Disputar el sentido común: educación, ideología y poder

Cuando en las discusiones sobre políticas educativas uno de los interlocutores advierte que la “cuestión ideológica” interrumpe el sano intercambio de ideas, en ese preciso instante el debate político se desarticula y, en consecuencia, suele reducirse a un llano intercambio sobre didáctica, eficiencia y productividad. El resultado final: la invisibilización de las relaciones de poder que giran en torno a la educación pública y la validación de las estructuras económicas, sociales y políticas que reposan sobre la ideología hegemónica y que inciden en lo educativo.

La creciente tendencia a diluir la dimensión política en estos debates comienza a configurarse como una cuestión de sentido común. A continuación, se propone una mirada para observar este fenómeno a través de un breve repaso por el devenir de la ideología en el sistema educativo público.

El tabú de la ideología

Si indagamos en la historia reciente, el tabú de la ideología se impuso con represión brutal en nuestra región durante el terrorismo de Estado. Luego, en tiempos de recuperación democrática, la diatriba contra la ideología continuó dando batalla, pero en el campo de las ideas, con el soporte teórico del filósofo del neoliberalismo global Francis Fukuyama. Si bien su hipótesis sobre el “fin de la historia” –y de las ideologías– fue prontamente refutada por importantes filósofos de talla, como el deconstructivista Jacques Derrida, esa concepción proliferó en el ámbito de la táctica política.

En el presente su influencia se observa abiertamente en expresiones neoliberales, pero también ha ganado espacios en sectores del progresismo. El politólogo Gerardo Caetano, en su análisis de la oratoria de asunción del presidente de la República, puso de relieve la falta de referencias ideológicas en ese discurso y sostuvo que, si bien “las hubo, fueron muy vagas”. La opacidad de su posicionamiento ideológico también se vio reflejada en el ámbito educativo, en la reiterada idea de “no tener un espíritu refundacional”. Bajo ese pretexto, a pesar de lo establecido en su programa de gobierno, se justificó la continuidad de documentos políticos pedagógicos implantados por la derecha.

Aliviar y continuar versus cuestionar y transformar

Estas contradicciones se evidenciaron, particularmente, en la decisión de mantener vigente el Marco Curricular Nacional 2022, impuesto a fuerza de políticas represivas como persecución antisindical, eliminación de los consejos desconcentrados, vigilancia a trabajadores/as, despliegues policiales contra estudiantes, censura gremial, indiferencia ante las producciones teóricas de las Asambleas Técnico Docentes y clausura del diálogo y negociación con docentes y estudiantes.

Ese retroceso –con reminiscencias dictatoriales– fue tal, que la reciente recuperación de un derecho fundamental como el de la libertad de cátedra mereció ser celebrado, así como el clima de respeto y diálogo que comienza a respirarse en distintos espacios del sistema educativo, a pesar de los coletazos de una cultura institucional vertical, que en algunos lugares cuesta desinstalar.

El ámbito de la negociación colectiva ha sido clave para concretar avances en la descosificación y humanización de la tarea docente, pero corre el riesgo de ser utilizado como espacio de “gestión del conflicto”, en el que únicamente se resuelvan cuestiones de forma sin afectar a las de fondo. Si se prescinde de un proceso de participación real, organizado y planificado, el gerenciamiento del conflicto puede transformarse en un instrumento para, simplemente, aliviar y continuar.

En ese sentido, vale contextualizar a las y los lectores que no siguen de cerca la agenda educativa que el mencionado documento Marco Curricular Nacional, que desde el Poder Ejecutivo se decidió mantener, es el marco teórico ideológico que sustenta la política educativa liberal conservadora, que impulsó el think tank Eduy 21 en 2018 y materializó la coalición multicolor en 2022.

Consecuencias del eclipse ideológico

Este lento y progresivo eclipsamiento ideológico pretende silenciar a quienes tienen una postura crítica hacia las políticas educativas neoliberales y afecta directamente al colectivo docente, que ya se ha expresado en ese sentido en las Asambleas Técnico Docentes. El silenciamiento suele imponerse desde los sectores más conservadores con descalificativos como “dogmáticos” y “autoritarios”, pero también desde otros espacios, que lo interpretan como un acto de ingenuidad colaboracionista: “hacerle el juego” a la derecha.

Esta encerrona ideológica ha facilitado la preparación de una extensa alfombra roja para la entrada de “expertos” en el aparato gubernamental, alineados con las políticas económicas y educativas articuladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para nuestra región. Estos actores gozan de prestigio técnico y se muestran imparciales y, aunque tienen escasa experiencia en las aulas del sistema educativo público, tienen la voz privilegiada de outsiders ideológicos. Esa posición evadida de las tensiones político-educativas contribuye a una imagen de perfectos asesores.

Podría compararse el perfil de estas figuras expertas con el arquetipo de hacker que retrata el ensayista argentino Michel Nivea en su libro Ciencia ficción capitalista: cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo: “La más fuerte comunión ideológica entre hippies y yuppies emanó del odio rabioso contra el Estado y su intervención en las libertades individuales y empresariales... el hacker, un intrépido forajido que, debido a su talento individual, su capacidad emprendedora y su pericia en el manejo de la tecnología, logra evadir la presencia corrupta del Estado en el desarrollo de sus negocios”.

En el ámbito educativo, este fenómeno se refleja con la participación público-privada en la elaboración de políticas educativas, que ya había sido inaugurada en el período del gobierno anterior con el protagonismo del think tank Eduy 21 en la conducción de la educación pública. Por la vía de los hechos, fue el instrumento que sustituyó la asesoría pedagógica de las Asambleas Técnico Docentes.

Su operativa se instrumentó a partir de diagnósticos basados en evidencias construidas por sus propios conglomerados privados, que actúan bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las soluciones que se buscaron imponer en su mayoría respondieron a una lógica privatizadora de la educación pública.

Un ejemplo concreto fue el convenio firmado en 2022 por la ANEP con la Fundación Familia Fogel. La fundación tiene en su directorio al fundador de Eduy 21, el reconocido exsocio de la consultora de negocios multinacionales CPA Ferrere Bruno Gili. La propuesta de estos privados opera en alianza con el Liceo Alternativo de la Costa, Santa Elena, Elbio Fernández, Edu School, Preuniversitario San Felipe y con Enseña Uruguay, así como con Anima y Mi Profe en Casa. Su página web advierte que “la mitad de los jóvenes uruguayos no termina el bachillerato y la Fundación Familia Fogel – 3F surge para contribuir a cambiar esta realidad en la educación pública”.

Eduy 21 se disolvió en 2022. A fines de 2023, en plena campaña rumbo a la nueva etapa progresista, su fundador abrió junto con Gabriel Oddone, también exsocio de CPA Ferrere, un nuevo grupo de expertos llamado Ágora. Esta vez, con la capitalización de la experiencia de Eduy 21, introdujo nuevos ámbitos de la política pública en su agenda, mantuvo a los principales integrantes del grupo anterior e incorporó una larga fila de colaboradores privados y particulares.

Ideología en cápsulas recubiertas de neutralidad

El sentido común suele manifestarse como una verdad indiscutible, de modo que logra ocultar el contenido ideológico que esa “verdad” encapsula. Una de las formas que ha encontrado la ideología neoliberal de sesgar la pluralidad y el debate democrático ha sido a través de la difusión de un conjunto de ideas que, distribuidas como cápsulas recubiertas de neutralidad ideológica, se difunden en medios masivos de comunicación.

Un claro ejemplo de la disputa por la subjetividad social en el ámbito educativo y comunicacional fue la prolongada difusión de las ideas fuerza “crisis de la educación” y, posteriormente, “transformación educativa”. Mediante esa articulación discursiva, y sin un debate democrático, Eduy 21 fue instalando la urgente necesidad de hacer algo rápido con la educación pública. Este mecanismo persuasivo, propio del lenguaje publicitario, contó con la colaboración explícita de los diarios El País y El Observador y el programa de televisión En la mira para establecer su agenda y construir la demanda social. Además, numerosos medios contribuyeron de manera indirecta, funcionando como caja de resonancia del discurso impulsado por el mencionado tridente.

El mismo grupo de “expertos” de Eduy 21, ahora aglutinado en el think tank Ágora, y que en la actualidad forma parte de los cuadros técnicos y asesores del Poder Ejecutivo, trabaja en la continuidad de políticas construidas por el proyecto político ideológico neoliberal.

Las nuevas ideas fuerza que han empezado a sonar en este período vienen cargadas de optimismo eficientista: “revisión educativa”, “consenso” e “innovación”, entre otras. A propósito del “consenso”, cabe destacar la lectura del artículo “La plaza sitiada: Ágora y Eduy 21, hegemonía y domesticación de conflictos”.

Con relación a la innovación, en las bases del programa del gobierno actual –página 26– se establece que “es importante propiciar un amplio debate democrático sobre la dirección hacia la cual debe ir la innovación”. No obstante, por la vía de los hechos, la idea de “innovación” viene siendo la punta de lanza discursiva en diversos ámbitos de la política pública, pero principalmente en el de la ciencia y la tecnología.

Nuevamente, el exconsultor del Banco Mundial y del BID, el agorista Bruno Gili, también responsable de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Poder Ejecutivo, ha apretado el acelerador en ese sentido: a un mes de iniciado el gobierno presentó el programa Uruguay Innova, “una iniciativa que busca reorganizar y coordinar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”. Su discurso, que de forma tautológica fundamenta la “innovación” en distintas áreas, merece un análisis profundo respecto del papel del aparato público estatal como plataforma de negocios para empresas privadas y multinacionales.

Este señalamiento toma relevancia a la luz del reciente mensaje presupuestal que le disputa a la educación pública un reclamo histórico: el presupuesto para la ciencia y la investigación. La propuesta del ministro de Economía y Finanzas de redireccionar ese presupuesto a la mencionada secretaría y al programa Uruguay Innova priva a la educación pública de autonomía y fondos para el desarrollo de conocimiento científico y habilita al mercado a establecer sus propios criterios de rentabilidad para la investigación.

“Nadie se salva solo”: del sentido común al sentido colectivo

La disputa ideológica por el sentido de la educación pública está minada por una subjetividad tecnocrática y neoliberal que, a medida que gana terreno, abre más frentes en espacios nodales de poder en el ámbito público. Nadie está a salvo de caer en la redada semántica de la gestión del aprendizaje y de la gobernanza gerencial.

La seductora narrativa que celebra la neutralidad y el consenso, y frunce el ceño ante ideas como conflicto, resistencia y disputa, obliga a activar un pensamiento crítico que tenga presente la perspectiva histórica. Las recientes reflexiones de la reconocida pedagoga Adriana Puiggrós son un faro para pensar estos temas, desde una mirada continental que cuestione la acción pedagógica: “Han sido muy pocos en la historia latinoamericana del siglo XX los que les han pegado a los núcleos de reproducción de la ideología dominante. Son muy pocos y no me cabe duda de que uno es Freire, que creo que toca algo importantísimo para la teoría pedagógica y para el pensar la educación desde dentro: pensarla no sólo como la gran política, sino como la política de todos los días adentro de la escuela”.

La cuota de autocrítica que asume su retrospectiva dista mucho de las descalificaciones tecnocráticas analizadas en este artículo, e invita a revisar el pasado reciente con atención, para no repetir los mismos errores.

Luego de 15 años de libre mercado y del estallido social que se expresó en las urnas en 2004, en una atmósfera revolucionaria de esperanza por iniciar un proceso transformador, nadie dudaba ni escondía su ideología. A casi 20 años del Primer Congreso Nacional de Educación Julio Castro, muchos aprendizajes valiosos palpitan en la memoria colectiva, y valdría la pena rescatar algunos de ellos en esta coyuntura inaugural de una nueva etapa progresista. Por un lado, la potencia del intelectual colectivo, que habita en la participación popular; por otro, el costo político de socavar las construcciones colectivas.

Sobre lo segundo, el gobierno anterior supo tomar nota y capitalizó la desilusión, radicalizando el vaciamiento de los espacios de participación. No obstante, sobre lo primero, el programa de gobierno actual fue contundente: “La educación tiene que ser construida colectivamente con la indispensable participación social y de todos los actores de la comunidad educativa, teniendo como propósito la emancipación de las personas”.

El violento empuje de las ultraderechas en nuestros países vecinos resignifica el tono de la irónica frase evocada por el profesor Mark Fisher en su libro Realismo capitalista: ¿no hay alternativa?: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo”. Sin prospectivas reales de transformación estructural, la política de “aliviar y continuar” representa un campo arado para la ideología conservadora que, cuando retorna, no duda en radicalizarse.

El ámbito político educativo se presenta como un escenario de oportunidad para “cuestionar y transformar”, el único modo de construir renovadas esperanzas colectivas hacia nuevas formas de concebir las democracias en nuestra región. La buena intención no es suficiente para disputar el poder de la educación, también hace falta coraje e imaginaciones creadoras que den a luz a nuevos “sentidos colectivos”, no sólo para disputar la carga ideológica del “sentido común”, también para construir esperanzas que hagan carne en la realidad concreta de las infancias y las adolescencias. Las narrativas colectivas sólo se construyen con participación. Nadie se salva solo.

Gonzalo Irigoyen es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de audiovisual en DGETP-UTU e integrante del equipo del consejero electo por los docentes, Julián Mazzoni, en el Codicen.