva, pues ambas partes tienen interés en mantener un cierto equilibrio para preservar el pacto. En Uruguay, la menor intensidad de estos vínculos podría explicar la debilidad de los mecanismos de control informal, situación que explicaría la mayor tasa de homicidios.

El crimen organizado se asocia a una terna de hierro: violencia, narcotráfico y corrupción. Si la situación enunciada es correcta, estamos ante una limitación de la capacidad de mediación policial. La paradoja es que el incremento de la capacidad mediadora acarrea mayores niveles de corrupción. En lugares donde la Policía tiene una relación más estrecha con las bandas, actúa como mediadora en los conflictos entre los grupos criminales, reduciendo la probabilidad de enfrentamientos violentos, pero la contracara son altos índices de corrupción.

El papel de los arreglos informales en la regulación de la violencia en países como Argentina, México, Colombia o Brasil se manifiesta en que las fuerzas de seguridad suelen establecer acuerdos tácitos o explícitos con bandas criminales que pueden derivar en:

• permisividad selectiva: la Policía permite que ciertos grupos operen en áreas específicas a cambio de mantener un nivel de violencia “aceptable”.

• protección: las bandas pagan sistemáticamente sobornos para evitar ser perseguidas.

• complicidad: las bandas operan con distintos grados de asociación con las autoridades policiales y, en consecuencia, comparten parte del botín de las prácticas delictivas con los destacamentos policiales de las áreas en las que operan.

• mediación: la Policía actúa como intermediaria en disputas entre bandas, evitando enfrentamientos violentos, pero a su vez ejerce el favoritismo condicionado sobre una de las partes.

Estos acuerdos, aunque ilegales, pueden generar un equilibrio que limita la violencia excesiva, puesto que tanto las bandas como las autoridades comparten interés en mantener las prácticas delictivas dentro de marcos regulados. Los delitos que se cometen por fuera son llevados a cabo por los llamados “perejiles” en Argentina o “pichis” en nuestra jerga local, y esos son los que rápidamente son atrapados y derivados a la Justicia. El razonamiento aplica especialmente para el caso de la comparación entre Argentina y Uruguay, pues se trata de países de tránsito del tráfico internacional de estupefacientes que han desarrollado mercados locales en manos de bandas criminales también locales. Y en ambos casos, al tránsito se le ha adicionado el acopio, con las complejidades que ello implica en términos del reforzamiento de las custodias para asegurar la integridad de los cargamentos con destino fuera de frontera.

En Uruguay, la Policía podría ser hasta la fecha menos propensa a establecer acuerdos informales con las bandas criminales debido a factores tales como:

• mayor integridad institucional, porque Uruguay tiene niveles de corrupción considerablemente más bajos en comparación con otros países de la región, factor que podría limitar culturalmente la disposición de la Policía a negociar con grupos criminales.

• falta de capacidad para mediar, porque la Policía podría carecer de la experiencia o los recursos necesarios para establecer y mantener acuerdos con las bandas.

• cultura institucional arraigada y fuerzas de seguridad que priorizan la aplicación de la ley sobre la negociación con criminales, aspecto que, aunque resulta éticamente correcto, podría generar un vacío de regulación informal.

El resultado de los determinantes enunciados sería que las bandas criminales domésticas operan con menos restricciones y ello conduce a una mayor violencia.

El otro elemento que gravita es la fragmentación del control territorial. Cuando la Policía tiene una relación débil con las bandas criminales, el control territorial puede volverse más fragmentado y disputado.

De lo expuesto se infiere que la relativa debilidad de los vínculos de mediación y regulación entre la Policía y las bandas criminales locales podría estar explicando parcialmente la mayor tasa de homicidios de Uruguay respecto a otros países y, muy particularmente, respecto a la República Argentina.

Gabriel Vidart es sociólogo. Entre otros cargos, a nivel nacional e internacional, fue director adjunto del proyecto Combate a la Pobreza en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1984-1986) y fundador y secretario ejecutivo del Plan CAIF, Uruguay (1988-1990).