Después de la alerta roja: la atención de la población “sin hogar” más allá de la emergencia

Temperaturas extremadamente bajas obligan a los gobiernos de turno –año tras año– a desplegar los dispositivos de acogida a los miles de personas en situación de calle. Aun cuando la evidencia da cuenta de un problema más allá del techo, las respuestas estatales se restringen a las medidas de contención y salvaguarda de las vidas (lo cual es, obviamente, esencial), sin generar, más allá de ensayos acotados, un proceso de reivindicación de la dignidad de los “sin hogar”. Precisamente este es el problema central: la situación de los miles de jóvenes, adultos y adultos mayores que son expulsados a la intemperie en todo el sentido de la palabra y carecen de un hogar (no sólo del techo); colocados en los márgenes de la convivencia social, desechados por ser productivamente “innecesarios” o molestos en razón de sus desvíos conductuales acorde a lo esperado como el comportamiento normal.

De lo anterior se deduce la importancia de construir una política social integral –adaptada a los destinatarios– para el “día después”, con la finalidad de fortalecer y restituir sus derechos ciudadanos. La complejidad de esta situación nos indica que no es una población homogénea, sino que presenta diversas características que permiten identificar al menos cuatro perfiles relativamente similares y, en consonancia, cuatro modalidades de intervención social.

a) Personas que viven y vivirán –presumiblemente– a la intemperie o en refugios por el resto de sus vidas, dado su nivel de exclusión social. Para superar tal situación de vulnerabilidad extrema se necesitan cambios estructurales en la sociedad uruguaya, los que, obviamente, no sucederán en el corto o mediano plazo. En este caso la propuesta es mantener operativos los refugios nocturnos y los centros de 24 horas con bajos niveles de exigencia o nulos requisitos de ingreso y permanencia, a partir de una reconceptualización del refugio-hogar. Esta proposición se basa en el entendido de que es la población más excluida y con escasas oportunidades y recursos para salir de la situación de calle. Es imprescindible que el Estado, mediante programas permanentes, intervenga para crear una red de contención y acompañamiento sostenida sin plazo. El Estado es el que debe articular los vínculos relacionales y materiales que este grupo no posee, a fin de restituir los derechos ciudadanos, operando como sustituto de la red de contención que ellos por sí solos no pueden construir.

b) Apoyos específicos para personas que viven en situación de calle que trabajan, pero perciben bajos ingresos. Nos referimos a aquellos trabajadores informales que perciben ingresos diarios producto de actividades muy precarias (vendedores en ferias vecinales, cuidacoches, etcétera) y cuyos ingresos les permiten a veces cubrir una solución habitacional (pensión o similar), pero cuando no logran los montos requeridos son desalojados y transitan la situación de calle. Para este conjunto de personas proponemos reforzar y expandir el dispositivo “bono habitacional” que complemente el ingreso mensual. Dicha transferencia debería ser equivalente a un salario mínimo nacional y estar focalizada –preferentemente, pero no exclusivamente– en las personas solas o en parejas sin hijos.

c) Hogares comunitarios, específicamente destinados a mujeres jefas de hogar con hijos con imposibilidad de acceder a una vivienda en ninguna de las opciones. Dadas sus particularidades (cuidado de niños, niñas y/o adolescentes), un refugio no puede sustituir la vivienda de forma permanente y la red vincular de sostén es casi inexistente. Para este grupo se sugiere la asignación de un número significativamente mayor de casas colectivas o comunitarias (para alojar entre diez y 15 personas), considerando la experiencia piloto surgida del convenio con el colectivo Ni Todo está Perdido (Nitep), asociación que agrupa a un conjunto de las personas en situación de calle. Esta propuesta requiere la intervención de las intendencias y ministerios para que cedan casas que les pertenecen (comodatos u otras formas similares). La existencia de miles de casas o apartamentos vacíos o abandonados es de larga data (diez y más años, y no sólo en el área metropolitana) y permitirá seleccionar, según el stock disponible y en convenio con los gobiernos departamentales, aquellas unidades aptas o habitables a corto o medio plazo.

d) Hogares transitorios o semidefinitivos. Para otro conjunto de personas sin hogar, la integración a un hogar de tipo comunitario (en cupos similares al anterior) sería una opción transitoria y, en otros casos, definitiva. Se propone que los integrantes de los grupos puedan contribuir a la recuperación edilicia con trabajo voluntario, en la medida en que serán los futuros usufructuarios de las viviendas recicladas o recuperadas para uso residencial. El logro de una convivencia adecuada implica que las casas comunitarias sean cogestionadas por quienes viven en ella con acompañamiento de personas propuestas por Nitep y equipos técnicos multidisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Las unidades recuperadas serán de propiedad social y, por lo tanto, no serán en modo alguno enajenables. Lo anterior nos remite a la lógica del afincamiento de medio plazo, tendiendo hacia soluciones definitivas en muchos casos.

Esencialmente, se pretende modificar radicalmente la lógica de atención de las personas en situación de calle que reviste un carácter emergencial desde hace más de dos décadas. Muchos de los ciudadanos y ciudadanas que viven en condiciones extremas de desprotección no tendrán opciones de superación por su propia cuenta, por lo que se trata de brindar soluciones definitivas para quienes no tienen alojamiento alternativo. Proveer alojamiento definitivo parte del reconocimiento de un historial acumulado de exclusión, lo que no supone la provisión de viviendas para todos, sino para quienes no dispongan de otras salidas.

Es importante reconocer la heterogeneidad e identificar la diversidad de necesidades: jóvenes de más de 18 años, hombres egresados de establecimientos penitenciarios y hombres de madura edad que ya no pueden ingresar al mercado de trabajo, ya sea por su edad o por la pérdida de cualificaciones, mujeres jefas de hogar víctimas de violencia de género, jóvenes con adicciones, problemas de salud mental y severa dependencia de sustancias psicoactivas. Todas y todos son esencialmente titulares de derechos, pero imposibilitados de ejercerlos plenamente, y es impostergable que el Estado y la sociedad asuman solidariamente su compromiso de superación.

Christian Adel Mirza es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Las propuestas de abordaje señaladas fueron elaboradas en 2024 por un conjunto multidisciplinario de profesionales (mayoritariamente del Mides) y en consulta con expertos de la Universidad de la República y de organismos internacionales.