Las bases programáticas del Frente Amplio 2025-2030 señalan como objetivo: “Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. Se propone como objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a un IVA personalizado”.

Formamos parte de un continente muy desigual. No escapamos a esa realidad aunque no seamos los peores de la clase (depende en parte de la zona del país que analicemos). Usar todos los instrumentos para reducir al máximo la desigualdad no sólo es un mandato ético. Si aspiramos a que haya desarrollo humano sustentable, hay también un mandato económico y social. Imposible generar un compromiso social y desplegar todas las energías de la sociedad cuando unos muy pocos gozan de enormes privilegios, y otros muchos son vulnerables, en primer lugar por su situación de pobreza extrema.

Uno de esos instrumentos, no el único, es el sistema tributario. Lejos de ser neutro o un tema técnico, está lleno de ideología. Se relaciona con cómo se concibe el mundo y la pretensión de una sociedad de iguales, lo que creemos justo o injusto, si es bueno y aceptable que haya miles de niños pobres pertenecientes a hogares pobres. Se propone bajar la desigualdad y la pobreza poniendo el acento en gravar a los que acumulan más riqueza y detentan más poder.

Para disminuir la desigualdad y la pobreza (dos caras de una misma moneda), existen las políticas públicas tomadas desde el Estado para causar el efecto buscado. No todo el sistema político y las estructuras del poder económico piensan lo mismo. Algunos, inclusive pobres, imbuidos de un sentido común conservador, piensan que “la pobreza siempre existió y existirá y que el esfuerzo personal es lo que puede sacarnos de ella. No debe gravarse al que se rompió el lomo trabajando y los pobres son los vagos de siempre”. Otros arguyen que hay que crecer y desarrollarse, apoyados en los dueños del capital, y que, cuando produzcan mucho, mucho, habrá un derrame hacia abajo. No existe evidencia de tal tipo. Más bien lo contrario.

La propuesta del movimiento sindical y social

La propuesta realizada por el PIT-CNT en el acto del 1° de Mayo fue una propuesta tributaria, luego fue recogida por varios partidos y sectores integrantes del FA, y también ha sido abordada por muchos académicos y economistas de la joven guardia. Poco a poco la discusión se fue instalando en los medios de prensa. A veces con muchos sesgos, pero el tema -el problema, mejor dicho- está instalado.

Como todo problema, sólo se puede resolver si está bien planteado. Hay un conjunto de preguntas e interrogantes que se nos imponen para plantearlo bien. La propuesta se resume en gravar al 1% más rico de la población (aquellos que cuentan con una riqueza superior al millón de dólares) con un 1% de impuesto, con lo cual se recaudaría 1% del PIB (casi 800 millones de dólares) que podría ser usado para atender la pobreza infantil y adolescente.

Hay algunas preguntas que necesitamos formularnos. ¿Quiénes son ese 1% de la población de nuestro país? ¿Son empresas o personas? ¿Por qué un 1%? ¿Cómo se identifican esas personas? ¿Cómo y cuándo se cobraría ese impuesto? ¿Cuánto es el 1% del producto y cómo se llegó a estimarlo?

Hay otras preguntas de tipo político que debemos contestarnos. ¿Qué legitimidad tiene realizar esta propuesta? ¿Redistribuir la riqueza? ¿Cómo se procesa el debate dentro de nuestro FA para que haya consenso, sobre la base de nuestro programa y de la diversidad de enfoques respecto a este tema (este es un tema relevante, teniendo en cuenta la experiencia de plebiscitos anteriores)? ¿El objetivo es reducir la pobreza o la desigualdad? ¿Es correcto llamarlo impuesto? ¿No sería mejor plantear la creación de un fondo, a semejanza del Fondo Coronavirus? ¿Existen otras personas y/o empresas igualmente ricas que podrían colaborar con esta recaudación solidaria? ¿Sería un fondo con tiempo a término? ¿Dónde se invertirían esos fondos? ¿Cómo se controlaría el destino de los fondos? El Fondo Coronavirus ¿puede ser un modelo a imitar?

Abrir el debate es hacer luz en el camino. Es un debate ciudadano. Debe ser amplio, abierto, sin tabúes, sin exclusiones. Nadie debería cerrarse, ni a favor ni en contra, a participar de este debate. Menos en la izquierda, teniendo en cuenta que todos los debates nos ayudan a crecer y que hay una concepción en nuestras Bases Programáticas que desbroza el camino. No solo es ideológico, sino político en el sentido de cuáles son las bases del desarrollo humano sustentable.

No deberíamos tampoco evitar la discusión sobre la necesidad de una segunda etapa de reformas impositivas (guiados por el programa del FA) que nos permita mejorar el sistema impositivo en general: por ejemplo, revisar el IVA, considerado uno de los impuestos más desiguales. Recordemos que el IVA es un impuesto de recaudación rápida, pero no mide la capacidad contributiva de la población; se aplica a todos por igual y afecta sin duda más a los hogares pobres que utilizan todos sus ingresos para el consumo (y es ese consumo el que está gravado con IVA).

Pero también hay que mirar el impuesto mínimo a las multinacionales, IRPF, el Impuesto al Patrimonio, a las herencias. Tenemos problemas de gestión en este campo, pero además tenemos necesidad de recaudar.

Usar todos los instrumentos para reducir al máximo la desigualdad no sólo es un mandato ético. Si aspiramos a que haya desarrollo humano sustentable hay también un mandato económico y social.

El aporte de los economistas y la academia

La propuesta en Uruguay (ya que el tema es motivo de debate en el mundo) la planteó el economista Mauricio de Rosa, de la Universidad de la República, junto con otros académicos. Luego de la pandemia, han estudiado; la desigualdad se incrementó. Somos un país que crece poco y ese crecimiento se concentra en los grupos de mayor ingreso. La pobreza ha bajado muy poquito, pero la desigualdad se ha incrementado producto de esa concentración en los sectores de mayores ingresos. La pobreza tiene un efecto que se llama “trampa de pobreza”: es mucho más fácil caer en la pobreza que salir de ella.

Estos académicos han estudiado y explicado (a partir de los debates en el G20 sobre los superricos) que hay multimillonarios en el mundo, entre los que se encuentran dos uruguayos y un residente. Según el ranking global de Forbes 2024, sólo dos uruguayos figuran en esa lista: Sergio Fogel y Andrés Bzurovski Bay, fundadores de la fintech dLocal, con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares cada uno. Además, aparece Alejandro Bulgheroni en el puesto 751 del ranking 2025, con una fortuna superior a los mil millones, aunque nació en Argentina y figura como uruguayo por estar radicado en Maldonado.

Según el Informe Global sobre la Riqueza 2024 elaborado por el banco suizo UBS, en Uruguay hay 17.675 (según otros cálculos, la cifra treparía a 25.000 personas) con una riqueza neta superior a un millón de dólares. Esto representa un crecimiento del 2,2% respecto al año anterior, con 363 nuevos millonarios incorporados en 2024.

Algunos datos adicionales del informe:

  • Uruguay ocupa el puesto 49 en el ranking mundial de cantidad de millonarios.
  • El patrimonio promedio por adulto en el país es de US$ 89.304, uno de los más altos de América Latina.
  • La mediana de riqueza por adulto es de US$ 36.339, lo que indica una distribución desigual.
  • El 1% más rico de la población tiene el 40% del patrimonio total, mientras la mitad más pobre tiene patrimonio negativo.
  • No parecería ser que a los millonarios, un 1% les afecte sus economías.
  • En Brasil la propuesta es del 2 % y ya se está instrumentando. En Nueva Zelanda, también.

Sobre el argumento de que un gravamen así podría afectar la inversión

La evidencia publicada en revistas de economía de los últimos cinco años (aclaremos que son revistas auditadas y no cualquiera puede publicar en ellas) muestra que el efecto es mixto. Un impuesto redistributivo a veces puede generar un efecto negativo sobre la inversión y las fuentes de empleo que, en general, es modesto. Y a veces incluso es positivo.

Como vemos, el diseño también tiene su importancia. Lo que claramente no es cierto es que una acción redistributiva rompa la economía. La evidencia refiere no sólo a estudios, sino a países donde esto se ha aplicado y a los organismos que también plantean acciones similares. Así lo han planteado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que no parecen ser del extremismo radical de izquierda. El FMI dijo que los países avanzados podrían utilizar los impuestos a la propiedad, la renta y la herencia para contar con más recursos para reducir las desigualdades profundizadas por la pandemia. En 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo se preguntaba en una nota publicada en el sitio de la División de Gestión Fiscal del organismo: “¿Puede un impuesto a la riqueza reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe?”.

Lo peor que puede suceder es que nos cerremos en prejuicios (en el sentido literal, juicio previo) y no en evidencia. Como dijimos al principio, esto tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos. ¿Qué es justicia social y desarrollo? No con cuestiones técnicas. Por cierto, la política a aplicar tiene que ser una batería de medidas; ninguna por sí sola resuelve el desafío de crear crecimiento y redistribuir, crecer y abatir la desigualdad atacando la pobreza.

Abogamos por una discusión amplia, fraterna, dentro del FA y con las organizaciones sociales, por contestarnos fraternalmente y con evidencia algunas de las preguntas que dejamos planteadas.

Cristina Becoña es profesora de Historia e integrante del Colectivo El Taller. Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Es integrante del Colectivo El Taller.