A pocos meses del comienzo de un nuevo gobierno en Uruguay, la ciudadanía percibe agendas imprevistas, otras improvisadas, las promovidas en campaña electoral, las inevitables y, en definitiva, la agenda posible. Se destacaron temas vinculados al Instituto Nacional de Colonización (INC), a la Biblioteca Nacional, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), a la representación diplomática del país en destinos diversos, y en los próximos días será tema de discusión el Presupuesto nacional.

La compra de la estancia María Dolores por parte del INC disparó un debate que no se trató solamente de un aspecto económico, sino de legalidad, oportunidad y conveniencia. Se puede interpretar que el espíritu de gran parte de la oposición no fue atacar a la institución en cuestión ni a sus fines; los pedidos de informes en el ámbito parlamentario persiguieron motivos vinculados a la transparencia, la equidad y la legalidad en la compra de tierras para familias colonas en el corazón de la cuenca lechera, con recursos del Estado.

Es imprescindible, además de priorizar los aspectos formales, visualizar la oportunidad de incorporar al debate la variable agua. Forma parte de las realidades sustantivas que hacen a la vida cotidiana de la familia rural, determinante para su arraigo y para su trabajo en procesos productivos vinculados a la tierra. Transitada una emergencia agropecuaria por déficit hídrico, la más importante en la historia agropecuaria del país, quienes trabajan de manera directa en la producción agroalimentaria siguen sin poder regularizar por razones de costos la existencia de pozos semisurgentes, y obviamente tienen enormes dificultades para acceder a la realización de nuevos.

El acceso al agua por parte de la familia rural, en particular en el caso de la agricultura familiar, hoy es una limitante que debería estar en la agenda y en la implementación de las políticas públicas descentralizadas, en particular las agropecuarias. La intensidad con que se reclamaron renuncias a cargos políticos debería mantenerse para reclamar recursos económicos y financieros y aportar alternativas para que la familia colona en particular y la rural en general puedan acceder a fuentes de agua como insumo para la producción y la vida en el medio rural.

En tanto, respecto del cierre temporal de la Biblioteca Nacional, los argumentos esgrimidos por su actual directora generan preocupación, reflexión e incertidumbre. La oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la caótica situación de la emblemática institución no fue, al parecer, oportuna ni en tiempo ni en las formas. Todo proyecto superador y posible requiere la participación de los diversos ámbitos de la sociedad; en este caso, hay sectores que están directamente afectados y deberían formar parte de las soluciones. Ese proceso, desde lo simbólico, resulta alentador; desde lo sustantivo, es una oportunidad de agenda y de fortalecimiento de la calidad democrática indispensable para los desafíos que la actual globalización, con la herramienta de la digitalización como ejemplo, nos impone y nos obliga.

El debate parlamentario sobre el salvataje de la CJPPU forma parte de la agenda inevitable, en la que el Poder Ejecutivo juega un rol fundamental y no tiene margen para improvisar. La tentación irresistible de transferir responsabilidades entre el directorio de la caja, sus beneficiarios, el Estado y los gobiernos de turno también forma parte de las formas y del sentido de la oportunidad que define el problema en la agenda nacional. Parte importante de la sociedad está conformada por profesionales universitarios que representan diversas realidades y, por ende, existen diversas soluciones a su presente laboral y futuro retiro jubilatorio.

La oportunidad de una agenda consensuada, que promueva y reivindique el valor de las mejores formas, en particular en el debate político y en el intercambio de ideas, es necesaria.

Sin entrar en el análisis del proyecto de ley que hoy se encuentra en el Senado de la República, el tema disparó valoraciones de todo tipo. Quizás las más ruidosas tienen que ver con los prejuicios que sectores de la sociedad tienen para con los profesionales universitarios de todo el país, incluyendo a actores políticos, referentes partidarios, sindicales y de la sociedad civil organizada.

Hay un relato instalado en el imaginario colectivo que dista mucho de “mi hijo el doctor”, como resultado de una clase social privilegiada y que expresa un desconocimiento extremo del esfuerzo, el sacrificio y la convicción de quienes estudian una carrera terciaria, en particular de carácter público, en este tiempo del país. Quizás hay una mirada predominantemente citadina, que diluye y desmerece el valor que tiene, en términos absolutos, que jóvenes del “interior” tengan la oportunidad de acceder a la Universidad de la República, aún centralizada en Montevideo. Quizás también sea oportuno dimensionar cómo los profesionales universitarios aportan al fortalecimiento de la matriz social con sus conocimientos, con compromiso social, con vocación de servicio, con el valor del trabajo y con devolución intelectual a la comunidad como insumo y parte del acuerdo del contrato social que garantiza equidad, igualdad de oportunidades y derechos. Deben formar parte, sin dudas, del diálogo social que se promueva.

Por último, las designaciones para las representaciones diplomáticas en el exterior de nuestro país provocaron, en la agenda del gobierno y los partidos políticos, silencios aturdidores y voces que cuestionaron formas y contenidos. Para integrantes del gobierno, legisladores/as oficialistas y militantes, las candidaturas de Carolina Ache y Beatriz Argimón, en particular, generan desconcierto y muchas preguntas. Para las orgánicas partidarias de los partidos de la oposición, también. El valor de las formas parece resultar más significativo que las propuestas en sí mismas; el sentido de la oportunidad para hacerlas, también.

Y cuando se hace referencia a las formas, es relevante el análisis de las críticas por parte de algunos actores políticos; se puede inferir que no son meras críticas a compañeras de partido basadas en la descalificación, sino descripciones propias, proyectadas, incontenidas y que poco le aportan al debate, a la agenda y a la jerarquización de la política. A buen entendedor, pocas palabras.

Es posible que el tema diplomático no haya cuajado en la población porque no forma parte de sus problemas cotidianos; seguramente el tratamiento parlamentario de un nuevo presupuesto nacional genere más interés y expectativas en la sociedad. Los recursos son finitos y necesitamos que se distribuyan de manera equitativa y con profunda sensibilidad y justicia social. Mientras tanto, hay alcaldes denunciados por explotación sexual y personas que viven en la indigencia, en situación de calle, con extrema desprotección, que fallecen.

La oportunidad de una agenda consensuada, que promueva y reivindique el valor de las mejores formas, en particular en el debate político y en el intercambio de ideas, es necesaria. Al mismo tiempo, resulta impostergable conectar con la sociedad, en cuanto a sus demandas cotidianas, reales y colectivas, mediante una agenda posible que represente los valores republicanos que identifican al Uruguay y nos dignifican a todos/as.

Andrea Maddalena fue prosecretaria nacional de Políticas de Género del Partido Colorado (2010-2020) y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (2010-2020). Fue directora de Descentralización de Inmujeres (2021-2023).