La idea de que la pequeña minoría con mayor patrimonio aumente su contribución tributaria está causando debates muy interesantes, que van mucho más allá del nivel técnico y señalan tensiones políticas e ideológicas. Sería muy saludable procesarlas con seriedad.

Los gobiernos de países poderosos han asumido que deben exigirle una mayor contribución impositiva a quienes acumularon enormes fortunas en forma acelerada y eluden sus obligaciones. Está en marcha la implementación de normas fiscales internacionales para las empresas, que Uruguay aplicará. También avanza la propuesta de un impuesto mundial a las personas ultrarricas. En su promoción se ha destacado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero no se trata de una campaña izquierdista. El gobierno italiano, encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni, duplicó el año pasado el impuesto a las rentas generadas fuera de ese país por personas que trasladaron su residencia fiscal a Italia.

Zohran Mamdani, el joven candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, propone un 2% adicional de impuesto a las ganancias personales anuales por encima de un millón de dólares. El ultrarrico Bill Ackman instó a sus pares a mudarse de la ciudad si Mamdani gana y cumple su promesa. La recurrida advertencia de que “el capital es cobarde” y huye de la presión fiscal se plantea también en la pequeña escala uruguaya, y la solución obvia son las normas globales.

Más desparejo que excesivo

La movida internacional determinó que la idea de aumentar el gravamen a los mayores patrimonios se planteara en nuestro país. El tema había estado presente en la elaboración del programa del Frente Amplio (FA) para la última campaña electoral. El 1º de mayo de este año, el PIT-CNT propuso un impuesto del 1% al 1% más rico de la población, con destino a las políticas contra la pobreza infantil. Han recorrido varios medios de comunicación especialistas como Gustavo Viñales y Mauricio de Rosa, que tienen mucho trabajo en la materia.

En el debate previo al balotaje del año pasado, Álvaro Delgado afirmó que si Yamandú Orsi ganaba, iba a subir los impuestos, y el actual presidente replicó que no iba a hacer eso. Está muy instalada la idea de que la presión tributaria uruguaya ya es muy alta y la sociedad no resistiría su incremento, pero como dijo ayer el economista Fernando Isabella en la diaria Radio, esa presión es mayor que el promedio en América Latina, pero bastante menor que en Argentina y Brasil, y mucho menor que en los países desarrollados.

“No es que tengamos exceso de impuestos”, explicó Isabella, sino que “tenemos muchos impuestos que gravan a algunos sectores sociales y no tantos que gravan a otros”.

Viñales, en su trabajo “Aportes para un debate tributario (in)existente”, lo detalla con claridad: el sistema tributario uruguayo grava “en mayor medida al factor trabajo que al factor capital, a las pequeñas empresas más que a algunas grandes multinacionales, a los bienes físicos más que a los intangibles, al consumo más que a las rentas y el patrimonio y, en esencia, a los sectores medios más que a los ricos”.

Tributación y desazón

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, prefiere encarar los objetivos de redistribución mediante el gasto público (directo o por renuncias fiscales), manteniendo a los impuestos cerca de la neutralidad y priorizando la búsqueda del crecimiento económico, para que la recaudación crezca sin variar las tasas. Su posición tiene amplio respaldo, tanto en estudios académicos como en experiencias de gobierno, y es muy probable que en términos estratégicos resulten más eficaces para redistribuir otras herramientas, como el diseño de un IVA personalizado. Además, sabemos que cualquier modificación del actual sistema tributario requiere lograr una mayoría que el FA no tiene en la Cámara de Representantes.

De todos modos, si bien la reforma en el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue un gran avance, quedan grandes asuntos pendientes. Por mencionar sólo dos, recordemos que casi la mitad de la recaudación proviene del IVA, mucho más pesado para la gente pobre que para la rica, y que el precio de los combustibles se debe en gran medida al Imesi, también regresivo. En ambos casos, ningún gobierno ha querido correr el riesgo de buscar alternativas a una recaudación fácil y cuantiosa.

Por otra parte, el FA quiere potenciar un gran número de políticas públicas, para responder a otros tantos problemas sociales relevantes. La aceleración del crecimiento es deseable, pero no segura, especialmente en la actual coyuntura internacional, y tampoco es sencillo aumentar rápidamente la eficiencia del gasto.

A la discusión técnica, cuya amplificación actual en los medios es muy positiva, se suman otras. En parte del electorado frenteamplista hay un malestar emparentado con la expectativa de gestos y decisiones distintas, que se ha expresado en diversos reclamos. Es proverbial la relación entre el 10% de los icebergs que vemos sobre la superficie y el 90% sumergido. En este caso, se discute apenas el 1%.