El diálogo social y las promesas: agrandar la frazada

Antes de comenzado, un belicoso senador Javier García le salió al cruce, yendo de entrada al extremo derecho del ring. Así, vociferó: “Derogar lo que la ciudadanía por más del 60% ratificó en el plebiscito de la seguridad social de octubre no es un ‘diálogo social’, es un fraude a la voluntad popular ampliamente mayoritaria y rematadamente antidemocrático”. “No debería ni plantearse, menos aceptarse”, dado que sería “una vía oblicua para involucrar a la sociedad” en lo que el Parlamento ya laudó. “Sería inexplicable derogar lo que aprobamos y la ciudadanía ratificó”, dijo. “Así no. No todo ‘diálogo’ es válido. Si es para burlar la voluntad popular, no”, dijo, parado en los pedales y sin reparar cuánto oxígeno en verdad tiene en sus pulmones.

Por supuesto que tales afirmaciones son un reverendo disparate que no tienen ni pies ni cabeza. Si en el plebiscito de octubre estuvo a consideración de la ciudadanía la aprobación o no de la Ley 20.130 votada por la coalición lacallista, ni yo ni más de tres millones y medio de uruguayos y uruguayas nos enteramos.

¿Cuál fue la voluntad popular en el plebiscito y en las elecciones pasadas? ¿El resultado del plebiscito “laudó” los temas planteados en la papeleta? Perdimos en un sentido profundo: la mayoría ciudadana no acompañó que escribiéramos en la Constitución algunos puntos de nuestra previsión social. Pero en sentido estricto nada dijo sobre qué hacer con esos mismos puntos durante el período de gobierno iniciado en marzo. ¿Cómo aproximarnos a una respuesta satisfactoria cuando se obtuvo casi un millón de votos?

Sólo a vía de ejemplo recordemos que Mario Bergara, Jimena Pardo y Martín Vallcorba fundamentaban su oposición al Sí diciendo que “los temas eran materia de un diálogo social y no de Constitución”. Una postura muy parecida fue la de algunos de los principales dirigentes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu): “Hay que cambiar primero el gobierno y después mejorar los distintos problemas en un diálogo”. ¿Cuál hubiera sido el resultado si unos y otros hubieran apoyado el Sí?

Pero hay algo esencial a la democracia representativa que no puede olvidarse: el Frente Amplio y Yamandú Orsi triunfaron habiendo comprometido un programa de gobierno, al cabo de cuya mención se aseguraba enfáticamente “sabremos cumplir”. Sobre el fondo del asunto, el actual ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue categórico después del plebiscito y antes del balotaje, afirmando que el resultado obligaba al gobierno electo “a tratarlos. Yo no creo que (gane quien gane la elección) pueda ignorar que un 40% de la población votó a favor de una papeleta proponiendo cambios importantes”. Estoy cien por ciento de acuerdo.

¿Qué podemos esperar del diálogo?

Hay una buena intención manifiesta de analizar el sistema de protección social en su complejidad, a diferencia de lo que hizo Luis Lacalle Pou con la Comisión de Expertos, que se limitó al régimen jubilatorio y pensionario. Es decir, está la voluntad de analizar, junto con la situación de la seguridad social, la del sistema de cuidados (hoy casi inexistente y asfixiado presupuestalmente); la situación de la primera infancia (con mil y un problemas en todas las áreas de abordaje); las inequidades de género en las relaciones laborales y en otras normas vigentes, la situación de las personas migrantes… y bastante más.

Y es a partir de esa demarcación que hay que tener en cuenta varios lados desde los cuales trabajar estas grandes oportunidades –como parte de las soluciones y no de los problemas– para que nuestro país dé el salto que viene reclamando en muchas cosas. En mi modesta opinión, no son pocas las cosas que deberían refundarse –“pateando el chiquero”, al decir de un amigo, cuando sea necesario–, aunque el verbo refundar parece estar vedado para los miembros del nuevo gobierno. En materia jubilatoria y pensionaria, la Ley 16.713 refundó el viejo sistema en 1995, y la Ley 20.130 en 2023 refundó el régimen de capitalización individual con todas sus implicancias. A ninguno de los promotores de ambos cambios, retrógrados, le tembló la mano.

¿Cuál es el escenario actual? Entre las y los gobernantes designados hay quienes tienen una trayectoria innegable (Cristina Lustemberg en el Ministerio de Salud Pública, o Hugo Barretto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo); o están muy vinculados al tema (Juan Castillo en Trabajo) o tienen una fuerte vocación para comprometerse con lo social (como parece estar demostrándolo, para sorpresa de muchos, Gonzalo Civila).

Rodrigo Arim orienta la Comisión Sectorial creada, y por debajo suyo o a su costado estará el compañero Hugo Bai. Arim al frente de la Universidad de la República dio muestras más que suficientes de su capacidad de articulación, y Hugo tiene sobrados conocimientos en la materia que habrá de tratarse, además de una actitud humana notoriamente dialoguista. Es decir que por esta parte existe en principio una solidez profesional suficiente.

Por otra parte, y lo lamento mucho, la designación de los cuatro directores del Banco de Previsión Social (BPS) fue una decisión totalmente a contrapelo de lo que votaron los y las frenteamplistas en octubre, cuando el 70% apoyó el Sí en el plebiscito de la seguridad social, derrotando con claridad a los promotores de la abstención. A este resultado se le dio la espalda y, lamentablemente, los opositores al plebiscito coparon toda la dirección política del principal organismo gestor de la seguridad social. ¿A qué precio?

Algunos humildes pasos de siete leguas

Lo primero a definir es cuál será el tamaño de la frazada para mejor abrigar las necesidades de nuestro pueblo en estas materias. Hasta ahora (salvo en la ley de 2007) las demás reformas se han hecho mirando estas políticas públicas desde el lado de los egresos y no de los ingresos. En vez de preguntarse cómo hago para encontrar el dinero que necesito para cubrir las necesidades de nuestros compatriotas, tanto la Ley 16.713 como la 20.130 evitaron intencionalmente tocar los ingresos del sistema, y la “genialidad” de sus cambios apuntó a disminuir los egresos vía rebaja de las jubilaciones y pensiones en el corto, mediano y largo plazo.

Si no estoy equivocado entonces, debemos promover con urgencia: 1) instrumentar nuevas fuentes de financiamiento y revisar las exoneraciones de aportes al capital, especialmente el grande, muchas de ellas absolutamente injustificadas; 2) tomar como base el proyecto alternativo elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) en 2020, con sus actualizaciones; las propuestas del equipo de representación de los trabajadores y de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, y un proyecto del director de los empresarios en materia de aportes; 3) tomar nota de los formidables cambios en el llamado mundo del trabajo (¿o del capital?) y actuar en consecuencia también en este aspecto.

¿Y qué más? Sin perjuicio de nuestros proyectos, no podemos esperar que el presidente, Yamandú Orsi, ni el gobierno del FA aprueben cosas con las que sabemos que no están de acuerdo, pero sí debemos –apoyados en el 100% de los que votaron a Orsi en octubre y en noviembre– exigir serenamente el más estricto cumplimiento de lo prometido en campaña, y también de la totalidad de lo escrito en el programa de gobierno que aprobamos como ciudadanía.

Nuestra sencilla y fundamentada carta de intención

Nuestra presencia en el diálogo debería ser fácil: hay que llevar apenas dos minutos de la grabación del debate presidencial con Álvaro Delgado (cuando Orsi habló de volver a los 60 años de edad jubilatoria, sin otras consideraciones) y además llevar varias carpetas muy cortitas, con fotocopias del programa del FA relativas a nuestro tema, subrayadas con marcador verde, y entregarlas a cada uno y cada una de quienes estén sentados en la mesa de negociación.

Al principio de esas carpetas se podría escribir una sencilla hoja que diga: 1) apoyamos todos estos puntos del programa del FA que hemos subrayado; 2) no aceptamos la rebaja de la tasa de reemplazo para volver a los 60 años de edad para el retiro, porque nadie lo planteó en la campaña electoral y creemos que Orsi (a diferencia de Lacalle Pou en 2019) no mintió para ganar votos; 3) necesitamos resolver y programar en el tiempo el aumento de las jubilaciones y pensiones, pensiones a la vejez e invalidez, hasta alcanzar el valor del salario mínimo nacional por persona; 4) conforme al programa del FA, proponemos que desde ya se dé total libertad de elección a todas las trabajadoras y trabajadores que deseen salirse de su AFAP y volver totalmente al régimen del BPS o de su caja respectiva (¿quién podría, en este país en el que los liberales hacen gárgaras, oponerse a que cada trabajadora y cada trabajador tenga la total libertad de elegir cómo quieren que se gestione y pague sus futuras jubilaciones y se administren sus aportes?), y 5) iniciar la transición hacia un nuevo sistema jubilatorio y pensionario con “la conformación de un sólido pilar básico solidario que garantice la cobertura universal a través de subsidios para las personas de menores ingresos. Este pilar debe estar complementado por un pilar principal contributivo público de reparto y un pilar complementario de ahorro no lucrativo, capitalizado y con un rol fundamental del Estado en su administración, supervisión y organización, más sencillo de entender”.

Se podría concretar un cambio no pensado y muy positivo: con los aportes que en tal escenario regresen al BPS mes a mes, puede perfectamente pensarse en la creación de un Fondo de Capitalización Colectiva en el BPS, especializado para realizar inversiones productivas en distintos rubros y en el propio Estado, promoviendo la futura sanidad financiera del sistema.

Contemplar efectivamente todas las prestaciones de la protección social

Sencillamente proponemos:

a) Atender los problemas de acceso a las prestaciones que se prevé que existan en el futuro. Será necesario evaluar cómo garantizar un piso básico de protección social en la vejez, superando la limitación que implica que, en la actualidad, las prestaciones no contributivas (pensión por vejez o invalidez) estén supeditadas a requisitos que se derivan de situaciones de vulnerabilidad que deben ser revisados. Se evaluará la creación de una pasividad básica para personas mayores que no disponen de altos ingresos y/o patrimonio.

b) Equidad de derechos y mejora de los esquemas de aportación de los trabajadores independientes, unipersonales y las nuevas formas de relación laboral, garantizando pisos básicos de protección social, asimilándolos a los de los trabajadores dependientes.

c) Incorporar al diálogo las temáticas de cuidados, con prioridad en primera infancia, discapacidad, adultos mayores con dependencia y personas que cuidan. Se analizará avanzar en la articulación y coordinación, así como las mejoras que correspondan, de prestaciones y servicios de actividad y de pasividad entre las diversas instituciones, así como profundizar en acciones de mejora del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y de Salud, con prioridad en primera infancia, adultos mayores con dependencia y personas con discapacidad, contemplando en este último caso jubilaciones parciales como una solución alternativa para permanecer en el mundo del trabajo.

Deberá profundizarse en acciones que aborden las desigualdades de género, la situación migratoria y demás aspectos tendientes a avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades. Al respecto, resulta fundamental asumir la necesidad de un debate real sobre las desigualdades estructurales de ingreso, permanencia, cobertura y protección de los derechos laborales y de la seguridad social que impactan en la plena inserción de mujeres, jóvenes, la viudez y de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo.

Hará falta mucha negociación y más y mejor lucha

En esencia, lo que en esta etapa reclamamos es el cumplimiento a cabalidad de las promesas de campaña electoral y del programa de gobierno del FA, por lo cual en el diálogo no debería ser descabellado imaginar que la delegación de los trabajadores, la del FA y la de los designados por el Poder Ejecutivo se pusieran de acuerdo (salvo en la derogación explícita de las AFAP, que seguimos reivindicando).

Podemos contar con nuestras fuerzas y las de todo el campo popular organizado (y también con las fuerzas de quienes sienten resquemores hacia nuestras organizaciones, pero se verán beneficiados con lo que proponemos). No será tarea sencilla. Pero en verdad, si bien miramos, las grandes movilizaciones que yo estimo que necesitamos no serán otra cosa que apoyar nuestros reclamos de soluciones y, muy especialmente, aquellas planteadas por todo el FA que las votó por unanimidad en su último congreso.

Es decir, si hiciéramos las cosas bien, Fernando Pereira debería ser uno de los primeros en acompañarnos en nuestras futuras salidas a la calle (evitando así errores que ya fueron autocriticados en la fuerza política, como, por ejemplo, el alejamiento de las organizaciones sociales y de los reclamos populares como causas de la derrota de 2019).

Si, como lo dijera en su discurso el 26 de marzo, los militantes y dirigentes del FA no tienen “derecho a fallar”, es razonable y coherente exigir que los gobernantes electos bajo el enorme paraguas de la fuerza política tampoco lo tengan. Si así fuera, más de un trabajador o trabajadora podrían sacarse su selfi al lado de Fernando rodeando el Poder Ejecutivo o el Legislativo como en los viejos tiempos. ¿O estoy soñando despierto?

Adolfo Bertoni fue presidente de ATSS.