En las discusiones sobre cómo encarar la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (CJPPU) ha surgido una propuesta que no integraba el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sino que surgió de la Intergremial, integrada por muchos de los colegios e instituciones de profesionales y pasivos que han decidido trabajar para recuperar la CJPPU, no limitándose solamente a la crisis actual.

Una de sus propuestas refiere a los timbres, para que estos se ajusten por el índice medio de salarios (IMS) y que se recupere el descalce producido entre los timbres y los salarios en los pasados 20 años, desde la ley de 2004. Otra medida refiere al aumento de los activos transfiriendo a la caja una parte de lo que aportan al Banco de Previsión Social (BPS) actualmente los afiliados de la caja declarados no activos en la CJPPU, y que el BPS transfiere a las AFAP. Con esto pasarán a ser activos de la caja. En esta nota me centraré en la primera propuesta, que ya planteé también en una nota de la diaria y en las comisiones especiales de Diputados y de Senadores.

El sustento de esta medida es una investigación que hizo la Asociación de Profesionales Universitarios afiliados a la CJPPU que demuestra que el aumento de los timbres determinados por la Ley 17.738, basado en la variación del índice de precios al consumo, fue 70% menor que el aumento de las pasividades en 20 años transcurridos. Las pasividades aumentan, por decisión del plebiscito de 1989, por la variación del IMS. El denominado descalce se explica porque los salarios (y los egresos de la caja) crecieron mucho más que los precios (y el segundo principal ingreso de la caja, los timbres), y esto determinó que la caja perdiera ingresos por 500 millones de dólares. Esta cifra se aproxima al déficit de unos diez años, por lo que se puede afirmar que si no se hubiera producido, los balances de la caja no serían deficitarios, sino que tendrían un elevado superávit y se habrían acumulado importantes reservas.

La propuesta es que los timbres se ajusten por el IMS y se agregue un porcentaje durante el tiempo que se decida (si los aumentos son mayores, se alcanza el equilibrio en un tiempo menor), por lo menos mientras se mantengan los resultados deficitarios. Una vez logrado el equilibrio, probablemente no se necesitarían nuevos aportes de Rentas Generales, que en lo inmediato son imprescindibles por la magnitud a la que llegó la crisis y por no haber encarado medidas correctivas en los años anteriores, pese a existir múltiples señales y estudios que lo pronosticaron (en lo que tienen responsabilidad todos los directorios y el propio Poder Ejecutivo, que siempre designó dos integrantes).

La Cámara de Diputados aprobó que los timbres se ajusten por el IMS y no por la semisuma de salarios y precios, como establecía el proyecto de ley del Ejecutivo. La semisuma aumentaba el descalce existente, aunque en un ritmo menor. Quedó pendiente y se derivó al Senado la segunda parte de la propuesta de la Intergremial, que es la reducción paulatina del descalce del 70%, que es lo que efectivamente permitiría reducir el déficit. De hecho, este tema es uno de los que se debaten actualmente.

En este contexto, en una entrevista a uno de los redactores de la ley de 2004 –que, como se dijo, provocó el descalce–, este afirmó que la mayoría de los timbres provenían de la salud, por lo que un aumento en los timbres la encarecería y la pagaría todo el pueblo, e hizo mención a los pobres. Me centraré en esta afirmación, de la que se hicieron eco algunos parlamentarios. Es decir, analizaré quién paga los timbres de la salud.

Lo que la Caja Profesional dejó de percibir por el descalce, con la reducción relativa de los timbres, no incidió en la atención de las personas pobres de ninguna forma.

Para contestar esa pregunta es necesario comprender los componentes del sistema de salud en Uruguay. Existen tres partes con lógicas muy diferentes. En primer lugar, la salud pública en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); en segundo lugar, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) o mutualistas; en tercer lugar, los sistemas parciales de salud y los seguros médicos. Y se podría agregar las consultas a profesionales independientes por parte de quienes, además de los médicos de las instituciones a las que están afiliados, quieren tener otra opinión especializada, por lo que contratan una consulta privada. No se integra aquí a quienes deciden atenderse en instituciones extranjeras, lo que obviamente no está prohibido y que obedece a respetables opciones personales, al tiempo que requiere ingresos considerables.

La principal institución médica en Uruguay es ASSE, que en enero de 2024 tenía 1.478.516 afiliados que representaban el 43% de la población del país. La particularidad de ASSE es que es gratuita en todo el proceso de salud, es decir, las consultas, las órdenes y los medicamentos. Esto determina que sus afiliados tampoco pagan timbres.

Todas las otras opciones de atención de la salud tienen costos de afiliación, de los medicamentos y de muchos de los estudios que se realizan en la institución o se contratan en laboratorios privados externos.

La opción que cada hogar decida para la salud, como para todas las otras necesidades, tendrá como referencia su nivel de ingresos. Según la nueva metodología de cálculo de la pobreza, los pobres en Uruguay en 2024 son el 17%. Un hogar de una persona se considera pobre si sus ingresos son menores a 18.620 pesos; si fuera de dos personas, sería de 33.718; y de tres personas, 47.809.

Por otra parte, los ingresos promedio de los hogares del primer quintil de la población, es decir, el 20% más pobre, es 27.700, y del segundo, 49.755. Tenemos que considerar que la línea de pobreza medida por los ingresos considera solamente los ingresos básicos imprescindibles.

Comparando los niveles de ingreso de los hogares y las líneas de pobreza, puede afirmarse que todos los pobres son menos que los afiliados a ASSE. Considerando que la línea de pobreza mide los costos de las necesidades básicas, alimentación, salud, vivienda, abrigo, es razonable pensar que la mayoría de los pobres están afiliados a ASSE. Puede ser que alguno elija un sistema de salud más costoso como los no públicos, pero es difícil que sea un porcentaje elevado, sobre todo considerando que la salud pública, más allá de las denuncias recibidas en años recientes, ha mejorado notoriamente.

Asimismo, podría deducirse que quienes pueden costearse mayores gastos en salud son los quintiles siguientes de población, cuyos ingresos son para el tercer quintil 71.149 pesos, para el cuarto algo más de 100.000 pesos, y para el quinto, más de 200.000. La población con estos ingresos puede costearse un mayor gasto en salud y como parte de este el pago de timbres, que sin duda no son el mayor componente del gasto total.

Es decir, puede afirmarse que la amplia mayoría de las personas pobres en Uruguay se atiende en ASSE y no paga timbres. Un aumento de estos no les afecta. Y en contrapartida puede afirmarse que quienes probablemente no se atienden en ASSE y eligen un sistema más oneroso son quienes los pagarán. Pero no debe olvidarse que este hecho se fundamenta en una decisión previa que es elegir una institución de salud más cara que la pública. Decisión respetable, dentro de la cual los timbres no son el componente principal.

Una consideración que se deriva de lo anterior es que lo que la CJPPU dejó de percibir por el descalce, con la reducción relativa de los timbres, no incidió en la atención de las personas pobres de ninguna forma y sí redujo los costes de salud que tuvo la población de ingresos medio altos y altos. ¿Es una política equitativa desequilibrar la CJPPU y reducir sus pasividades, para reducir los costos de salud de quienes decidieron legítimamente asignarle a la salud un gasto mayor? Y quizá debiéramos agregar la necesidad de estudiar las eliminaciones de los timbres en sectores y actividades concretas. Todo lo cual, sin duda, requiere un estudio en profundidad, imposible de hacer en el tiempo que se espera que se apruebe la ley.

Juan Manuel Rodríguez es economista, investigador y docente de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. Es asesor de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.