Donde las cosas suceden: la política subnacional importa

El Estado uruguayo, de larga tradición sectorialista y centralista en la concepción de sus políticas, ha transitado muy gradualmente hacia un proceso que resignifica la gestión departamental y local. Aun así, sigue siendo muy necesario colocar en la discusión muchas preguntas que posibiliten una profundización del proceso de descentralización política con participación de la ciudadanía. Ese es en definitiva el diferencial que puede, o no, favorecer una amplificación y mejora en términos de calidad democrática y gestión gubernamental. O tal vez debería decirse gestión intergubernamental, porque hay tres niveles de gobierno que, si trabajan sinérgicamente, contribuirán a políticas más robustas e integrales. Por el contrario, si no dialogan o coordinan, probablemente generen más duplicidades, superposiciones, inconsistencias y compartimentaciones.

Pero si desde 2010 este país ha tomado la decisión de avanzar en tres niveles de gestión para organizar e implementar mejor sus políticas públicas, llega el tiempo de poner en valor, también criticar y eventualmente identificar las oportunidades de mejora. La profundización democrática no puede hacerse sobre mesetas estáticas, ni mucho menos sobre retrocesos en materia de descentralización de recursos, decisiones y ámbitos de participación ciudadana.

Así como no hay consensos indiscutidos sobre cómo evaluar la efectividad o la calidad de las políticas públicas en general, esa discusión también debe abarcar e implicar a la política subnacional, que para el caso uruguayo incluye los gobiernos departamentales y locales. Ese ejercicio obliga a seguir alumbrando el contexto con investigación y evidencia que permitan reconocer hallazgos, acumulaciones y déficits. La tarea supone abonar el perfeccionamiento de información, con métricas y herramientas acordes. Todo eso sin dejar de reconocer la posibilidad de proponer nuevos insumos e instrumentos que permitan dar cuenta de un panorama más exhaustivo.

En el escenario uruguayo, sin considerar algunas áreas especializadas de la implementación o de la investigación, el tema de la gestión subnacional o de la política territorial suele abordarse de forma marginal o circunstancial en la agenda. Sin embargo, los gobiernos departamentales y locales son actores cotidianos de la política que inciden en numerosos aspectos del desarrollo desde cada uno de sus territorios. Además, suelen ser la cara más visible del Estado para la ciudadanía en general. Uruguay tiene el reto de perfeccionar su experiencia de descentralización política, que ha estado fuertemente incidida por temas normativos y reglamentarios, pero que sin embargo se debe un análisis más exhaustivo con relación al alcance y la efectividad de las políticas públicas que se despliegan en la escena de los territorios. Allí el desafío de siempre es proponer nuevos abordajes, con sistemas de información y datos que contribuyan a medir mejor los impactos, efectos y resultados.

Las políticas públicas en general son efectivas cuando exhiben capacidad para resolver o mitigar problemas sociales, ambientales o económicos de manera eficiente y equitativa. Allí surgen los impactos positivos más nítidos para una comunidad. Cuando hablamos de la importancia de las métricas, muchas veces se privilegian indicadores cuantitativos y números que dicen muchas cosas, pero también es importante reparar y calibrar sobre los procesos cualitativos territoriales. Allí es vital proponer acercamientos a procesos comunitarios donde la participación ciudadana sea pilar de las políticas, no sólo desde la demanda, sino también desde la propuesta para incidir en la formulación y el control de la implementación.

Una gestión política subnacional transformadora en Uruguay debe proponerse ampliar la utilización de instrumentos y métodos que mejoren la recopilación de datos e información con la finalidad de profundizar los análisis y favorecer una toma de decisiones cada vez más informada. Allí están bien frescos los datos y microdatos del último censo y también se han integrado otras robustas herramientas como el índice de desarrollo regional presentado el año pasado desde la Universidad de la República.

Afortunadamente Uruguay va, poco a poco, jerarquizando la relevancia de la política basada en evidencia. Pero falta mucho recorrido si se toma en consideración un contexto donde por ejemplo las tecnologías favorecen con relativa facilidad el acceso a datos empíricos e información para sustentar decisiones políticas más acordes a las necesidades de una población objetivo.

Estos procesos de profundización de evidencia vinculada a la gestión subnacional no pueden ser estancos ni estáticos. Deben dialogar con una mirada nacional de la descentralización política y la participación como parte de un proceso acumulativo. Esa acumulación también sirve para ver lo que aún falta identificar más nítidamente como áreas de mejora en el territorio. Ese ejercicio requiere mucha articulación intergubernamental y coordinación interinstitucional para optimizar recursos de distinto tipo en favor de impactos territoriales. Porque todas las políticas que se diseñan y proponen luego definen el partido en la cancha del territorio, que es, en definitiva, donde las cosas suceden.

Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales.