El prohibicionismo y el crimen organizado

El prohibicionismo, entendido como política centrada en impedir o restringir el uso, producción y distribución de ciertas sustancias, tiene correlación positiva con la existencia y expansión del crimen organizado.

Cuando una sustancia es consumida por un sector de la población y se la prohíbe, este acto induce que su producción y distribución pasen a ser controladas por grupos que burlan la ley. En la medida en que esos grupos son perseguidos porque actúan contra las normas vigentes, se convierten en grupos criminales. La prohibición no elimina la demanda. Por ese motivo surge el mercado negro, que se convierte en una actividad altamente lucrativa. Los precios de los bienes o servicios prohibidos tienden rápidamente a incrementar su valor.

La naturaleza altamente lucrativa de estas actividades induce el surgimiento de competencia entre diversos grupos que se disputan el control de los mercados. Estas disputas pueden verificarse en distintos puntos de la cadena: en la producción de las sustancias, en el control de las rutas de traslado, en la competencia por el control de mercados de comercialización. Como el Estado no ejerce formalmente ningún tipo de intermediación entre los grupos en conflicto, el choque de intereses deriva en el ejercicio de la violencia.

Los lobbies públicos y privados que apoyan al prohibicionismo

A). Prohibicionismo, poder político y control hemisférico

Además de la disputa entre las bandas criminales, su persecución por parte del Estado da origen a la asignación de grandes presupuestos para las fuerzas responsables de reprimir al crimen organizado, ya sean estas fuerzas policiales o, como sucede en algunos países, fuerzas militares.

Los presupuestos abultados destinados a la represión generan intereses corporativos en los mismos cuerpos responsables de ejercer la represión, toda vez que el ejercicio de la actividad disuasivo-represiva redunda en beneficios económicos y políticos para los cuerpos involucrados en estas tareas, especialmente sus estructuras superiores. En situaciones complejas asociadas a países donde se concentra la producción de la droga, concretamente la de cocaína o de heroína, la lucha contra el narcotráfico ha servido para justificar la militarización de ciertas regiones.

Algunos gobiernos utilizan el prohibicionismo como una herramienta de control social y político para justificar acciones de seguridad que en muchos casos han sido un instrumento de atropello y violación de los derechos humanos de la población civil. Es bastante evidente que la "guerra contra las drogas" ha sido una forma de ganar apoyo popular o de imponer formatos autoritarios de ejercicio del poder con el pretexto de combatir el narcoterrorismo y así ocultar otras necesidades económicas y sociales, especialmente de los sectores sociales más postergados.

El prohibicionismo está estrechamente relacionado con la doctrina del "enemigo interno", un concepto que ha sido utilizado históricamente por gobiernos y élites de poder para justificar la represión, el control social y la militarización de la seguridad pública. Esta conexión se basa en la creación de un "otro" amenazante (en este caso, los narcotraficantes, consumidores de drogas o comunidades asociadas a su producción) que permite legitimar políticas autoritarias y concentrar poder en nombre de la “seguridad nacional”.

El prohibicionismo criminaliza a ciertos grupos sociales, como campesinos cultivadores de coca o amapola, consumidores de drogas o comunidades marginadas, presentándolos como una amenaza para el orden público. Al definir el narcotráfico como un enemigo interno, los gobiernos con vocación autoritaria tienen la excusa para el uso de fuerzas militares y policiales para controlar territorios y poblaciones, incluso en detrimento de los derechos humanos.

El combate al narcotráfico sirve como excusa para aumentar el presupuesto de las fuerzas de seguridad, adquirir equipamiento militar y fortalecer agencias de inteligencia, lo que refuerza el control estatal sobre la sociedad. El enemigo interno asociado al narco terrorismo sirve de justificación para la represión de movimientos sociales, especialmente en zonas rurales donde confluyen la producción de drogas y la lucha por la tierra o los derechos indígenas.

La doctrina del enemigo interno ha sido utilizada por Estados Unidos para justificar su intervención en países productores de drogas, bajo el pretexto de la "guerra contra las drogas", tal como aconteció en Colombia y México. De este modo, el prohibicionismo define al "enemigo" yendo más allá de los grandes cárteles e incluye a pequeños cultivadores, consumidores recreativos o incluso comunidades enteras. Al criminalizar a ciertos grupos y mantener un enfoque represivo, el prohibicionismo refuerza las estructuras de poder existentes, evitando cambios sociales o económicos que podrían amenazar la preservación del statu quo.

B). Prohibicionismo y negocios

El prohibicionismo genera importantes ganancias en determinados sectores de actividad económica, como la industria farmacéutica, al ejercer el monopolio sobre sustancias reguladas. En la medida en que el prohibicionismo restringe el acceso a ciertos medicamentos o drogas, ello habilita que determinadas empresas reguladas puedan producirlas y distribuirlas. Esta situación les otorga un control casi monopólico sobre estos mercados y ello repercute en ganancias extraordinarias. De igual modo, el prohibicionismo induce la demanda de medicamentos sustitutivos de sustancias prohibidas, como el caso del cannabis, situación que no se ve reflejada en nuestro país. Además, el prohibicionismo genera aumento en la demanda de tratamientos para adicciones o problemas de salud derivados del consumo de sustancias prohibidas. Las terapias de desintoxicación y de reemplazo le generan a la industria farmacéutica ingresos extraordinarios. Es conocido el poder de lobby de esta industria sobre las administraciones públicas para promover la prohibición de determinadas sustancias naturales que compiten con sus productos patentados, asegurando de ese modo la cautividad de sus mercados.

Otro sector económico que se beneficia ampliamente del prohibicionismo son las empresas de seguridad y las empresas proveedoras de tecnologías de avanzada en esta materia. Se ven favorecidas porque la expansión de la inseguridad hace necesario un mayor despliegue de fuerzas y de equipos especializados. Esto incluye cámaras de vigilancia, sistemas de monitoreo, drones, detectores de metales, software de análisis de datos y otros dispositivos que en forma dinámica se incorporan a los equipamientos de los estados para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En muchos países de América Latina, el prohibicionismo induce una mayor inversión en seguridad que en muchos casos se traduce en contratos que surgen desde el Estado hacia empresas privadas de seguridad para el reforzamiento de la protección de fronteras, la vigilancia de cárceles o la implementación de operativos antidrogas.

La expansión del clima de violencia genera en la población una creciente sensación de inseguridad y ello explica el notable incremento de la inversión por parte de empresas, instituciones e individuos en servicios de seguridad privada, abarcando guardias, sistemas sofisticados de identificación electrónica de personas, control de metales, etc.

También como consecuencia de las necesidades del control en fronteras y puntos de entrada para frenar el tráfico de sustancias, las aduanas se ven obligadas a comprar tecnologías de punta para el escaneo de contenedores, instrumental de inspección de vehículos, etc.

Otro punto de impacto del prohibicionismo se vincula con el aumento de las tasas de población privada de libertad, aspecto que gravita en la necesidad de mayor seguridad penitenciaria. Nuestro país es un caso sumamente elocuente en este rubro. Las inversiones incluyen sistemas de vigilancia, equipamientos de controles de acceso y de gestión de prisiones, que obviamente generan importantes ingresos a los fabricantes y proveedores y, en contrapartida, importantes erogaciones por parte de las arcas públicas.

Una de las industrias que más se beneficia del prohibicionismo es la armamentística, pues la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado obliga a los estados a invertir en armamento y equipamiento militar o policial. Pero otro de los efectos asociados al prohibicionismo es la necesidad del crimen organizado de aumentar y mejorar sus arsenales operativos. Los grandes carteles acceden a armamentos sumamente sofisticados, pero el crimen asociado al narcomenudeo, que es el que prolifera en las periferias y centros poblados, también genera necesidades crecientes de acceder a armamento liviano, como consecuencia de la disputa de territorios. Ello se traduce en el aumento del mercado ilegal de armas, resultando de manera frecuente que las armas ingresan al mercado negro como consecuencia de hechos de corrupción generados desde las mismas instituciones de seguridad públicas. Esta situación beneficia indirectamente a la industria de armamentos, pues la reposición de equipos mejora sensiblemente sus ventas.

Otros sectores muy proclives a defender el proteccionismo son los grupos conservadores que levantan banderas moralistas. De ese modo se descalifica el consumo de drogas como un problema que atenta gravemente contra el pudor de la sociedad. En la actualidad, con el creciente auge de los nuevos nacionalismos y la emergencia de la derecha global, la prédica de estos grupos prohibicionistas se ve alimentada por discursos antiinmigrantes, fundamentalismos religiosos e inclusive con críticas violentas a toda forma de diversidad ostentada por cualquier tipo de minoría.

También los medios de comunicación sensacionalistas encuentran en el prohibicionismo un mecanismo para aumentar sus audiencias y generar ingresos publicitarios.

Uruguay ante la necesidad de cambiar las reglas de juego

A la luz de lo expuesto, cabría formular una pregunta: ¿Qué consecuencias tendría abandonar los tratados internacionales del prohibicionismo de drogas, tales como las Convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988?

El primer impacto sería lograr autonomía en la política de drogas. Se ganaría libertad para ajustar la política a las necesidades específicas, tales como la regulación de los mercados o bien la despenalización del consumo personal.

Ello impactaría en la reducción de la violencia y del crimen organizado, pues al regular los mercados se debilita el poder de las organizaciones criminales.

Redundaría en un gran ahorro en los recursos públicos, pues muchas de las inversiones que hoy se destinan a seguridad, justicia y sistemas penitenciarios podrían aplicarse en programas de empleo, programas de vivienda, educación, salud o prevención de adicciones.

El enfoque preventivo-represivo fundado en un modelo de seguridad del estado podría suplantarse por un enfoque de salud pública, evitando criminalizar a los consumidores y aplicar los recursos en tratamiento y prevención, jerarquizando la importancia de defender la salud y el bienestar de los ciudadanos.

La eliminación del mercado negro de drogas abatiría el poder de las narco bandas sobre las instituciones en términos de la presión que ejercen con propósitos de corrupción de autoridades en todos los niveles.

Pero obviamente no sería un camino de rosas. Hay muchos intereses internos y sobre todo internacionales que intentarían impedir la salida de los tratados prohibicionistas, llegando tales presiones a convertirse en sanciones de tipo económico o político. También podría haber limitaciones políticas y comerciales y un vacío en los foros internacionales con efectos difíciles de soportar.

Uruguay ya desempeñó un papel sumamente destacado en este campo. En el marco de la UNGASS 2016 (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas), nuestro país presentó propuestas que desafiaban el enfoque prohibicionista tradicional. Estas tomaron como referencia concreta su experiencia con la legalización y regulación del cannabis, que ya se había implementado en 2013. En ese foro, Uruguay defendió su modelo de regulación del cannabis como una alternativa viable al prohibicionismo, destacando la importancia de la producción y distribución controlada por el Estado y la venta legal en farmacias. También abogó por el cultivo doméstico regulado y la conformación de clubes de membresía para el cultivo colectivo. Nuestra delegación argumentó que con las medidas adoptadas se había logrado reducir el mercado ilegal, mejorar parcialmente la seguridad pública y proteger la salud de los consumidores. Y la mejora fue parcial, porque el mercado de la pasta base de cocaína es el que genera mayores enfrentamientos y violencia en nuestro país. Pero en aquella ocasión, Uruguay fundamentó con criterio sólido un marco conceptual para avanzar en un cambio de paradigma, abandonando el enfoque punitivo para promover uno nuevo centrado en la salud pública. Ello significa brindarle al consumo de drogas el tratamiento de un problema de salud y no el de un delito. Se fundamentó la importancia de impulsar programas de reducción de daños mediante el acceso a tratamientos y la promoción de estrategias de educación ciudadana, especialmente hacia niños y jóvenes. También se defendió la importancia de despenalizar el consumo personal de drogas. Dentro de esa perspectiva, la posición de la delegación uruguaya encabezada por Juan Andrés Roballo fue la de promover enfoques alternativos basados en evidencia científica y en un irrestricto respeto a los derechos humanos. Se defendió la necesidad de instalar una mayor flexibilidad para que los diferentes países tengan la posibilidad de impulsar políticas adaptadas a sus contextos nacionales, frente al modelo actual que impone un enfoque único y rígido derivado de las convenciones internacionales. Otro rasgo que merece ser destacado fue el llamado a promover una mayor cooperación internacional para compartir experiencias y buenas prácticas, particularmente de regulación de mercados y prevención. La propuesta se encuadró en la promoción de la inclusión social y en la importancia de promover modalidades de desarrollo alternativo para los productores de cultivos ilegales. Se remarcó la importancia de la transparencia y de la participación ciudadana en la formulación de políticas de drogas. Este aspecto es fundamental y tiene enorme vigencia para la construcción de una agenda doméstica en la lucha contra la violencia derivada del accionar del crimen organizado que esté basada en consultas directas a la comunidad a través de la inmensa capilaridad que hoy representa el tercer nivel de gobierno conformado por los municipios y las organizaciones sociales que operan en esos ámbitos territoriales. Es muy importante que Uruguay, en su nueva realidad política que se inició el 1° de marzo de 2025, recupere el liderazgo en la promoción de alternativas al prohibicionismo.

Por lo expuesto, es necesario ser conscientes de que se dispone de un marco conceptual y de la experiencia necesaria para alentar que se potencie este enfoque alternativo, para que -eventualmente- pueda ser considerado y respaldado por otros países, tanto de la región como de fuera de la misma. Un impulso de estas características podría representar el inicio de una nueva etapa en la política global de drogas, centrada en la regulación, en la salud pública y en la reducción de daños, en lugar de privilegiar la criminalización y la represión como sucede en el presente.

Gabriel Vidart es sociólogo. Entre otros cargos, a nivel nacional e internacional, fue director adjunto del proyecto Combate a la Pobreza en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1984-1986) y fundador y secretario ejecutivo del Plan CAIF, Uruguay (1988-1990).