En el contexto actual, la industria de los juegos de azar se enfrenta a un desafío significativo: la falta de controles y la ausencia de regulaciones efectivas por parte del Estado. Esta situación no sólo pone en riesgo la integridad del sector, sino que también envía una señal alarmante sobre la debilidad institucional. Un Estado que no impone reglas claras y efectivas para las operaciones de juegos de azar está, en esencia, renunciando a su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y garantizar un entorno justo y seguro.
La responsabilidad del Estado en el desarrollo de la industria de los juegos de azar es fundamental, ya que implica no sólo la creación de un marco regulatorio adecuado, sino también la supervisión y el control de las actividades del sector y en definitiva llevar adelante acciones para enfrentar al juego no autorizado.
En Uruguay, durante el último período de gobierno, hemos sido testigos de una preocupante parálisis en las acciones del Estado, que han tenido repercusiones significativas en la industria de los juegos de azar. Este estancamiento no sólo ha impedido el avance en temas cruciales, sino que también ha dejado a la industria en una situación de incertidumbre.
Se ha observado –entre otras cuestiones– la ausencia de actuaciones que han debilitado notablemente los controles existentes. En particular, el área encargada de llevar adelante estos controles se ha visto claramente debilitada, tanto en su integración como para aplicar los mecanismos establecidos para llevar a cabo uno de los objetivos más importantes del Estado: las tareas de fiscalización y control ante los permisarios que explotan el juego. Esto puede llevar a que los operadores privados prioricen sus intereses económicos sobre el interés general. En última instancia, un Estado que no cumple con sus obligaciones en materia de control no sólo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también socava los principios de justicia y equidad que son fundamentales para una sociedad democrática.
La confianza en las instituciones se erosiona cuando los ciudadanos perciben que no hay un compromiso real del gobierno para proteger sus intereses. Es fundamental que se restablezcan y fortalezcan los controles en la industria de los juegos de azar, no sólo para salvaguardar a los jugadores, sino también para asegurar la transparencia y la equidad en un sector que conlleva riesgos significativos.
En Uruguay, durante el último período de gobierno, hemos sido testigos de una preocupante parálisis en las acciones del Estado, que han tenido repercusiones significativas en la industria de los juegos de azar.
En paralelo, se detectó una ausencia total de inversión en las unidades comerciales que explota el Estado y no se pudo resolver la regulación de los juegos de casinos en línea; se presentó un proyecto que no contaba con el apoyo necesario para su aprobación. En definitiva, hubo un retroceso en materia comercial y regulatoria, lo que implicó dejar pasar una oportunidad por demás propicia para la industria.
Esto son sólo ejemplos de que la desidia exhibida en este último período de gobierno trajo –inevitablemente– consecuencias negativas para el sector, ya que reconstruir y retomar el camino del posicionamiento del Estado como regulador lleva tiempo y mucho esfuerzo. Recomponer todo aquello que se había construido en varios años de gestión implica desviar esfuerzos que originalmente deberían dirigirse a resolver nuevas propuestas y a abordar aspectos regulatorios aún pendientes.
Asimismo, no hubo avances en todo lo relacionado a los procesos regulatorios y al combate al juego ilegal. Semejante pasividad trae aparejado un claro estancamiento y en algunos casos un marcado retroceso.
No se trabajó detrás de objetivos trazados y hubo una ausencia total del Estado en resolver cuestiones pendientes que hacen a las distintas operaciones. Es esencial que existan consecuencias claras para el Estado en caso de no cumplir con sus responsabilidades, ya que esto garantizaría un compromiso real con el desarrollo sostenible.
En conclusión, es imperativo que el Estado retome un papel activo y responsable en la operativa de los juegos de azar. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar de aplicar y llevar adelante los controles establecidos, ya que este factor es esencial para restaurar la confianza pública y garantizar un entorno de juego seguro y justo. Esto va de la mano con plantearse regular aquellas modalidades de juego que aún no están resueltas y abordar de manera urgente una política que resuelva el crecimiento del juego no autorizado.
La fortaleza de un Estado se mide, en gran parte, por su capacidad para proteger a sus ciudadanos y, en este sentido, la industria de los juegos de azar no debe ser una excepción. No debemos repetir la pasividad asumida en estos últimos cinco años, porque peor que no intentarlo es dejar de hacerlo.
Luis Gama fue director nacional de Loterías y Quinielas.