Desde el momento en que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comenzó a hablar de continuar el proceso de desindexación de la economía, sucedieron dos reacciones en simultáneo: dirigentes y exdirigentes sindicales comenzaron una fuerte crítica a la idea, y las cámaras empresariales guardaron silencio. La reacción refleja y simplista es pensar que la desindexación implica una rebaja del salario real, que los sindicalistas por tal motivo se oponen y que las cámaras callan porque otorgan. Nada más alejado de la realidad.

En primer lugar, las cámaras no callaron, manifestaron su oposición y rechazo a la medida en forma reservada, desconfiaron de la intención del Ministerio de Economía y Finanzas o manifestaron un tímido apoyo.

Sin embargo, la evidencia empírica indica que el ajuste automático de todo tipo de contratos, salariales o no, a la inflación pasada crea un círculo vicioso inflacionario a través de las expectativas y perpetúa los procesos inflacionarios. Ejemplos sobran. Durante los 80, Brasil sufría de una alta inflación con una economía fuertemente indexada; contratos, salarios y hasta transacciones financieras se ajustaban por el Índice General de Precios del Mercado. El resultado fue una hiperinflación que llegó a valores cercanos al 2.000% anual. Dicho proceso culminó en 1994 con la implantación del Plan Real, que implicó una desindexación generalizada. Israel en los 80, Chile en los 70, tanto con Allende como con Pinochet, y Yugoslavia en los 90 vivieron procesos similares, este último particularmente grave, en el que los salarios se pagaban diariamente. Y queda por ver cómo se resolverá el más cercano, el proceso argentino que indexó salarios a través de las paritarias.

¿En qué consiste indexar salarios?

En primer lugar, analicemos más detenidamente la desindexación salarial. Cuando hablamos del salario real, hablamos de la canasta de bienes y servicios que un salario puede comprar. Si los precios de esa canasta suben, el salario real se deteriora; el precio relativo del salario disminuye con respecto a otros bienes. La enfermedad que ataca al salario real es la inflación, el aumento de precios de los bienes y servicios. Indexar consiste en ajustar los salarios a la suba anterior registrada del índice de precios de la canasta de bienes y servicios que se conoce como Índice de Precios al Consumo (IPC). Un razonamiento simple nos llevaría a pensar que ese ajuste permitiría tener el salario real siempre en el mismo valor. Sin embargo, esto tampoco funciona de ese modo, como lo demuestra la evidencia empírica mencionada.

En contextos de alta inflación, por ejemplo, inflaciones de dos o más dígitos, la indexación salarial es un instrumento paliativo para que los salarios no se desmoronen en forma abrupta. Pero no asegura el mantenimiento o una evolución favorable del salario real. Por el contrario, en los períodos entre suba y suba del salario, este se deteriora significativamente. Si automáticamente ajustamos los salarios y contratos por inflación pasada, indefectiblemente esa decisión afectará la inflación futura. Porque todos incorporarán ese dato a sus expectativas de inflación y, por tanto, a sus decisiones, las empresas adelantarán aumentos de precios y los asalariados tratarán de acortar los plazos (hasta el mencionado pago diario yugoslavo) para obtener nuevos aumentos, generando una dinámica de precios y salarios rígida de la cual será difícil salir.

¿Qué sucede con el empleo al indexar?

Esa rigidez, además, afecta al empleo; los ajustes automáticos de salarios pueden impedir que la oferta y la demanda concurran de modo eficiente al mercado laboral, o dicho de otro modo, al tener los salarios la rigidez de la indexación, las variables de ajuste para los empresarios se trasladan, por ejemplo, al nivel de contratación, horas trabajadas o beneficios extrasalariales, creando una situación desfavorable para el empleo. La indexación salarial utilizada criteriosamente puede ser útil en contextos específicos, pero no es una solución óptima para controlar la inflación, defender el salario real y el empleo.

Burdamente se señala que estaríamos responsabilizando a los aumentos salariales de los procesos inflacionarios. Eso es falso. Lo que está en cuestión es la indexación automática a la inflación pasada. Y aún más, no sólo de los salarios, también de todo tipo de contratos firmados entre privados o del Estado con privados.

Lo que está en cuestión es la indexación automática a la inflación pasada. Y aún más, no solo de los salarios, también de todo tipo de contratos firmados entre privados o del estado con privados.

¿Qué efecto tiene la indexación sobre los contratos?

Si vemos los contratos indexados desde el punto de vista de los incentivos que generan, encontraremos que dichos incentivos pueden ser perversos. Los contratos alinean los intereses de las partes involucradas. Cuando el contrato es indexado, eso no se produce. En los contratos estatales a largo plazo, generalmente indexados, el estado asume el riesgo inflacionario y el contratado obtiene un seguro sin costo ante ese riesgo. Eso distorsiona los precios de tal modo que se transforma en un incentivo perverso. Las decisiones del contratado dejarán de tomarse con base en las proyecciones de costos, incorporándole una ganancia de renta que asegura el contratante, ya sea el Estado o un inquilino.

¿Cómo afecta la indexación a la desigualdad de ingreso?

La capacidad negociadora de los distintos sectores sociales no es la misma. Sectores fuertemente sindicalizados y grandes empresas menos sometidas a la competencia tienen una capacidad negociadora mucho mayor que los sectores no sindicalizados o subempleados y las pequeñas empresas en mercados competitivos. Estos últimos difícilmente puedan indexar sus ingresos. Por eso la indexación inducirá a aumentar la desigualdad de ingresos. Es muy conocida la dispersión salarial en el Estado en función de la capacidad negociadora de cada organización sindical que, aunque no es el único motivo, incide fuertemente. Basta ver la situación salarial de maestros, policías y personal de salud, limitados en su capacidad negociadora por lo esencial de sus servicios.

¿Es la indexación una buena política pública?

El diseño de políticas públicas debe considerar costos y beneficios, asimetrías de información, incentivos que produce, condiciones de los mercados y de la economía en general. Las rigideces son contrarias al buen diseño de las políticas públicas. La indexación es una rigidez. Las políticas eficientes deben ser adaptativas y no generar pérdidas de competitividad y aceleración inflacionaria. La inflación, verdadera enfermedad del salario real, no depende únicamente de factores monetarios. Como sostiene Edmund Phelps, rebatiendo la concepción monetarista de Milton Friedman, la inflación tiene fundamentos monetarios, pero es un fenómeno macroeconómico complejo en donde las expectativas, las rigideces de la economía y los equilibrios del mercado laboral inciden de manera notoria. Por eso la política monetaria por sí sola no puede ser eficiente para controlarla. Por esta razón, el Banco Central del Uruguay realiza periódicamente una encuesta de expectativas de inflación. En ella consulta a diferentes agentes sobre cuál es la tasa de inflación que proyectan para los distintos futuros cercanos.

¿Por qué la fuerte adhesión corporativa a la indexación?

Desde el punto de vista empresarial, en un contrato de largo plazo que se suscribe con el Estado, por ejemplo, un mantenimiento de ruta, ya observamos que obtendrá una renta especulativa que abonará el Estado, y lo mismo ocurre con un contrato de alquiler para el propietario. Desde el punto de vista de la negociación salarial, para el sindicalista es más fácil negociar una indexación con algo de recuperación y presentarla a la interna sindical como una victoria de la lucha sindical, y para el empresario es más fácil adelantar ese dato de aumento a los precios y concederlo que enfrentar el conflicto. Estos contratos de indexación salarial contienen, pues, incentivos perversos.

¿Cómo alinearíamos los intereses de ambos contratantes en el marco de políticas antiinflacionarias que promuevan el empleo? En cualquier caso, el instrumento es que la expectativa inflacionaria que incorporen al precio los oferentes sea baja, y eso lo asegura una política monetaria predecible, severamente antiinflacionaria y persistente en el tiempo. Como adelantó el recién asumido presidente del Banco Central del Uruguay, la reducción de la inflación es necesaria para una economía sana. También mencionó que el costo de hacerlo no se debe cargar al sector exportador o afectar a la producción que compite con el exterior a través de la caída del tipo real de cambio; esa es una solución inadecuada.

Para ello, una de las reformas imprescindibles y adecuadas es continuar el proceso de desindexación de la economía, junto a la desdolarización para potenciar la política monetaria. Buscar la consolidación fiscal a través de una paulatina y permanente modernización del Estado, desregulaciones, modificaciones institucionales, de la cual debe encargarse una oficina especializada. Además de aumentar la competencia en los mercados, dándole presupuesto e independencia a la oficina correspondiente que ya existe. Todas tareas ineludibles para el equipo económico.

Políticas de desindexación, anclaje de expectativas, reformas fiscales, regulatorias e institucionales complementarias. No hay otra ruta que construir una economía sana para poder adaptarnos rápidamente a un escenario global lleno de incertidumbres en el cual no podemos incidir.

Raul Labadía es empresario, publicista y coordinador del nodo temático Estado y Políticas Públicas de Fuerza Renovadora.